Evento electoral del 22 de abril, no es una elección auténtica, ni resolverá la crisis política y social

Las organizaciones del Foro por la Vida rechazamos categóricamente la convocatoria a las denominadas “elecciones presidenciales” adelantadas por constituir una grave violación del ordenamiento constitucional. El evento electoral vulnera las garantías fundamentales de los venezolanos, el derecho a la participación política en elecciones libres, auténticas, universales y democráticas, en los tiempos y condiciones exigidas por la legislación nacional e internacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el único órgano competente para convocar, organizar y celebrar elecciones según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y la ley electoral, en armonía con los estándares internacionales en materia de derechos humanos a fin de garantizar procesos transparentes y auténticos. El 7 de febrero el CNE informó que las “elecciones presidenciales” se realizarán el 22 de abril de 2018, tras su “convocatoria” por parte de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC), la cual sugirió al CNE, el pasado 23 de enero, adelantar los comicios para el primer cuatrimestre del año.

Un proceso electoral adelantado y sin garantías, en un contexto de una emergencia humanitaria como la que atraviesa Venezuela tendrá un grave impacto, especialmente en los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad. La escasez generalizada de insumos básicos, entre ellos la de alimentos y medicinas, paralelo a la pérdida del poder adquisitivo ante una acelerada espiral inflacionaria, degenera en un deterioro grave de la calidad de vida.

El periodo actual del cargo de Presidente de la República inició el 10 de enero de 2013 y vence el 10 de enero de 2019. Unas elecciones que cumplan con las condiciones de autenticidad y transparencia se realizan con suficiente tiempo tanto entre la convocatoria y su ejecución, como entre el acto electoral y la transición del cargo, de allí que en aras de cumplir con los plazos mínimos necesarios, las elecciones deban realizarse en diciembre de 2018. Estos plazos garantizan la ejecución de un proceso auditable.

No existe justificación legítima para adelantar la elección presidencial ocho meses, más allá de los intereses político-partidistas de la élite gobernante que se impuso como un poder “supraconstitucional” y que al someter por vía de hecho a los poderes públicos, marcó el tránsito hacia un régimen totalitario en Venezuela.

La ANC desplazó la institucionalidad y con ello eliminó cualquier garantía, lo que somete al país al arbitrio de una minoría autoimpuesta. Resulta imposible prever las consecuencias de la permanencia paralela del presidente “elegido” y el que se mantiene en funciones en un contexto de alta polarización y creciente descontento.

Los Estados deben asegurar las condiciones para validar la autenticidad de un proceso electoral, es decir, para que este responda efectivamente a la voluntad popular y que tal poder decisorio se traduzca en acciones concretas que renueven la institucionalidad democrática.

Una elección libre implica la protección del elector frente coacciones o represalias que puedan alterar su voluntad. Persiste la práctica por parte de las instituciones y agentes públicos de ejercer presión sobre los funcionarios y “beneficiarios” de los programas públicos de asistencia social, con amenazas de perder sus puestos de trabajo y eliminar su acceso a los programas, mediante la “verificación” de votantes en las adyacencias de los centros de votación. Adicionalmente se elaboran de “listas” de trabajadores que son considerados “opositores” e incluso, más recientemente, la amenaza de acciones penales contra quienes llamen a la abstención, acción que también constituye un derecho político que debe ser protegido.

Además de cumplir estrictamente con los tiempos establecidos en la Constitución, el Estado venezolano está obligado a asegurar la equidad en la competencia electoral mediante la garantía de: el libre acceso y postulación a cargos públicos; el equilibrio en las campañas; la libre circulación de información e ideas diversas y el debate público sobre candidatos.

Igualmente debe haber garantías plenas para realizar reuniones pacíficas; el ejercicio de la crítica al gobierno; la difusión de material político en sentido amplio y la participación ciudadana en la organización y supervisión del proceso electoral. Estos derechos deben disfrutarse ampliamente y disponer, en la práctica, de recursos judiciales efectivos ante tribunales independientes e imparciales.

La reciente aprobación de una “Ley” contra el odio que castiga la opinión hasta por 20 años de prisión se sumó al cierre de más de 60 medios de comunicación durante el año 2017. Se mantienen prácticas represivas que incluyen decenas de detenciones contra ciudadanos y comunicadores, en particular durante jornadas de manifestaciones. La ausencia de condiciones justas incluyen la ilegalización de 16 partidos políticos en el último año.

Convocar elecciones, fuera de los lapsos establecidos y sin las condiciones que garanticen equidad y transparencia, agudizará la crisis política y con ello se pospone la resolución estructural de los problemas básicos de salud y alimentación que atraviesa la población. Por todo ello las organizaciones del Foro por la Vida exigimos:

  1. La suspensión inmediata de la convocatoria a elecciones presidenciales adelantadas por no cumplir con los principios que aseguran la integridad, transparencia, efectividad y contraloría de un proceso electoral.
  2. La reprogramación de la convocatoria de elecciones presidenciales para diciembre de 2018, ajustada a los plazos necesarios para garantizar la universalidad, libertad, confidencialidad y autenticidad del voto.
  3. Garantizar ampliamente a todos los ciudadanos los derechos a la libertad de participación, expresión, reunión y asociación reconocidos en el marco constitucional, incluyendo los tratados internacionales de derechos humanos.
  4. Al Gobierno le exigimos la restitución de las garantías básicas a la población, en el marco de sus obligaciones como autoridad pública, so pena de las consecuencias administrativas y penales contra autoridades y funcionarios a nivel nacional e internacional, al contravenir las obligaciones suscritas por la República en materia de derechos humanos.
  5. La ejecución inmediata de medidas, a corto, mediano y largo plazo, que enfrenten los efectos de la crisis humanitaria compleja, que resuelva la escasez de insumos básicos, recupere el sistema público de salud, que restituya la economía y con ello el poder adquisitivo de los venezolanos de cara a reconstruir una calidad de vida digna.

Acción Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)

Acción Solidaria

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)

Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela

Comité de Familiares de las Víctimas (COFAVIC)

Espacio Público  

Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres

Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA)

Revise también

Espacio Público cuestiona al CNE sobre el Registro Electoral

El Registro Electoral permanente contiene información clave para la celebración de elecciones: quién puede votar …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.