Excarcelan a tiktoker tras 20 días detenido por criticar a hija de oficialista

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Tribunal excarceló con medidas cautelares a José Pérez, tiktoker detenido por criticar a la hija del oficialista Omar Enrique, este 20 de marzo.

Tras 20 días detenido, el Tribunal dictó medidas cauteleres entre las que estan:

  • Prohibición a Pérez de hablar publicamente sobre su caso.
  • Prohibición de salida del país
  • Régimen de presentación cada 15 días.

El pasado 28 de febrero, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron Pérez, por la publicación de un video en la red social TikTok.

En el material visual, el tiktoker cuestionó los privilegios de la hija del cantante Omar Enrique y los nexos de éste con el chavismo. Pérez fue contactado vía telefónica por la esposa cantante, María Buitrago, quién además de comentarle su molestia lo amenazó con que «estará manchadito de rojo».

A pesar de que Pérez se disculpó con la familia y retiró el video, una comisión del cuerpo policial, comandada por el inspector Alberto Dugarte; jefe de delitos informáticos del Cicpc sede Urdaneta, lo detuvo sin una orden judicial.

Los funcionarios aseguraron que necesitaban entrevistarlo y  tomar sus declaraciones, lo llevaron al Cicpc de Higuerote y horas más tarde a Caracas.

Pérez permaneció detenido en la sede del Cicpc de la avenida Urdaneta en Caracas, luego de que el 2 de marzo fuese fue presentado en el Tribunal 42 de Control del área metropolitana de Caracas.

Le imputaron el delito de «instigación al odio», según la inconstitucional Ley Contra el Odio y revelación de data personal, estipulado en la Ley Especial de Delitos Informáticos.

Sin embargo, lo presentaron el día antes (1/3/2021) ante el Tribunal Segundo de Caracas. En esa audiencia le imputaron el delito de injuria y difamación y quedó bajo régimen de presentación a partir del 5 de marzo.

Recordamos que el derecho a la libertad de expresión protege los discursos incómodos y críticos; las figuras públicas están sometidas a un mayor escrutinio social y para restringir el derecho a la libertad de expresión la medida debe estar fijada en una Ley, además de ser proporcional y necesaria para proteger a grupos o personas vulnerables. La «Ley contra el odio» es una normativa ilegal, emanada de un ente ilegítimo, por lo que no tiene validez alguna; igualmente recordamos que los juicios penales por expresión van en contra de los estándares de derecho internacional de los derechos humanos.

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