Internet confinado

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Situación general del derecho a la libertad de expresión e información en línea durante la cuarentena

El aislamiento físico, como medida principal para evitar la propagación del COVID-19 en plena pandemia, conllevó al cambio de hábitos y la adopción de prácticas remotas en línea para mantener dinámicas laborales, en los casos que aplique el trabajo a distancia, y aumentó el uso de internet para fines de entretenimiento. En consecuencia, el consumo de internet aumentó en pocas semanas lo equivalente a un año; ello exige a extremos críticos la capacidad de las operadoras para satisfacer la demanda. Esto ocurre con una infraestructura de telecomunicaciones que tiene años desactualizada, así el escenario actual de consumo pone en mayor riesgo la conectividad y el acceso a la conectividad. 

En un contexto político restrictivo para la libertad de expresión, que incluye al esfera de internet, y donde la mayor operadora que ofrece internet a la población es una empresa estatal, en un país que carece de institucionalidad democrática, las limitaciones al derecho a la libre expresión adquieren nuevas dimensiones. Como una ventana abierta a medias antes de la pandemia, el espacio para las libertades en línea se reduce más en Venezuela, cuando en el mundo internet redimensiona su protagonismo y en algunas partes se toman medidas para elevar su alcance.

En diez semanas de cuarentena (16 de marzo al 31 de mayo) hemos registrado 54 casos 1 que implican 114 denuncias de violaciones a la libertad de expresión en línea; especificadas a continuación. 

Violaciones a libertad de expresión e información en línea durante la cuarentena en Venezuela
Cuadro 1. Violaciones a la libertad de expresión en internet por tipo

Estas categorías comprenden tres grandes patrones: fallas estructurales y de conectividad, relacionado con apagones eléctricos y caídas de la conexión; bloqueos, ataques o suspensiones de sitios web; y hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias por la difusión de informaciones u opiniones en línea.

En el marco de la pandemia, los expertos de Naciones Unidas señalaron la importancia de preservar el acceso a internet en la coyuntura en el marco del derecho a la libertad de expresión e información. Detallaron que los gobiernos deben evitar bloqueos, y en los casos en que se restrinja el acceso, los Estados deben priorizar la restitución del servicio de forma inmediata, y lo más amplio posible. Reiteraron que ante la vital importancia de la información, no se puede justificar la imposición de medidas restrictivas al acceso a internet, ni siquiera por motivos de orden público o seguridad nacional. Sin embargo, los escenarios locales distan mucho de las garantías mínimas en materia de derechos humanos también en línea.

Fallas estructurales, fallas en línea

Las fallas eléctricas imposibilitan el acceso a internet
Foto de Luis Morillo

Al menos cinco fallas masivas, que supone varios estados del país en forma simultánea, se registraron en el territorio nacional. Estos eventos incluyen bajas eléctricas que reducen la conectividad en línea. El sistema de energía eléctrica tiene limitaciones estructurales, con afectaciones graves desde el año 2010, en 2019 se tradujo en un conjunto de apagones masivos a nivel nacional, con aumentos de las frecuencias de las fallas en varias regiones del país. Una encuesta del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, en las siete ciudades de mayor población en el país arrojó que el 54% de los personas tenía apagones todos los días, y un 24% los padecía varias veces en 24 horas 2

El 20 de marzo la caída eléctrica afectó a los estados Miranda, Vargas, Distrito Capital, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Portuguesa; de acuerdo a VE sin Filtro, la conectividad descendió entre el 55 y 82%. El 26 de marzo la falla se registró en Mérida, Zulia y Táchira 3. Para el 5 de abril, tras un incendio en las instalaciones de la Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones (CANTV), hubo dificultades para acceder a internet desde la operadora pública, en especial en los estados Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, Falcón, Lara y Zulia 4. Los estados Aragua, Apure, Guárico y Cojedes se vieron afectados por fallas de la CANTV el 18 de abril 5; para el 5 de mayo otra falla en el sistema eléctrico nacional que alcanzó a 19 estados del país dejó sin conexión a un 60% de los usuarios de internet a nivel nacional 6.

Sin acceso a la información en línea

Al menos diecisiete sitios web fueron bloqueados 7, la mayoría vinculados a la difusión de información sobre la pandemia de la COVID-19, el resto incluyó plataformas de contenidos, sitios web de noticias y una página de iniciativa social.

El 18 de marzo fue bloqueado mediante filtrado de nombres de servidor (filtrado SNI) el sitio coronavirusvenezuela.info de acuerdo al reporte de Ve sin Filtro. El 16 de abril, CANTV y la operadora privada Movistar aplicaron bloqueos DNS, la primera al sitio pvenezuela.com y el segundo impidió el acceso a la página teleconsulta.presidenciave.org. El 22 de abril CANTV bloqueó nuevamente el dominio vepresidencia.com que ofrece información vinculada al COVID-19. En total unos once dominios derivados de esta iniciativa sobre la pandemia fueron bloqueados tanto por la operadora pública como por los proveedores privados de internet: Movistar, Digitel, Inter y Supercable 8.

El derecho a buscar información en línea es limitado mediante distintas formas de bloqueo a portales web
Lista de sitios bloqueados entre el 16 de marzo y el 31 de mayo

 

El 1 de abril se registró el bloqueo del portal de noticias AlbertoNews, por parte de la operadora pública nacional CANTV. VE sin Filtro detalló que la estatal aplicó un bloqueo del sistema de nombres de dominio (DNS) y filtrado SNI; mientras que las operadoras privadas Movistar, Digitel y Supercable bloquearon solo a través de DNS. 

El 21 de abril, el observatorio de internet Netblocks confirmó el bloqueo de la plataforma de videos YouTube y servicios adicionales (Bing, Google Translate y Android) tras la publicación de las grabaciones de la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. También se confirmó la existencia de interrupciones con filtrado SNI.

El 26 de abril, VE sin Filtro identificó la clonación de la página web heroesdesaludve.info promovida por la AN para ofrecer apoyo económico a los trabajadores de salud; a través de la práctica conocida como “phishing”, los usuarios que ingresaban al sitio por la operadora CANTV eran redireccionados a otro sitio web parecido bajo engaño para obtener los datos personales solicitados en el registro. El 29 de abril, la organización venezolana anunció la suspensión del sitio web falso por parte del proveedor del hosting.   Según la empresa de seguridad digital Kaspersky, para el primer trimestre de 2020, el 20,53% de los usuarios fue víctima de un intento de ataque vía «phishing» 9

El 14 de mayo el portal web del diario Última Hora de Portuguesa salió del aire. Miguel Villavicencio, director del medio, denunció que Conatel suspendió al proveedor de dominio de la página web del diario por el incumplimiento en el aumento de las tarifas, sin que se les permitiera ponerse día con el aumento 10. Tras seis días, el sitio web fue restituido. El diario contaba con una versión impresa que dejó de circular en 2018 por escasez de papel prensa.

El 15 de mayo, la empresa pública CANTV y la operadora privada Inter, bloquearon el acceso al sitio informativo Runrun.es a través de un restricción por DNS 11. A través del mismo mecanismo, el portal de la ONG Caracas Mi Convive fue bloqueado por varias operadoras: Cantv, Movistar, Digitel, Inter y Supercable 12.

Criminalización de la denuncia

Persecusión por publicar ideas o informción en canales privados de comunicación
Meme que circula en WhatsApp y que da cuenta de la censura y autocensura

Respecto a la situación de Venezuela, relatores especiales del Sistema Universal de Derechos Humanos (ONU) expresaron preocupación por el efecto disuasorio que pueden tener las represalias hacia trabajadores de la salud y comunicadores que usan las plataformas en línea para ofrecer información de interés para la población; esto frente al aumento de la estigmatización y ataques hacia defensores y ciudadanos desde la declaratoria del estado de alarma en el país.

Ataques y falsas acusaciones

El 29 de marzo, las organizaciones de derechos humanos Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (AVESA); el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), y Promedehum, sufrieron ataques informáticos en sus respectivas cuentas de Twitter, quedando fuera de línea de forma temporal. 

El sitio web de la ONG Acceso a la Justicia fue suspendido de forma temporal tras denuncias hechas hacia su servicio de hospedaje (GoDaddy) de supuesta violación de la propiedad intelectual, a través de la creación de publicaciones en otras páginas y el uso de identidades falsas. Las denuncias fueron contra análisis de sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), documentos de interés público. 

Esta práctica tiene antecedentes. La ONG recibió una primera notificación en diciembre de 2019. Los denunciantes hicieron una publicación en un blog, que utilizaron como referencia para la acusación ante el servicio de alojamiento. Este contenido está fechado un día antes de que el TSJ publicara el texto, y fue enviado bajo un nombre falso. Además, la publicación hecha por los denunciantes contiene un texto que la organización utiliza constantemente en sus publicaciones: “Comentario de Acceso a la Justicia”, lo que evidencia que copiaron la información de la página web de la organización y la publicaron con fecha previa a fin de solicitar la suspensión del sitio web.

La segunda denuncia fue el 30 de marzo de 2020, bajo el nombre de una diputada canadiense cuya dirección y teléfono en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, corresponde con un centro comercial. Al respecto, Acceso a la Justicia comentó: “su denuncia está presentada en portugués y en su señalamiento menciona una sentencia que el sitio web vlexvenezuela replicó de la página del TSJ y no alguna que Acceso a la Justicia haya analizado. Ello significa que la sentencia supuestamente plagiada por la ONG no es la misma que la que esta página contiene: son de fechas distintas, con sujetos y temas diferentes, y la de este último sitio no se encuentra en la página de Acceso a la Justicia” 13

El 4 de mayo, desde la página web de “Con el Mazo Dando”, un programa pro gubernamental transmitido por el canal del Estado, se acusó a la organización no gubernamental PROVEA de ser financiada por agencias de inteligencia norteamericana. En la publicación citan un tweet de la ONG y aseguran que esta «reivindica la incursión mercenaria en el país», en referencia los hechos ocurridos en Macuto, estado Vargas, días antes. Horas más tarde, Nicolás Maduro hostigó a la organización y los acusó de «darle cobertura a los terroristas», y aseguró que son financiados por la CIA.

Privaciones ilegítimas de libertad

Entre las obligaciones positivas de los Estados a fin de generar un entorno propicio para buscar, recibir e impartir ideas e información están: proteger de forma adecuada la privacidad y los datos personales; y asegurar que las leyes sobre difamación sean solo de índole civil y no penal 14.

 Las prácticas vigentes en Venezuela son claramente contrarias a las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos. El gobierno venezolano usa los números telefónicos para identificar a las personas por los mensajes que emiten, de manera que la difusión de contenidos a través de las plataformas afiliadas a datos personales supone un potencial riesgo a partir de la amenaza de espacios que gravitan entre lo público y lo privado. Asimismo el uso de figuras penales no solo se mantiene sino que se reinventa mediante la aplicación de instrumentos para judicializar el discurso crítico también en línea, ahora bajo los denominados delitos de odio, lejos de cumplir con el test tripartito de legalidad, proporcionalidad y necesidad que se exige ante toda iniciativa que busque regular la expresión.

Al menos 26 personas fueron detenidas en los últimos dos meses, en general por difundir mensajes en línea críticos al gobierno o que cuestiona a autoridades públicas, sea en el contexto de las acciones por la pandemia o en general informaciones u opiniones vinculadas a altos/as funcionarios/as y su círculo cercano.  

La mayoría de las personas detenidas son ciudadanos/as que no se dedican profesionalmente a la comunicación, pero que usan las plataformas en línea para emitir opiniones, reportar hechos o compartir ideas; entre ellos docentes, abogados e ingenieros; estos suman el 52% (13). Le siguen periodistas/reporteros con seis casos, trabajadores de la salud con cuatro casos, trabajadores y ex trabajadores públicos (empresas básicas y del Estado) con tres detenciones. 

Las privaciones ilegítimas de libertad por expresión en línea se han incrementado de forma progresiva en los últimos años a partir del uso masivo de las plataformas de internet como mecanismo de expresión e información. Frente a un ecosistema de medios reducido que abrió paso a la web como medio de intercambio informativo, también, y gracias a ese potencial, elevó los riesgos para la comunicación libre mediante el aumento de las restricciones y la represión.

Detenciones por la publicación de información e ideas en línea durante la cuarentena en Venezuela
Gráfico 1. Detenciones por medio de difusión, del 16/03 al 31/05 de 2020

 

Del total de personas detenidas por difusión en redes o plataformas en línea, con o sin proceso judicial, el 34% (9) corresponde a Whatsapp; cuatro fueron privadas de libertad por publicar en Facebook (15%); tres en Instagram y dos en Twitter; una por sitio web o otro sin identificar. Seis personas difundieron en varias plataformas de forma simultánea.

En el registro se suma un patrón emergente en estos dos meses de pandemia: la persecución por contenidos difundidos a través de WhatsApp, es decir, una plataforma de mensajería que no es de carácter público en sentido estricto. La publicación de estados con imágenes o mensajes críticos hacia autoridades, posibles prácticas de corrupción o la información que cuestiona versiones oficiales, han sido sido motivos de detención e inicio de procesos penales. Solo por difusión desde esta plataforma, al menos en seis casos se imputaron delitos “de odio”:

Darelis Corales 15 fue detenida el 27 de marzo tras el allanamiento de su vivienda en Araure, estado Portuguesa por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Esto ocurrió tras haberle enviado un mensaje de texto vía Whatsapp a Debora Menicucci, esposa de Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Corales fue presentada en tribunales por delitos de odio.

El 1ero de abril, Elio Mendoza 16, trabajador de la Planta de Pellas en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), en el estado Bolívar, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Familiares denunciaron que Mendoza se encontraba en su día libre y recibió una llamada del gerente de planta para solicitarle apoyo con una guardia nocturna por una avería. En realidad el motivo de la llamada era falso y lo detuvieron por el reenvío de un mensaje en cadena a través de WhatsApp. El mensaje involucra al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno. Le imputaron los delitos de incitación al odio y difamación al presidente del TSJ.

El 3 de abril, Tania Rodríguez 17, ex trabajadora de Sidor, fue privada de libertad por funcionarios de la Comisión Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) en su residencia en el estado Bolívar. La razón fue el reenvío de un mensaje por WhatsApp, Rodríguez consultó sobre la veracidad de la información que involucraba a Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro. Tania fue presentada en tribunales por el delito de “instigación al odio”, recibió medida privativa de libertad en arresto domiciliario.

El ginecólogo Luis Araya 18, médico adjunto del Hospital Pastor Oropeza Riera de Carora del estado Lara, fue detenido el 15 de abril, sin orden judicial, por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en su consultorio privado, por publicar una crítica a un representante del gobierno de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp. Posteriormente, Araya fue liberado bajo medida cautelar de presentación cada 30 días, luego de ser presentado en tribunales de Carora, estado Lara. Se le imputó el delito de instigación al odio

Darío Salcedo, sindicalista y trabajador de INSOPESCA, fue detenido el 5 de mayo tras realizar denuncias, a través de Twitter y Whatsapp contra las autoridades de dicha institución por incumplimiento de beneficios laborales. El 17 de abril, Salcedo publicó un mensaje en su cuenta Twitter citando un tuit publicado por otro usuario, en el que hizo mención crítica a Dante Rivas, actual ministro para la Pesca. Salcedo también envió un audio a través del servicio de mensajería Whastapp a Carmen Hinojosa, Directora de Recursos Humanos de INSOPESCA, rechazando el incremento del costo del paquete de alimentos ofrecido en la institución pública. De acuerdo a la organización Provea, funcionarios del CICPC allanaron sin orden judicial la vivienda de Salcedo en compañía del Fiscal Brayan Ayala, quien mostró una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 35 de Control del Área Metropolitana de Caracas 19. El 24 de mayo, el Tribunal 35° de Control ratificó la  privativa de libertad contra Darío Salcedo, justificó su decisión en el artículo 20 de la «ley contra el odio». Se ordenó la reclusión del trabajador en el «Centro de Procesados Judiciales 26 de Julio» en el estado Guárico, en el centro de país 20.

El 26 de mayo fue detenida Andreina Urdaneta 21, médico residente de Ginecología y Obstetricia del Hospital Adolfo D’Empaire del estado Zulia por la publicación de una imagen en contra de Nicolás Maduro en un estado de Whatsapp, a través de la cual denunció la falta de insumos médicos. El 27 de mayo fue presentada ante el Circuito Judicial Penal de Cabimas, donde se le dictó privación de libertad, por el presunto delito de incitación al odio

La opinión y la expresión no son judicializables bajo ningún concepto de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos.

La aplicación del derecho penal para condenar la crítica hacia funcionarios/as públicos constituye un abuso de poder al procurar proteger a las autoridades del cuestionamiento legítimo a través del manipulación de la institucionalidad. Esto pretende reducir la crítica en línea y fuera de ella, y monopolizar el discurso público con la versión oficial, mediante la inhibición de los diferentes actores que callan por temor a ser encarcelados o procesados penalmente.

Estos nuevos patrones de persecución por la expresión en línea, dirigidos a esquemas más privados respecto al acceso a datos personales que esto puede implicar, constituyen mecanismos de represalia orientados a la promoción de la autocensura, pero también revela el alcance de estas plataformas para la distribución de todo tipo de contenidos, incluida la información falsa. Esto da cuenta de la importancia de promover buenas prácticas tanto para la difusión y tratamiento de contenidos, como para fortalecer la protección y la seguridad en digital, a fin de reducir riesgos frente a terceros y al poder arbitrario. 

Marco teórico metodológico

El registro  de casos se realiza sobre la base de una matriz de eventos o casos en los cuales se incluyen las siguientes variables: área geográfica; sexo de las víctimas; tipo de víctima (periodistas, medios, audiencia); tipología según el área de trabajo (reporteros, columnistas, camarógrafos, etc.); y tipo de violación. Las informaciones de los distintos eventos o casos se contabilizaron a partir de las notas aparecidas en diarios de circulación nacional y regional, confirmadas con el testimonio de las víctimas y afectados, con el objeto de realizar un registro de fuentes directas. También se recogen datos de investigaciones realizadas por instituciones gremiales, académicas y de derechos humanos, de carácter nacional y/o internacional. 

A partir de los datos recogidos se crea una matriz que considera las variables que referimos anteriormente. Se realizó una depuración de los distintos eventos, así como el cruce de las distintas variables. Se ejecutaron los cálculos correspondientes, y ello derivó en las tablas y gráficos, junto a ejemplos de casos. En los eventos o casos se puede registrar la participación de varios agentes responsables e igualmente varias víctimas. De la misma forma en un caso pueden aparecer diversos tipos de víctimas: medios, periodistas, fotógrafos/as, infociudadanoas/as y varios tipos de violaciones.

Los tipos de violaciones referidas en el presente informe son las siguientes:

CENSURA: supresiones o prohibiciones oficiales, ediciones confiscadas, difusión restringida o impedida, despido de periodistas o programas suspendidos como resultado de presión política o de otro tipo, materiales confiscados o destruidos, retiro de la publicidad oficial o discriminación en su reparto, presión sobre los auspiciantes de un medio, visas negadas.

INTIMIDACIÓN: acceso a edificios o espacios públicos negado o limitado, libertad de desplazamiento impedida o restringida, inspecciones fuera de rutina, espionaje o seguimiento, personas detenidas sin orden judicial, amenaza de funcionarios de aplicar sanciones a través de algún organismo gubernamental, asalto a periodistas/reporteros durante el desempeño de sus tareas.

RESTRICCIÓN ADMINISTRATIVA: aprobación o aplicación de medidas administrativas restrictivas por parte del ejecutivo nacional, o diversas instancias del poder público (regional, municipal), que sean restrictivas para ejercer la libertad de expresión, el acceso a la información; que afecte y no regule de forma consensuada, y según estándares básicos en derechos humanos, el derecho a la privacidad en sus diferentes dimensiones así como el uso de datos personales. Esto incluye la imposición de medidas cautelares que se traducen en la prohibición de uso de redes sociales así como declaraciones a medios de comunicación, o de hablar públicamente sobre el caso que dio origen a la medida o temas de interés público en general. 

HOSTIGAMIENTO JUDICIAL: Amenazas de funcionarios o inicio de acciones judiciales contra personas o sitios, usuarios en línea, por difusión de información en la web. Demandas por daños y perjuicios, querellas o calumnias que buscan inhibir la difusión de hechos y opiniones críticas por medios digitales. Detenciones, sanciones civiles o penales, allanamientos sin orden judicial. 

AMENAZA: Advertencia de posible agresión por parte de funcionarios o terceros relacionados por acción u omisión con sectores estatales, contra una persona, sus familiares o a las propiedades, como disparos a sus bienes, amenazas que se expresan, además de la vía digital, por otros medios físicos, cartas, panfletos, mensajes.

HOSTIGAMIENTO VERBAL: Cuando funcionarios o terceros relacionados por acción u omisión con sectores estatales persiguen o molestan a otras por buscar, recibir o difundir información u opiniones de cualquier tipo.  Hostigamiento reiterado y constante, por algo dicho o manifestado, declaraciones destinadas a ubicar a comunicadores en el papel de adversarios políticos. 

línea, línea

Referencias   [ + ]

1. Se entiende por caso la situación o circunstancia en la que se ve vulnerado el derecho a la libertad de expresión, pudiendo registrarse una o varias tipos de violaciones por caso
2.Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, junio 2019. Mediciones del Servicio de Electricidad. Recuperado en http://www.observatoriovsp.org/electricidad/
3.Netblocks – (@netblocks), el 26 de marzo de 2020, en Twitter. Recuperado en https://twitter.com/netblocks/status/1243083700331577344
4.Espacio Público, 7 de abril de 2020. Incendio de la sede de Cantv en Chacao provoca fallas de Internet. Recuperado en http://espaciopublico.ong/incendio-de-la-sede-de-cantv-en-chacao-provoca-fallas-de-internet/
5.  Espacio Público, 20 de abril de 2020. Falla de Cantv deja nuevamente sin conexión a cuatro estados del país. Recuperado en http://espaciopublico.ong/falla-de-cantv-deja-nuevamente-sin-conexion-a-cuatro-estados-del-pais/
6. Espacio Público, 5 de mayo de 2020. Falla eléctrica deja afecta la conectividad de gran parte del país. Recuperado en http://espaciopublico.ong/falla-electrica-deja-afecta-la-conectividad-de-gran-parte-del-pais/
7.coronavirusvenezuela.info, pvenezuela.com, teleconsulta.presidenciave.org heroesdesaludve.info, apoyosaludve.com, heroesdesaludve.org, porlasaludve.com, medicos.presidenciave.or, presidenciave.com, presidenciave.org, vepresidencia.com, albertonews.com youtube.com, runrun.es, miconvive.com, robertopatino.com, instagram.com
8. Ve Sin Filtro, 18 de marzo de 2020. Bloquean sitio sobre coronavirus organizado por la AN y Juan Guaidó. Recuperado en https://vesinfiltro.com/noticias/bloqueado_portal_coronavirus_AN
9. Recuperado en https://www.elmundo.es/tecnologia/2020/06/04/5ed7bfd7fdddffc59b8b4622.html 
10. Espacio Público, 20 de mayo de 2020. Conatel deja fuera del aire el portal Última Hora de Portuguesa. Recuperado en http://espaciopublico.ong/conatel-deja-fuera-del-aire-el-portal-ultima-hora-de-portuguesa/
11.Espacio Público, 18 de mayo de 2020. Cantv e Inter bloquean el acceso al portal de noticias Runrun.es. Recuperado en http://espaciopublico.ong/cantv-e-inter-bloquean-el-acceso-al-portal-de-noticias-runrun-es/
12.Espacio Público, 19 de mayo de 2020. Bloquean la web de la ONG Caracas Mi Convive. Recuperado en http://espaciopublico.ong/bloquean-la-web-de-la-ong-caracas-mi-convive/
13.Espacio Público, 3 de abril de 2020. ONG Acceso a la Justicia sin sitio web por censura indirecta. Recuperado en http://espaciopublico.ong/ong-acceso-a-la-justicia-sin-sitio-web-por-censura-indirecta/ 

Acceso a la Justicia, 3 de abril de 2020. Con denuncias falsas pretenden censurar a Acceso a la Justicia. Recuperado el 03/04/2020 en https://www.facebook.com/notes/acceso-a-la-justicia/con-denuncias-falsas-pretenden-censurar-a-acceso-a-la-justicia/2944660985628385/

14.CIDH, 2018. Declaración conjunta sobre la independencia y diversidad de los medios de comunicación en la era digital. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1100&lID=2
15.El Pitazo, 5 de abril de 2020. Tribunal imputa a mujer que mandó mensaje a esposa de Maikel Moreno. Recuperado en https://elpitazo.net/los-llanos/imputan-delito-de-odio-a-mujer-que-mando-mensaje-a-esposa-de-maykel-moreno/
16.Correo del Caroní, 3 de abril de 2020. Privan de libertad a sidorista detenido arbitrariamente por reenviar un mensaje en WhatsApp. Recuperado https://www.correodelcaroni.com/laboral/4935-privan-de-libertad-a-sidorista-detenido-arbitrariamente-por-reenviar-un-mensaje-en-whatsapp
17.Correo del Caroní, 30 de abril de 2020. El “delito” de Tania Rodríguez: reenviar un mensaje y preguntar si era cierto. Recuperado en http://www.correodelcaroni.com/laboral/5154-el-delito-de-tania-rodriguez-reenviar-un-mensaje-y-preguntar-si-era-cierto
18.La Prensa de Lara, 16 de abril de 2020. Luego de 24 horas detenido liberan a médico en Carora. Recuperado en https://www.laprensalara.com.ve/nota/15128/2020/04/luego-de-24-horas-detenido-liberan-a-medico-de-carora
19.Provea, 23 de mayo de 2020. Provea exige la libertad inmediata del sindicalista Darío Salcedo. Recuperado en https://www.derechos.org.ve/actualidad/provea-exige-la-libertad-inmediata-del-sindicalista-dario-salcedo
20.Provea – (@_provea), el 24 de mayo de 2020, en Twitter. Recuperado en https://twitter.com/_Provea/status/1264640432656523268
21.El Informador, 31 de mayo de 2020. Doctora fue privada de libertad por colgar imagen en su Whatsapp contra Nicolás Maduro. Recuperado en https://www.elinformador.com.ve/sucesos/doctora-fue-privada-de-libertad-por-colgar-imagen-en-su-whatsapp-contra-nicolas-maduro/

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