Héctor Rodríguez denuncia a Américo de Grazia por «instigación al odio y difamación»

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El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez,  interpuso una denuncia contra el diputado de la Asamblea Nacional (AN) Américo de Grazia, por «instigación al odio y difamación» el pasado 5 de noviembre en la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas.

La denuncia fue realizada despues que el Diputado asegurara que Rodríguez viajó a Tumeremo para recibir una de las minas de oro que el régimen de Maduro anunció se otorgarían a los gobernadores afectos a su partido. El 4 de noviembre, el gobernador de Miranda ordenó una investigación en contra del diputado para que expliquara sus acusaciones, pues afirma no ha ido al estado Bolívar en varios meses.

“A veces se extraña el debate cara a cara de la Asamblea Nacional. Los mafiosos tienden a acusar a otros para esconder sus propios delitos. Américo De Grazia mantiene su obsesión conmigo, solo así se explica tanta incoherencia, primero fue atacando a mis hijos y a mi esposa; ahora habla de Bolívar como si alguna vez le ha importado el bienestar de ese glorioso pueblo”, indicó el gobernador en Twitter.

Héctor Rodríguez aseguró que la asignación de una mina de oro al sur del país es falsa, que no tiene minas personales y retó al diputado De Grazia a demostrar que estuvo en el estado Bolívar. Además, aseguró que si la información del diputado fuera cierta, pondría su cargo a la orden para investigaciones. Finalmente, instó al diputado opositor a ofrecer una disculpa al país «por tal difamación».

«Ellos, los expertos en mentira son los mercenarios de la política, eso tal vez resultó en “su época” pero Venezuela creció, la política rastrera se tiene que acabar, tenemos que seguir como nos enseñó Chávez: practicando los valores y la ética por el bien de nuestra democracia”, twitteó.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos generalmente conocidas como «leyes de desacato» atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información.

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