Ley Resorte restringe la libertad de expresión en internet y medios electrónicos

La iniciativa de Cuadro comparartivo Ley Resorte , introducida por el gobierno nacional es un instrumento regresivo que contraviene el contenido y alcance del derecho a la libertad de expresión conforme lo consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y el derecho internacional de los Derechos Humanos. Se realiza sin que se adelante el proceso que corresponde a toda ley y que en nuestro país implica que se desarrollen los mecanismos de participación popular que permitan el debate a todos los sectores de la sociedad venezolana.

Espacio Público ofrece la principales críticas a la reforma de la Ley para su debate:

  • Ley que atropella el debate en su propio proceso de aprobación y discusión. No se respetan los lapsos que permitan la participación y debate de la sociedad en las consideraciones para la elaboración de las leyes.
  • Redacción vaga e imprecisa que facilita la arbitrariedad y discrecionalidad de los funcionarios encargados de aplicar la ley.
  • Cualquiera puede ser sancionado dada la generalidad de los tipos señalados
  • Sanciones agravadas que alimentan la inhibición y la autocensura. Se aplican multas  del 10 % de los ingresos brutos de año anterior y/o suspensión del servicio por 72 horas continuas.
  • Se aplican sanciones a los contenidos aunque ya existen penas en el código penal para los mismos delitos.  Por ejemplo en el caso de las ofensas para los funcionarios.
  • Orientada a la protección de los funcionarios, no contempla ninguna protección el caso que las personas o ciudadanos sean atropellados en los medios de comunicación por funcionarios públicos.
  • Limita seriamente la difusión de ideas, el debate y el pluralismo tan necesarios en una sociedad democrática. Especialmente el referido a los funcionarios que desempeñan funciones en los poderes públicos.
  • Prohibiciones absolutas que exceden las legítimamente admitidas en el derecho internacional de los derechos humanos
  • Obligan a los proveedores de servicio de internet a desarrollar mecanismos de censura que se aplicarían basados en una  resolución administrativa.
  • Imposibilidad técnica de restringir algunos contenidos. Se aplicarían de modo indiscriminado. Si un grupo en alguna red social resulta sancionado se aplicarían la prohibición al conjunto del sitio web que la aloja.
  • Reduce el escrutinio público de los poderes públicos y su desempeño, al abrir la posibilidad de considerar este tipo de expresiones como “irrespetuosas”.

 

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