Informe 2013: Situación del derecho a la libertad de expresión e información

Desde los tumultuosos sucesos del año 2002, que tan hondas repercusiones políticas, sociales y económicas han tenido para Venezuela a lo largo de la última década, Espacio Público tomó la tarea de hacer seguimiento pormenorizado y analítico de las afectaciones a la libertad de expresión, que a partir de entonces se fueron multiplicando y diversificando hasta abarcar prácticamente todas las modalidades posibles de vulnerar desde el Estado este derecho.

2002 fue de por sí un año inédito no sólo por el alarmante número de agresiones, que sumaron 138 para el final del período,según el mencionado informe, sino porque por primera vez el discurso oficial se trazó una línea de estigmatización generalizada de la labor de los medios y periodistas, que encontró eco en sectores de la población afines al gobierno y funcionarios de los órganos de seguridad del Estado.

La violencia recibió un basamento muy elemental, falaz pero eficiente a los fines del proceso de polarización de la sociedad: cualquier registro de la realidad, no necesariamente crítico, sino apenas diferenciado de la visión oficial a menudo es tildado y tratado como “campaña política”.Así sus propulsores, a la vez que se victimizan, configura el escenario para actuar alegando el derecho a la defensa del pueblo y de la revolución y a ejercer el consabido contraataque, por lo general violento, ya sea físico o verbal, y extremadamente duro por la vía de la manipulación de las instituciones: cierre de medios, juicios, multas cuantiosas, entre otras sanciones.

En medio de esa dinámica, difícilmente la libertad de expresión y en particular el quehacer de medios y periodistas, y las distintas funciones que este implica, puedan contar con los garantías que toda sociedad democrática está en el imperioso deber de ofrecer: facilidades para el acceso a las fuentes de información; protección a la integridad física de los comunicadores; el derecho a no ser censurado, hostigado ni intimidado por el contenido de sus servicios informativos, el respaldo a la labor de investigación y otros aspectos consustanciales al ejercicio de la profesión.

Once años después, al aproximarnos al nuevo informe de Espacio Público, el correspondiente al año 2013, podemos constatar el saldo, costoso y lamentablemente retrógrado que ha arrojado la conducta persistente del Estado venezolano a través de sus diversos órganos, actuando a contracorriente de las observaciones, denuncias, reconvenciones de distintos organismos de defensa de los derechos humanos e incluso de las sanciones y medidas cautelares que se han dictado desde los órganos del sistema interamericano que se ocupan de campo tan sensible para la democracia.

En primer lugar, desde 2002 el número anual de agresiones no ha bajado de más de un centenar y en dos ocasiones ha superado las dos centenas: 246 en 2009 y 220 en el recién finalizado año 2013, que es decir 51 más que en el año precedente. Son cifras que evidencian el asedio bajo el cual durante la larga etapa revolucionaria han tenido que trabajar medios y periodistas en Venezuela.

Reportero gráfico agredido durante cobertura en la Contraloría General

Necesario señalar que 2013 fue un año de recalentamiento de clima político luego que en el primer trimestre se produjera el deceso del presidente Hugo Chávez Frías (05-03-13), quien había resultado reelecto en octubre del 2012, y la convocatoria a unas nuevas elecciones presidenciales, cuyo resultado reflejó una mayor paridad de fuerzas en el polarizado escenario político nacional, evidencia de que la desaparición del líder máximo del partido en el poder de alguna forma había comenzado a mellar la base de apoyo popular del denominado Proyecto Bolivariano.

Tal resultado, en el que la diferencia entre el candidato oficialista Nicolás Maduro, proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y el abanderado de la oposición, Henrique Capriles, fue menos del 2 % de los votos, generó niveles de incertidumbre en la población y consecuentemente desembocó en actos de violencia callejera que en ocasiones derivaron hacia agresiones a medios y periodistas.

El 14 de abril, día de las elecciones, y en las fechas sucesivas arreciaron los ataques contra medios y periodistas y el discurso oficial se tornó más virulento. La sección de este informe, “Abril 2013: Elecciones y manifestaciones.Libertad deExpresión en el contexto electoral” recoge cronológica y prolijamente los sucesos de los turbulentos días de agitación política y evalúa sus consecuencias.

Pero si eso ocurría en el plano político, en el campo de la economía la situación se tornó también compleja al acentuarse el desabastecimiento de algunos alimentos básicos y la desaparición abrupta de productos de primera necesidad como medicamentos y los utilizados para la higiene personal y del hogar, lo cual también tuvo su impacto en el clima político y social. Sin embargo en el período estudiado, durante el cual se registraron un total de 3.421 manifestaciones públicas, hubo una disminución del 14 % en relación a 2.012, pero un aumento del 7 % en el índice de protestas reprimidas.

En el plano de la libertad de expresión esta situación ha generado mayor intolerancia gubernamental, no solamente contra los profesionales que reportan las vicisitudes de los consumidores para acceder a productos básicos, sino también contra los propios ciudadanos que tratan de tomar testimonios gráficos de estas escenas inéditas en la vida nacional.

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En “Censura judicial previa, medidas cautelares y libertad de expresión en Venezuela” se analiza la prohibición judicial de las expresiones en Venezuela como medida cautelar y se exponen los casos más relevantes, contrastándolos con los estándares interamericanos en la materia.

Un tema recurrente en los análisis sobre la libertad de expresión en Venezuela es el del uso intensivo de las cadenas obligatorias de radio y televisión, que devienen en una forma de censura y obstáculos para el libre flujo de la información. Tras un análisis de las normas nacionales e internacionales sobre la materia, se concluye que el uso de las cadenas presidenciales por parte del Gobierno Venezolano no ha sido compatible con los requerimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, violando de forma sistemática el derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 13 del referido tratado. Se recoge el criterio de especialistas de que tales cadenas deben ser reglamentadas.

Se dedica en esta oportunidad un capítulo sobre el Derecho a la Información Pública en Venezuela y tras el análisis porcentual de las respuestas que ha dado elEstado venezolano a las solicitudes de información, se demuestra que en esta materia se aplican tantas restricciones que termina por regir una “política de Secreto”, a pesar de que este derecho esté amparado por el ordenamiento jurídico. Un 96 % por ciento de las interrogantes no son respondidas adecuadamente y el silencio constituye un 87 % de las respuestas obtenidas.

Pero el año 2013 también ha marcado uno de los giros más preocupantes en materia de libertad de expresión, como lo ha sido la compra de importantes medios privados, algunos de ellos con línea muy crítica hacia la gestión gubernamental, por parte de inversionistas afectos al gobierno nacional, como es el caso de Globovisión, o directamente por el sector oficial, como es el caso de la Cadena Capriles, dueña de Ultimas Noticias, El Mundo y Líder.

La venta de dichos medios puede considerarse como expresión del cerco judicial, en el caso de Globovisión, pero también por la merma en sus condiciones económicas por la evidente sequía de las fuentes publicitarias. En el caso específico de esta televisora, que fue el principal medio de crítica a la acción gubernamental y tribuna de los sectores de oposición, la venta se produjo tras muchos años de acoso incesante mediante numerosas acciones judiciales y medidas sancionatorias de multas muy cuantiosas. Igualmente este canal había sido advertido que no recibiría la licencia para pasar al sistema de televisión digital próxima a inaugurarse.

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Las primeras consecuencias negativas de este cambio de propietario en ambas empresas, fue la adopción de una nueva línea informativa, abiertamente complaciente con el gobierno, y el despido inmediato de los periodistas más emblemáticos. Los espacios para la pluralidad y la diversidad tendrán una nueva reducción con esta nueva realidad mediática.

En medio de la difícil situación económica que vive el país no es difícil que otros medios de comunicación vayan a dar a manos de un estado que ya posee una estructura mediática sin precedente en Venezuela y en la región, lo cual va en correspondencia con su objetivo declarado de instaurar una hegemonía comunicacional en Venezuela, como paso imprescindible para la perpetuación del Proyecto Bolivariano en el poder. Pero ya se vislumbra el posible cierre de otros ante la imposibilidad de asumirlos crecientes costos de los insumos y la baja en los ingresos, como producto de una crisis económica que se profundiza.

De igual manera es ostensible que la línea de coerción del gobierno en este último año se ha dirigido hacia las redes digitales y se ha producido la detención de tuiteros y el bloqueo de portales informativos.

En este nuevo Informe en el que Espacio Público hace escrutinio de las condiciones para el ejercicio de la Libertad de Expresión en Venezuela durante 2013, se evidencia la deriva autoritaria del gobierno, lo cual queda crudamente configurado tanto en el aumento de las violaciones a este derecho como en las fuertes restricciones que se le imponen por diferentes vías.

Es esperanzador que los periodistas y sus organizaciones históricas, de cuyas acciones también se ha nutrido este informe, mantengan la denuncia sistemática de los atropellos y la lucha por defenderlas garantías en el ejercicio cotidiano de la profesión de cara a nuevos tiempos y nuevos escenarios políticos donde pueda rescatarse plenamente el ejercicio de los derechos humanos y especialmente de la libertad de expresión. Lo necesitan los ciudadanos y el futuro democrático de Venezuela.

Gregorio Salazar

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