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Foro por la Vida exige el cese al hostigamiento contra Rocío San Miguel

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FORO POR LA VIDA EXIGE EL CESE AL HOSTIGAMIENTO CONTRA ROCIO SAN MIGUEL

(Caracas, 14 de mayo de 2010).- El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, exige el cese del proceso de hostigamiento contra la activista de la sociedad civil Rocío San Miguel, y exige al Estado venezolano investigue las amenazas de las cuales ha sido víctima.
Rocío San Miguel es abogada y actualmente Presidenta de la organización Civil Control Ciudadano. Ha sido profesora de la Universidad Central de Venezuela y se desempeña como docente de la Universidad Metropolitana de Caracas. Impartió durante más de 10 años, clases de DDHH y DIH en las escuelas superiores de la Fuerza Armada Nacional y fue representante del Consejo Nacional de Fronteras ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

San Miguel, por su trabajo a favor de la defensa de los derechos humanos, es una persona de importante visibilidad pública. Ha realizado el seguimiento permanente a la problemática de armas ilegales en manos de la población civil y la ausencia de control sobre las armas legales en manos del Estado. Ha denunciado la politización de la Fuerza Armada Nacional y la proliferación de grupos armados al margen de la ley con aquiescencia del Estado. Ha asistido a oficiales de la Fuerza Armada Nacional víctimas de abusos de la justicia militar y de la violación de sus derechos humanos, función que ejerce actualmente. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el tema “justicia militar” (caso Francisco Uson Ramírez vs Venezuela) y ha documentado el estado de acceso a la información en el área de la seguridad, la defensa y la Fuerza Armada Nacional en Venezuela para exigir transparencia, auditabilidad y rendición de cuentas en las políticas vinculadas al sector.

En el año 2004, pasó a ser una víctima de la discriminación política en Venezuela al ser despedida de la Administración Pública por haber ejercido el derecho constitucional de solicitar el revocatorio presidencial. Decide en ese momento denunciar al Estado venezolano por violación de Derechos Humanos agotando todos los recursos internos sin obtener justicia. Su caso, fue presentado en el 2005 ante la Comisión Interamericana de DDHH, como emblemático de discriminación política en Venezuela, actualmente espera por admisibilidad. Durante el año 2008, emprendió una importante incidencia pública contra la aprobación de la Ley que creaba el Sistema de Inteligencia y Contrainteligencia, considerada violatoria de  DDHH básicos.

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El día jueves 06 de mayo de 2010, a las 7:00 p.m. aproximadamente; Rocío San Miguel en su condición de Presidenta de la Asociación Civil Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional realizó una denuncia pública a través del canal de televisión Globovisión, en el programa “Aló Ciudadano”. En esta denuncia se refirió a la existencia de militares activos de la Fuerza Armada Nacional inscritos como militantes en el partico Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Tal situación viola flagrantemente el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que expresamente establece que la Fuerza Armada Nacional es una institución sin militancia política.  Indicó como pruebas de su denuncia que al  introducir los números de las cédulas de identidad de tres altos militares activos de las Fuerza Armada Nacional –como en efecto lo hizo en vivo ante la teleaudiencia-  en la lista de inscritos en el PSUV, que se encuentra en la página web del CNE, podía verificarse los nombres de algunos oficiales de alto rango se encuentran inscritos como militantes en el Partido Socialista Unidos de Venezuela. Así mismo indico, la existencia de al menos 30 militares activos inscritos en las filas del PSUV, según había constatado en la referida lista de inscritos en el PSUV, que se encuentra en la página web del Consejo Nacional Electoral.

Desde ese mismo día, Rocío San Miguel recibió una serie de llamadas telefónicas de personas que supuestamente querían aportarle información confidencial de la Fuerza Armada y de altos funcionarios gubernamentales. Al día siguiente se conoció que se solicitó a una juez de control que firmara una orden de detención contra Rocío San Miguel, lo cual fue negado por la juez. Los dos hechos indican que muy probablemente se pretendió montar una maniobra aportándole información  y posteriormente se procedería a allanar su vivienda con lo cual se  justificaría una orden de detención.

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La activista de la sociedad civil luego de las denuncias fue hostigada por un vehículo cuando se desplazaba con su pequeña hija lo cual hizo temer por un atentado que afectara su integridad física y la de su hija.

A partir de las denuncias, San Miguel ha recibido reiterados, constantes y ofensivos mensajes contra su persona, los cuales han sido enviados por la red social twitter, firmados por personas definidas como defensores de la revolución y del proyecto del Presidente Hugo Chávez Frías. Cabe recordar que en Venezuela hace 25 días, surgió  como parte d las estrategias del ejecutivo nacional,  la “guerrilla comunicacional” que tiene por objeto combatir lo que el gobierno considera “terrorismo mediático”. Funcionarios del Estado y comunicadores sociales al servicio del gobierno han expresado a través de medios de comunicación oficiales improperios y descalificaciones colocando en riesgo su integridad.

Cabe indicar que todos estos hechos fueron denunciados por la Rocío San Miguel, acompañada por la organización No-Gubernamental “Una Ventana por la libertad”, el 11 de mayo ante la Fiscalía General de la República y ante la Defensoría del Pueblo solicitando protección  y una investigación exhaustiva de estos acontecimientos que le hacen temer por su integridad personal.
Rocío San Miguel actualmente teme por su vida, la de su esposo y su hija de 11 años. También teme ser encarcelada por delitos políticos o de carácter militar.

El Foro por la Vida realiza las siguientes consideraciones a los Poderes Públicos:

1.- Adoptar medidas más adecuadas para garantizar la integridad personal de Rocío San Miguel, así como la de sus familiares y  las demás personas que laboran en su equipo de trabajo por la defensa de los derechos a través de la ONG “Control Ciudadano”;

2.- Adelantar una investigación completa, independiente, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas y actos de hostigamiento en contra de Rocío San Miguel, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, competente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

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3.- Instar al Estado a cesar los procesos de hostigamiento y de violencia en contra de activistas de la sociedad civil ejercen la contraloría social y otros derechos garantizados en la Constitución, como el de acudir a Instancias Internacionales de Protección de los Derechos Humanos.

4.- Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del derecho de toda persona “individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos” (Art.1) así como en lo relativo al deber del Estado de garantizar “la protección de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia o represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración” (Art.12.2)

Suscriben organizaciones del Foro por la Vida:
Acción Solidaria
Cáritas Venezuela
Cáritas los Teques
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello
COFAVIC – Comité de Familiares Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989
Comité de Víctimas contra la Impunidad del estado Lara
Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela
Espacio Público
Fundación de Derechos Humanos del estado Anzoátegui
Justicia y Paz Nacional
Oficina de Derechos Humanos del Vicariato de Puerto Ayacucho
PROVEA – Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos
Servicio Jesuita a Refugiados

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