Foro por la Vida responsabiliza a la intolerancia de los poderes públicos por el fallecimiento de Franklin Brito

(Caracas, 31.08.10). La Vocería del Foro por la Vida, coalición de organizaciones de Derechos Humanos de Venezuela, expresa su más profundo sentimiento de solidaridad con los familiares, amigos y amigas de Franklin Brito, en especial a su señora esposa Elena de Brito y sus hijos e hijas, quienes lo acompañaron en la protesta de ayuno que mantuvo desde junio del 2009, hasta el día de ayer (30.08.10) cuando falleció en el Hospital Militar de Caracas.
Al mismo tiempo expresamos nuestra más enérgica condena  a las autoridades del Estado venezolano quienes en vez de garantizar la vida e integridad del Sr. Brito y su familia, estimularon permanentemente la impunidad haciendo uso desmedido del poder del Estado para tratar de doblegarlo en sus justas peticiones.

Las constantes descalificaciones de la cual fue objeto presentándolo ante la población venezolana como un “demente”; las diversas presiones a los familiares; el traslado forzoso al hospital militar y su privación de libertad en ese recinto fueron parte de las medidas adoptadas por el Estado contra el productor agropecuario. La intransigencia, la prepotencia para gobernar y la falta de sensibilidad condujeron a un resultado que constituye un grave precedente en cuanto a la conducta de los Poderes Públicos frente al reclamo ciudadano.

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Responsabilizamos del fatal desenlace a la Fiscal General de la República, Doctora Luisa Ortega Díaz, quien no solo no demostró voluntad de instruir una investigación expedita y transparente de las diferentes denuncias presentadas por la Familia Brito contra el Instituto Nacional de Tierras (INTI) por las irregularidades en las cartas agrarias otorgadas sobre un fundo donde desarrollaba legal y lícitamente la actividad agropecuaria. Por el contrario, en vez de garantizar una investigación imparcial como manda la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, concentró sus esfuerzos en solicitar una orden de traslado desde el lugar donde desarrollaba la huelga de hambre para trasladarlo a un Hospital Militar, bajo dirección y custodia Militar; con el agravante de no permitir el ingreso y la atención de la Cruz Roja Internacional. Recordamos que garantizar la vida de Brito fue el principal argumento de la funcionaria para ordenar su ilegítima privación de libertad en el centro hospitalario castrense.   

Responsabilizamos a la Defensora del Pueblo, Doctora Gabriela del Mar Ramírez, quien se hizo cómplice de los actos violatorios de la dignidad de Franklin Brito, demostrando una vez más que sus intereses están al margen del mandato Constitucional que la obliga a defender los derechos humanos de todas las personas.

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Responsabilizamos al presidente del Instituto Nacional de Tierras, Licenciado Juan Carlos Loyo, de no facilitar la entrega de documentos que formalizaran y explicaran las medidas de reparación por los daños causados a la actividad productiva del biólogo, la principal reivindicación por la que mantenía su huelga de hambre.

Responsabilizamos a los diputados del oficialismo en la Asamblea Nacional quienes alentaron a los otros poderes públicos, particularmente al Ejecutivo Nacional, para que no resolviera por vía democrática los reclamos de la familia Brito y se plegaron a la campaña de desprestigio contra el productor agrario.

Rechazamos la continuación de la campaña de descalificación contra Franklin Brito y sus familiares, cuando algunos medios de comunicación identificados con el oficialismo informan sobre su fallecimiento reiterando las acusaciones de chantaje, instintos suicidas e incapacidad mental.

Es importante destacar que Franklin Brito tenía medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las cuales fueron incumplidas en su totalidad por el Estado venezolano manteniendo su reiterada actitud de desconocer al Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos.

La pérdida humana del Sr. Brito representa la intolerancia con la cual actúan las autoridades para resolver conflictos de cualquier naturaleza, a la vez que es un claro indicador del deterioro institucional que atraviesa el Estado venezolano. Actualmente la acción gubernamental deriva de motivaciones políticas y no de la protección de los derechos humanos que merecemos todas y todos sin discriminación por razones de sexo, edad, origen social, tendencia religiosa, orientación sexual, opinión o postura política. Esta intolerancia se refleja cada vez más frente a cualquier tipo de protesta contra el funcionamiento de las instituciones del Estado que, en vez de buscar y aplicar mecanismos para revertir o reducir al mínimo cualquier posibilidad de violación a los derechos humanos, implementa estrategias de descalificación, represión y judicialización.

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Exhortamos a la población venezolana a continuar reivindicando las formas pacíficas de exigibilidad de sus derechos, a no permitir que el uso abusivo del Poder continúe restringiendo sus libertades y las posibilidades de exigir los derechos constitucionales.

Vocería del Foro por la Vida:

Espacio Público
Justicia y Paz Nacional
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

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