Liberan a periodistas venezolanos detenidos en Miraflores

Los periodistas Ana Rodríguez y Maiker Yriarte, junto a sus colegas chilenos Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona de 24 Horas TVN, fueron detenidos arbitrariamente en el Palacio de Miraflores el 29 de enero alrededor de las 9:30 pm. y permanecieron incomunicados hasta la liberación de los venezolanos a las 8:00 am del 30 de enero. A pesar de la presencia de representantes de la embajada chilena en el lugar, los periodistas extranjeros permanecen detenidos a las 9:50 am.

Ana Rodríguez, reportera de Venezolanos por la Información (VPITV), narró que la noche del 29 de enero hacían un recorrido por el centro de la ciudad con los colegas chilenos cuando, a una cuadra del Palacio de Miraflores vieron a un grupo de personas y se les acercaron en el vehículo para conversar con ellos, pues presumían que iban a la vigilia en apoyo a Maduro.

Al detener el vehículo fuera de la zona de seguridad, empezaron a conversar con el grupo de personas cuando se les acercaron dos individuos vestidos de civiles quienes de manera agresiva les solicitaron documentos de identidad, información sobre lo que estaban haciendo y para quién trabajaban. Rodríguez explicó1 que los periodistas se negaron pues los funcionarios no estaban identificados y les exigieron saber quiénes eran y las razones por las cuales les tenían que entregar sus documentos.

Seguidamente los funcionarios les informaron “ustedes quedan detenidos, dejen el carro a un lado” mientras seguían preguntando agresivamente para quién trabajaban. La periodista de VPITV se negó a entregar sus documentos y los del vehículo pero al saber que eran periodistas los funcionarios les bajaron del vehículo y solicitaron sus credenciales de prensa: “nos dijeron: ‘por favor acompáñennos porque no pueden estar acá’”, y los mantuvieron de pie hasta la 1:00 am. en un lugar apartado.

Este mismo miembro de inteligencia militar discutió con la reportera de VPI, cuando ésta le decía que le estaba violando sus derechos, y la mandó a callar. “Me haces el favor y me bajas la voz, te callas, sino quieres que amanezcamos acá, y aquí se hace lo que yo digo. Sino quieres que se ponga peor te callas”, de esta forma se dirigió el funcionario a Rodríguez agresivamente.

Según los oficiales fueron detenidos porque estaban dentro de “un perímetro que hay que resguardar, ustedes están violentando zonas de seguridad y no pueden estar aquí hasta que a mí me dé la gana”. Ante la violación de sus derechos Rodríguez recordó que no estaban dentro del perímetro ni violando ninguna ley, por lo que exigió que les devolvieran sus credenciales pero uno de los hombres la amenazó con dejarlos retenidos hasta que amaneciera si no dejaba de hablar.

Después de un tiempo “se nos acercó un capitán y nos informó que estaban chequeando las credenciales (…) y verificando cuál es la postura de los medios”. Al exigir el derecho a comunicarse, el capitán les comentó que “el reglamento de seguridad de Miraflores” no se lo permitía. Posteriormente los periodistas fueron llevados a la División de Inteligencia para entrevistarlos y «corroborar» la información.

Dentro del Palacio de Miraflores

Rodríguez narró que un superior se les acercó con la Constitución y dos reglamentos militares, y les empezó a hacer preguntas de manera irrespetuosa, amenazando “si sigues así ya vas a ver lo que te va a pasar” pues los periodistas seguían exigiendo sus derechos. Posteriormente les dio una charla insistiendo en que Maduro es el presidente y negando que estuvieran desaparecidos, alegando que era “un proceso cotidiano” y basándose en el reglamento de zonas de seguridad.

Le realizaron la entrevista de forma individual a cada uno, donde les preguntaron sus datos, qué hacían, desde cuándo se conocían. Según Rodríguez, duraban al menos una hora y luego que salían los separaban para que no conversaran.

Después que terminaron de hacerle preguntas a todos, les mostraron la entrevista impresa y un oficio que debían firmar, donde decía que no les habían violado sus derechos haciendo referencia al artículo 44 de la Constitución Nacional2. Los funcionarios obligaron a los periodistas a firmar el acta a pesar de no haber hecho los cambios pertinentes que exigieron. Tras firmar, los separaron de los periodistas chilenos y, antes de liberarlos, comentaron que los extranjeros serían llevados directamente a Migración.

Violan las leyes

La detención arbitraria de los cuatro periodistas ocurrió fuera del marco de la ley y violando el debido proceso. En primer lugar no violaron ningún perímetro de seguridad ni cometieron un delito para ser detenidos, justificar la privación de libertad en reglamentos internos de seguridad del Palacio de Miraflores para violar derechos constitucionales es ilegal. A Rodríguez, Yriarte, Pérez, y Barahona les negaron el derecho a comunicarse con un abogado y personas de confianza durante más de nueve horas, en el caso de los venezolanos, Rodriguez e Yriarte; y unas 11 horas respecto a los periodistas extranjeros. A los trabajadores de la prensa les fue violentado su derecho a la libertad de expresión, a la libertad personal, y les obligaron a firmar un acta forjada.

La detención arbitraria surge en un contexto de amplias restricciones a la libertad de expresión en Venezuela que incluyen la salida del aire de programas de discusión de noticias, medios que dieron cobertura a las manifestaciones del 23 de enero en contra de Maduro, presiones que insisten en que no se mencione a Juan Guaidó como Presidente Encargado en los medios de comunicación social, amenazas con sanciones administrativas, y a otro periodista chileno esta semana, también en las inmediaciones del Palacio de Miraflores. El canal chileno 24 Horas,  al que pertenecen Rodrigo Pérez y Gonzalo Barahona, fue sacado la semana pasada de la parrilla de programación de las cableoperadoras que operan en el país. 

La crisis política y económica demanda circulación de información de manera oportuna sobre lo que sucede en el país, la labor periodística no puede ser castigada, debe ser protegida para garantizar el debate informado y la toma de decisiones. La persecución a reporteros y medios de comunicación social viola leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos.

El derecho es extensivo a los corresponsales extranjeros, el Estado venezolano debe garantizarles el ejercicio pleno y efectivo de la libertad de expresión. Independientemente de las regulaciones que establezcan órganos locales como el MINCI para acreditar a medios extranjeros; los procesos, trámites y mecanismos no pueden tener por objeto ni resultado limitar arbitrariamente la acción de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…) ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Denuncia en Fiscalía

Espacio Público acompañó a Rodríguez e Yriarte a interponer la denuncia formal de lo ocurrido ante la Fiscalía el 31 de enero, un paso necesario para la exigencia de justicia frente a las violaciones de derechos que ocurrieron durante la detención.

Denuncia en Fiscalia de Maiker y Ana

Referencias   [ + ]

1. Ana Rodríguez, 30 de enero de 2019, en entrevista.
2. Artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: “La libertad personal es inviolable; en consecuencia: 1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso, será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso. La constitución de caución exigida por la ley para conceder la libertad de la persona detenida no causará impuesto alguno. 2. Toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, abogado o abogada, o persona de su confianza; y éstos o éstas, a su vez, tienen el derecho a ser informados o informadas sobre el lugar donde se encuentra la persona detenida; a ser notificados o notificadas inmediatamente de los motivos de la detención y a que dejen constancia escrita en el expediente sobre el estado físico y psíquico de la persona detenida, ya sea por sí mismos o por sí mismas, o con el auxilio de especialistas. La autoridad competente llevará un registro público de toda detención realizada, que comprenda la identidad de la persona detenida, lugar, hora, condiciones y funcionarios o funcionarias que la practicaron. Respecto a la detención de extranjeros o extranjeras se observará, además, la notificación consular prevista en los tratados internacionales sobre la materia. 3. La pena no puede trascender de la persona condenada. No habrá condenas a penas perpetuas o infamantes. Las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años. 4. Toda autoridad que ejecute medidas privativas de la libertad estará obligada a identificarse. 5. Ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de excarcelación por la autoridad competente, o una vez cumplida la pena impuesta”

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