Espacio Público exige inmediata liberación de periodistas franceses

El periodista franco-uruguayo Sebastián Pérez y el camarógrafo francés, Didier Barral, fueron detenidos el pasado martes 11 de abril mientras esperaban su vuelo de regreso a París, Francia, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Tras una semana, la razón de la detención y el estado de los comunicadores aun se desconoce.

Los reporteros de la Agencia Capa arribaron al país el pasado 31 de marzo. Cuando se disponían a salir del país, el martes 11 de abril, fueron abordados e interrogados por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), para luego ser detenidos y trasladados a un destacamento de la Guardia Nacional en el estado Vargas.

Los padres de Pérez denunciaron que no han tenido comunicación con su hijo, no tienen información sobre su situación a pesar de que la representación consular francesa en Venezuela asegura estar encargada del caso. Según los familiares de Pérez, la agencia Capa está en contacto con la embajada de Francia en el país.

Expulsión institucionalizada como mecanismo censor

En lo que de 2017, cuatro casos restrictivos al trabajo de la prensa extranjera se han registrado en Venezuela: la expulsión del periodista español Aitor Sánchez, de la cadena alemana Deutsche Welle (DW), cuando venía a cubrir manifestaciones; la detención y expulsión de los periodistas Leandro Stoliar y Gilzon Souza de Oliveira, quienes realizaban un trabajo sobre el caso Odebrecht; la expulsión de Patricio Nunes, de Canal 13, quien fue abordado en supermercado de la capital mientras cubría la situación alimentaria y la detención y expulsión de dos corresponsales de la BBC que realizaban un reportaje sobre el dirigente político, privado de libertad, Leopoldo López.

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Estos hechos se enmarcan en un patrón regular de restricciones al trabajo periodístico de medios extranjeros, que en 2016 acumuló un total de 17 corresponsales expulsados o retenidos arbitrariamente durante el último cuatrimestre del año, lo que revela una política de criminalización de la cobertura informativa utilizando pretextos administrativos, la solicitud de documentos innecesarios, la retención o decomiso de equipos o la negativa injustificada de las acreditaciones.

Represalia judicial por informar

El caso de Pérez-Barral constituye una nueva y preocupante escalada en las prácticas restrictivas a la libertad de prensa por parte del Estado venezolano. El interrogatorio de cuerpos de inteligencia y la detención en instancias militares no solo implica la restricción de una cobertura noticiosa sino que supone la existencia de cargos civiles e incluso penales contra periodistas en modo de represalia por la legítima búsqueda de información de interés público.

La ausencia de garantías en el debido proceso y la imputación de cargos contra periodistas por la búsqueda y difusión de información de interés social cuenta con antecedentes recientes que evidencian una criminalización a escala penal contra el trabajo periodístico. En septiembre de 2016, Braulio Jatar fue detenido e interrogado por el Sebin a escasas horas de la publicación de videos sobre una protesta contra el presidente Nicolás Maduro en Villa Rosa, Isla de Margarita. Jatar estuvo 36 horas sin paradero conocido hasta que el Sebin informó que lo tenía detenido, después de lo cual continuó sin que le permitieran tener contacto con familiares ni abogados. A los dos días, el 5 de septiembre fue imputado por delitos falseados y desde ese momento se encuentra recluido.

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Ante ausencia de garantías en el debido proceso y en defensa del legítimo derecho a la búsqueda y difusión de información como derecho humano, exigimos:

  • La liberación inmediata de los periodistas ante la ilegalidad de los procedimientos a los que están sometidos.
  • La difusión de información sobre el caso tanto por parte de las autoridades venezolanas como por las representaciones consulares encargadas, por el carácter público tanto de los expedientes como de la defensa del derecho humano a la libre expresión.
  • La activación inmediata de los organismos internacionales y multilaterales de defensa y protección de derechos humanos de cara a la denuncia y restitución inmediata de garantías para los periodistas.

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