169º periodo de sesiones de la CIDH

Espacio Público en la CIDH: “La responsabilidad y la construcción de soluciones es del Estado”

Durante el desarrollo del 169° período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), celebrada en Colorado, Estados Unidos, en la que se debatió la crisis política en Venezuela y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad LGBTI y las personas privadas de libertad, Carlos Correa, Director de Espacio Público denunció la crisis humanitaria y los mecanismos de control social utilizados por el Estado venezolano.

La audiencia liderada por el relator para Venezuela de la CIDH, Francisco Eguinguren, planteó debatir en tres bloques la crisis política en Venezuela y sus efectos en las personas mayores, la comunidad LGBTI y las personas privadas de libertad, por la sociedad civil venezolana estuvo la representación de  Convite Asociación Civil (Convite A.C.), Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Foro Penal (FP), Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Una Ventana a la Libertad, Defiende Venezuela (DV) y  Espacio Público. Y por el Estado venezolano, Larry Davoe.

En su intervención Correa aludió la situación de pobreza extrema que viven el 61% de los hogares venezolanos, la existencia de 3 epidemias activas (Malaria, Difteria y Sarampión) y las fallas en el suministro de agua segura que afecta al 56% de las zonas más pobres del país.

Representación de la sociedad civil

También denunció la exigencia del carnet de la patria como requisito indispensable para el cobro de la pensión o el acceso a beneficios relacionados con derechos como la salud o la alimentación.

“De manera permanente se anuncia la obligación de tener este carnet para recibir acceso a tratamientos médicos, obtener subsidios al combustible y en ocasiones realizar trámites en entes de gobierno. La exigencia del carnet y su asociación a estructuras territoriales limitan el acceso a estos servicios y derechos cuando las personas se movilizan dentro del país. Es decir su aplicación vulnera el carácter universal del derecho a tener acceso a bienes y servicios básicos y el derecho a protección para todas las personas en el territorio venezolano”1.

Las organizaciones de la sociedad civil participantes llamaron al Estado a atender urgentemente la crisis que se viven en los centros de salud y el desabastecimiento de medicina que agudiza la vulnerabilidad de los adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas, al tiempo que instaron a aceptar la entrada de ayuda humanitaria al país.

Entre las peticiones que realizó la sociedad civil al Estado se encuentran; la creación de un plan nacional de envejecimiento donde todos los actores sociales (gobierno, organizaciones, universidades y colectivos organizados de adultos mayores) se involucren para garantizar el envejecimiento digno a través de políticas públicas que respondan a esta necesidad, cesar la exigencia del carnet de la patria como requisito para acceder al cobro de pensión o acceder a cualquier otro derecho, cumplir los acuerdos de pago bilaterales con seis países y honrar la deuda existente con más de 12 mil adultos mayores pensionados en el exterior y ordenar el “ejecútese” a la Ley de Bonos para la Alimentación de los Pensionados, aprobada por la Asamblea Nacional (AN).

La argumentación del representante del Estado Venezolano, Larry Davoe, se centró en explicar cómo el resto de los países del mundo existen mecanismos de registro para el acceso a los programas sociales y que de igual forma funciona el carnet de la patria.

Por su parte, en este capítulo, el interés de la comisión y la relatoría estuvo centrada en la sostenibilidad del programa de pensiones sin que exista la contribución previa de los beneficiarios y la aplicabilidad del uso del carnet de la patria. El organismo reconoció la labor de las organizaciones de desarrollo social en el registro y seguimiento la crisis existente en el país.

Sobre la situación de los privados de libertad

La situación en las cárceles y centros de detención de Venezuela es crónica, constantemente se vulnera la dignidad de las personas encarceladas y persisten prácticas discrecionales y arbitrarias, que sustentan la impunidad en los casos de las muertes de los detenidos, la práctica de tortura y la aplicación de penas denigrantes.

“Hacinamiento en instalaciones inadecuadas. Se mantienen detenidas a las personas en lugares que no tienen el diseño y funcionalidad para cumplir esa finalidad. Se mantienen en espacios muy reducidos a un número alto de personas” indicó Correa al describir las tendencias generales que surgieron a partir del acompañamiento de los casos.

“Alimentación insuficiente e inadecuada. Los alimentos se reducen, cuando se proporcionan, a una sola porción y muy desbalanceada, tención médica prácticamente no existe y el acceso a tratamientos depende de los esfuerzos de los familiares.

Persiste la práctica de la tortura, es generalizado el trato cruel y denigrante. No existen mecanismos para investigar y sancionar a los responsables, lo que genera impunidad y alimenta la repetición de los hechos.

Existen grupos y bandas criminales que controlan centros de reclusión con la complicidad de funcionarios.

Algunos centros de reclusión, desatienden e incumplen las órdenes de los tribunales para liberar a los detenidos y además no se garantiza oportunamente el traslado de las personas a sus audiencias y procesos judiciales”2.

El Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, Joel Hernández, expresó que es una preocupación de la Relatoría conocer la situación de este grupos vulnerable que parecen estar fuera de la opinión pública pero que también tienen derechos. Reconoció la labor altruista de las organizaciones y los invitó a seguir haciendo visible la situación de Venezuela ante el mundo.

Hernández preguntó al representante venezolano “¿Cuál es el tratamiento están recibiendo estas personas, este grupo que usted ha identificado dentro de los penales? ¿Cuál es el debido proceso legal se está llevando a cabo en las causas penales?”

“Preocupa que exista un abuso del derecho penal, y en la medida que no se cumpla con las garantías mínimas del tratamiento de las personas detenidas, pareciera que se está haciendo uso del abuso del derecho penal y de la criminalización por las acciones que realizaron más allá de la racionalidad de la ley.”3.

Recordó que existe una apertura de la Comisión por ir a Venezuela y la sociedad civil tiene interés en mostrar la realidad de las personas privadas de la libertad pero no existe una invitación oficial por parte del Estado, por lo que aprovechó para exhortar al gobierno a que ratifique el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y que establezca mecanismos de visitas en las que se puedan llevar a cabo verificación de las condiciones que guardan.

Devoe mostró láminas en las que evidenció la supuesta “violencia política” usada por la oposición en Venezuela como práctica reiterada, mientras que la sociedad civil realizó el siguiente petitorio: La investigación a las violaciones de derechos humanos y justicia para las víctimas, cumplimiento de las reglas mínimas de la ONU para el tratamiento de privados de libertad, publicación de las cifras de civiles procesados en tribunales militares, liberación de presos políticos y permitir la visita de la CIDH al país.

 

 

Referencias   [ + ]

1, 2. Carlos Correa, 169º periodo de sesiones de la CIDH, 04 de octubre de 2018
3. Joel Hernández, Relator sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, 169º periodo de sesiones de la CIDH, 04 de octubre de 2018

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