Carlos Osorio logra que una juez censure información sobre denuncias de corrupción

Juez censura información sobre denuncias de corrupción contra Carlos Osorio

El 28 de junio de 2016 el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Bancario del estado Carabobo, a cargo de la juez provisoria Omaira Escalona,  dictó una medida cautelar innominada en favor del ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano en razón del juicio que se encuentra abierto por daño moral ocasionado por los ciudadanos Carlos Humberto Tablante Hidalgo, Ismael García y Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti.

Dicha medida cautelar prohíbe a los diputados mencionados continuar con “la publicación, declaración y difusión de artículos difamantes e injuriosos especialmente a través de la página web CUENTAS CLARAS y en demás redes sociales, tales como twitter, Facebook y otros; y en todos los medios de comunicación masiva públicos o privados que circulen a nivel nacional, regional o municipal, radioeléctricos o televisivos, a que se abstengan de publicar o difundir noticias y mensajes vilipendiosos, en cuanto a cualquier señalamiento que atente contra el honor, decoro y reputación del ciudadano Carlos Alberto Osorio Zambrano .”

Esta medida cautelar constituye una censura previa a los diputados mencionados al violentar el artículo 57 de la Constitución según el cual toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones mediante cualquier medio que considere adecuadoAdicionalmente, este artículo en su último apartado prohíbe la censura a funcionarios públicos para dar cuenta de los asuntos bajo sus responsabilidades. Los diputados Ismael Garcia y Carlos Eduardo Berrizbeitia Giliberti forman parte de la comisión de Contraloría de la actual Asamblea Nacional, encargada de investigar y velar por la transparencia en el manejo de la recursos públicos.

El artículo 58 de la Constitución dispone que la comunicación es libre y plural, que toda persona tiene derecho a ser informado oportunamente y que el límite que existe en contra del agravia a una persona por información inexacta o agraviante es la réplica y la rectificación. La medida aprobada por la juez Escalona constituye una censura previa, cercena el derecho de la sociedad a ser informada acerca de temas de interés público, lo que contraviene el onceavo principio de la declaración de principios sobre la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual establece que los funcionarios públicos están sujetos a un escrutinio más riguroso por parte de la sociedad por la naturaleza de sus cargos.

El artículo 199 de la Constitución establece que los diputados de la AN no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones y que sólo responderán ante los electores y el cuerpo legislativo. Es importante que los diputados tengan libertad de informar y opinar sobre las diversas esferas de la política y la sociedad en el cumplimiento de su labor parlamentaria.

Por último el artículo 201 de la Constitución establece que los diputados son representantes del pueblo y de los estados en su conjunto, no sujetos a mandatos e instrucciones.

Esta decisión es un grave precedente que reitera un patrón de censura previa contrario al contenido de la Constitución Nacional y los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos. Decisiones de este tipo contribuyen con la opacidad y por tanto alientan la impunidad ante los casos de corrupción.

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En el pretendido conflicto entre el presunto daño moral y el derecho a la libertad de expresión debe prevalecer el debate de los temas de interés público. Las denuncias de corrupción constituyen un claro ejemplo de las informaciones que no deben censurarse. El mejor modo de reparar el presunto daño moral es que las autoridades actúen con diligencia y establezcan la inocencia o culpabilidad de los acusados o denunciados.

La omisión de información aumenta la desconfianza de la sociedad hacia la gestión pública y por tanto alienta la sospecha de un acto de corrupción que se pretende dejar impune. La juez provisoria Omaira Escalona se suma a la lista de operadores judiciales que actúan contra los estándares de protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución.

 

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