Foro por la Vida denuncia golpe a la soberanía popular

Las organizaciones no- gubernamentales de derechos humanos que suscribimos el presente pronunciamiento, integrantes de la coalición “Foro por la Vida” rechazamos categóricamente las sentencias N° 155 del 28 de marzo de 2017[1] y 156 del 29 de marzo de 2017 [2] emitidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (SC-TSJ) . Estas decisiones desconocen el mandato constitucional de los diputados libremente elegidos en votación popular y golpean las garantías constitucionales relativas a la separación y autonomía de los poderes públicos.

Las referidas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (en adelante TSJ) confirman la preocupación manifestada por los distintos órganos internacionales de protección de derechos humanos ante la ausencia de institucionalidad democrática, separación de los poderes y ruptura de las garantías democráticas básicas [3]. La actuación del TSJ confirma la ausencia de una institucionalidad democrática en el país.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia número 156, dá un golpe certero a los restos de soberanía popular que quedan en el ordenamiento político e institucional venezolano al abolir de facto las competencias de la Asamblea Nacional (en adelante AN). Las sentencia usa como pretexto un supuesto desacato a fallos anteriores del propio tribunal; con este nuevo fallo queda abolida de hecho la voluntad del pueblo venezolano que libremente eligió a la Asamblea Nacional como órgano del Poder Público de Elección Popular.

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El TSJ con su sentencias 155 y 156 destruye el Estado de Derecho al otorgar al Ejecutivo atribuciones que son exclusivamente de la Asamblea Nacional contempladas en el artículo 187 de la Constitución; declara la “omisión institucional parlamentaria” y decidió que ” mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.

Estas sentencias de facto constituyen la consumación de la disolución o cierre jurídico de las competencias constitucionales de la AN, lo cual es una ruptura del orden constitucional que afecta gravemente el funcionamiento de la democracia. Configura un secuestro de la soberanía popular representativa de la AN que es la esencia de una democracia: el respeto a la voluntad popular.

Con estas sentencias la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia transgrede y da la espalda a sus atribuciones constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos y en los distintos instrumentos de protección de derechos humanos.

De acuerdo a la Fiscal General de República, Luisa Ortega Díaz, “estas sentencias tienen varias violaciones del orden constitucional ydesconocimiento del modelo de Estado consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,. Lo que constituye una ruptura del orden constitucional”.

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El Foro por la Vida recuerda que estos principios y normas constitucionales son transgredidos precisamente por el órgano llamado a ser su intérprete y garante de su supremacía y efectividad. Por ello señalamos que toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos nulos; de igual modo la Constitución no pierde su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza.

Por más que desde el poder recrudezca la conducta criminalizadora y estigmatizante, destinada a silenciar la crítica y el debate democrático, seguiremos firmemente cumpliendo el deber y el derecho de todo ciudadano a exigir la plena vigencia del orden constitucional y el respeto íntegro e indivisible de todos los derechos humanos garantizados en la constitución y en los instrumentos internacionales.

La grave situación social derivada del rápido empobrecimiento de la población, la crisis de los servicios de salud publica, las altas tasas de violencia criminal, el deterioro de la educación pública y la desnutrición no pueden enfrentarse efectivamente sin plenas garantías para las libertades y derechos humanos.

Ante tan delicada situación que afecta la vigencia de la institucionalidad republicana establecida en la Constitución, las organizaciones del Foro por la Vida reafirman la importancia del estricto apego a las normas del derecho internacional de los derechos humanos como mecanismo para alcanzar la justicia y dignidad para todas las personas.

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Exigimos que se reestablezcan inmediata y plenamente los derechos y libertades de la personas que habitan en el territorio venezolano y ello implica ceñirse con estricto apego a lo establecido en el derecho internacional de los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución venezolana.

Requerimos a las altas autoridades del gobierno nacional el cese de la violencia institucional en contra del Poder Legislativo y que se respeten los mecanismos instititucionales para avanzar en la resolución de la grave crisis política nacional.

Agradecemos la solidaridad expresada por diversos gobiernos, personalidades y organizaciones de derechos humanos que igualmente rechazaron estas sentencias y reclaman la recuperación de la institucionalidad democrática en Venezuela

Organizaciones que suscriben:

Acción solidaria

Accion Ciudadana contra el SIDA (ACCSI)

Caritas Los Teques

Centro de DDHH de la UCV

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Cofavic

Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana

Comisión de Justicia y Paz de la Conver

Coprodeh

Espacio Público

Observatorio Venezolano de Derechos Humanos de las mujeres

Servicio Jesuita a Refugiados

Vicaria de Dd.hh de Caracas

Fuentes:

[1] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML

[2] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML

[3] https://goo.gl/7q24GX

 

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