Exhortos: censura impuesta por Conatel

Desde 2017 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) utiliza con mayor frecuencia la figura del “exhorto”, un mecanismo restrictivo de la libertad de expresión contra medios de comunicación, en particular contra emisoras de radio.  

Los exhortos se materializan a través de comunicaciones formales o informales dirigidas por Conatel a medios de comunicación. En ellos el ente regulador de las telecomunicaciones invoca y argumenta la comisión de delitos previstos en la Ley de Responsabilidad en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorte-me) y demás legislaciones de telecomunicaciones, además de señalar el contenido de extractos de programación específicos divulgados a través del medio.

Entre enero y agosto de 2018 Espacio Público ha registrado 16 casos que incluyen el inicio de procesos sancionatorios, cinco cierres de emisoras o la salida del aire de programas por órdenes directas o presiones de Conatel, así como autocensura producto de nuevos exhortos que advierten sobre sanciones por el abordaje de determinados contenidos. Los cierres suelen ser precedidos por comunicaciones que evidencian un monitoreo sistemático de las transmisiones, cuya regulación va orientada a inhibir la difusión de contenidos, en especial de carácter social y político, que cuestionan la gestión pública a diferentes niveles.

En la práctica, la programación que Conatel evalúa en los exhortos responde a temas de interés público o de relevancia en el acontecer nacional. Son dirigidos a medios de corte independiente, buscan modificar la línea editorial y se cristalizan como “advertencias institucionales” directas en contra de un programa, periodista o algún contenido específico dando paso a la posibilidad de iniciar procedimientos sancionatorios de no ser atendidas las exigencias.

Los “exhortos” son mecanismos de intimidación y autocensura

Los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) protegen plenamente la libertad de expresión. Las restricciones a este derecho son excepcionales y limitadas y no están vinculadas a fórmulas de injerencia o presión estatal para incidir en el contenido de las expresiones.

La Declaración de Principios de Libertad de Expresión específica que

cualquier interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión.

En una sociedad democrática los medios de comunicación son vehículos esenciales de la información y alimentación del debate público. La información de interés público que difunden goza de protección especial para garantizar un debate abierto, vigoroso y transparente referente a los asuntos sociales, lo que incentiva una mayor participación ciudadana y la formación de opinión pública como mecanismo de fiscalización del ejercicio del poder.

A través de los exhortos Conatel colabora en la consolidación de un discurso único que busca imponer la parcialidad partidista en el Gobierno, como parte de la denominada “hegemonía comunicacional” promovida por el Ministerio de Comunicación desde el año 2007, en contra de los principios democráticos.

Los medios de comunicación de línea editorial crítica han sido atacados a través de distintas vías: compra-venta de medios que devienen en la reducción de medios plurales, restricciones en la asignación de papel prensa, sanciones administrativas, hostigamiento judicial, no renovación de concesiones y ahora, con un ecosistema precarizado, la amenaza directa a través de exhortos.  

Los “exhortos” no tienen asidero en el ordenamiento interno. Son presiones de hecho que modifican la línea editorial de los medios bajo amenaza de sanción. Su aplicación produce efectos disuasivos y de autocensura sin necesidad de procedimientos formales, con la intención de ocultar mediáticamente la crisis del país.

Esta figura se utiliza para monitorear la agenda noticiosa del país y determinar la ilicitud de los contenidos publicados, por lo que pueden estar sujetos a responsabilidades sancionatorias; de esa manera, el exhorto funciona como herramienta informal de control de Conatel para silenciar información sobre la realidad del país. En la práctica se convierte en una sanción anticipada ya que impele a los medios a cerrar espacios a la crítica y la disidencia.

Espacio Público reitera que este mecanismo es contrario a la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en tanto obstaculiza el ejercicio pleno y efectivo de la libertad de expresión. Estas prácticas regulatorias impiden la libre circulación de información e ideas, lo que genera autocensura e inhibe el debate público sobre la crisis en Venezuela.

 

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