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GNB dispara directo a manifestantes. Foto: Univisión

Dos meses de protestas, represión y violaciones de los DDHH (versión corta)

Entre el 28 y 29 de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió sendas sentencias en las que anuló decisiones del parlamento, comprometió la inmunidad de sus miembros y trasladó parte de las funciones legislativas al poder Judicial.

El 31 de marzo la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, afirmó que las decisiones emanadas del poder judicial constituían una ruptura del hilo constitucional1. Frente a la situación, la oposición organizada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), tiene más de 60 días convocando a distintas manifestaciones pacíficas en la calle, con una agenda orientada a cuatro objetivos: elecciones generales, restitución de la institucionalidad democrática, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos.

La respuesta del gobierno venezolano ha sido la criminalización y represión de la protesta pacífica, activación del Plan Zamora, extensión del decreto de Estado de Excepción y la convocatoria inconsulta a una Asamblea Nacional Constituyente.

Durante los dos meses de protesta, han sido asesinados más de 60 venezolanos, más de 1000 han resultado heridos por actuaciones de la fuerza pública y de grupos paramilitares; al menos 300 trabajadores de la prensa han visto afectado su derecho a la libertad de expresión, han eliminado 2 canales internacionales de la transmisión por televisión por suscripción y 15 medios han sido cerrados.

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Ilegalidades

Fruto del Plan Zamora, el 2 de mayo se instalaron tribunales militares en el estado Carabobo (a dos horas de Caracas), para procesar a los detenidos durante la protestas en la entidad. Al menos 40 civiles fueron acusados de instigación a la rebelión y delitos de ataque al centinela2, situación que se repitió con manifestantes detenidos en los estados Falcón, Lara y Zulia. El procedimiento atenta contra el debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución Nacional, el principio del juez natural establecido en el artículo 7 del Código Orgánico Procesal Penal, y el artículo 261 de la Constitución Nacional.

Aunque la ley ampara a todo el que quiera manifestar pacíficamente, líderes del oficialismo y funcionarios han declarado públicamente utilizando adjetivos que descalifican la protesta. Estos comentarios buscan justificar la represión y la violencia en contra de los manifestantes: al generar una opinión negativa ante quienes protestan, se crea un argumento (inválido) para utilizar la fuerza pública.

La represión por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ha ido en aumento: uso indiscriminado de gases lacrimógenos, incluso vencidos, hasta el uso de armas de fuego y la manipulación de municiones con incorporación de metras (esferas de vidrio), tuercas y balines.

A diferencia de otras jornadas represivas, además de la asfixia por inhalación de gases o heridas por impacto de perdigón, en los últimos dos meses las lesiones por traumatismo han tenido un incremento importante ante el lanzamiento directo al cuerpo de bombas lacrimógenas. Así fue asesinado Juan Pernalete, según explicó la Fiscal General de la República, por un impacto en el tórax.

La represión no se limita a la dispersión de manifestantes, sino que se extiende al ataque a residencias en horas de la noche y madrugada, sobre todo en zonas del centro y oeste de la ciudad (municipio Libertador), donde se prohíbe ilegalmente, bajo la figura de la negación de un permiso, la protesta de sectores opositores. Tal es el caso de los hechos registrados en Colinas de Bello Monte, Montalbán, El Paraíso, La Vega y sectores del interior del país donde la fuerza pública ha allanado ilegalmente residencias y disparado contra edificios.

Además, miembros de las fuerzas de seguridad han robado las pertenencias de los manifestantes, hechos más frecuentes a finales de mayo. La GNB despojó de sus teléfonos celulares a ciudadanos, hay reportes de robos y destrucción de motos, cámaras, equipos de protección y hasta el robo de helados a un vendedor en Las Mercedes, Caracas.

Se han mostrado a través de las redes sociales fotos que evidencian la presencia de francotiradores con uniformes públicos o personas disparando desde instalaciones del Estado en zonas de protestas de oposición, videos que muestran incursión armada en recintos universitarios (UPEL, UCAB, UDO, ULA), intervención de civiles armados protegidos por la GNB3 y personas que disparan armas de fuego contra manifestantes de oposición.

Silenciando los hechos

La prensa es la que permite que sea visible lo que sucede en las manifestaciones, la presencia de los medios de comunicación ha permitido captar imágenes de la represión estatal y acciones ilegales como miembros de la GNB disparando directamente a manifestantes. La violencia contra los periodistas responde a la necesidad de invisibilizar estas realidades y limitar el contenido que circula. En al menos 24 ocasiones, trabajadores de los medios han sido despojados de sus pertenencias y equipo de trabajo tanto por cuerpos de seguridad como por civiles armados.

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Al menos 20 profesionales de la comunicación han sufrido lesiones por impacto directo de bombas lacrimógenas en los últimos dos meses durante la cobertura de manifestaciones. Es frecuente el hurto de teléfonos celulares, cámaras, e insumos necesarios para el registro de los hechos; así como el robo de equipos de protección como máscaras antigases, cascos y chalecos antibalas.

Después de dos meses de protestas, es poco común que los canales de televisión nacional transmitan imágenes en vivo sobre las manifestaciones de oposición, a pesar de ser un hecho relevante para la población, que se está generando a nivel nacional.

Los canales nacionales están bajo la mira: Andrés Méndez, director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), aseguró a VTV: “Estamos evaluando siempre el comportamiento de (Globovisión) y de algunos de sus anclas. A veces sostenemos conversaciones afables con su Presidente”4.

Dos canales internacionales (El Tiempo TV y Todo Noticias), fueron eliminados de la televisión por suscripción venezolana el 19 de abril, por darle cobertura a las protestas de oposición, restando opciones para que los venezolanos accedan a la información. Ronald Rodríguez, presidente del gremio que agrupa a las cableoperadoras afirmó: “Constantemente estamos siendo monitoreados por ley”5.

La omisión de información sobre las manifestaciones de oposición en los medios del Estado es grave, ya que éstos se deben a la sociedad en pleno, son financiados con dinero público y tienen la obligación de atender a todos los sectores sociales y políticos del país. Sin embargo, son ampliamente transmitidas las alocuciones de líderes del oficialismo, sus movilizaciones de calle y opiniones mientras se censura la voz crítica de la oposición y sus líderes.

El esquema de los medios públicos no se detiene en la política de omisión de la noticia, sino que también miente abiertamente sobre lo que acontece en el país. El ejemplo más claro es el caso del asesinato de Juan Pablo Pernalete el 26 de abril, en torno al cual altos funcionarios del Estado, como los ministros de Comunicación e Interior, adelantaron hipótesis que culpaban a grupos de manifestantes opositores violentos por la muerte del joven, y luego fueron desmentidas por el Ministerio Público

Menos derechos si te opones al gobierno

El patrón de restricciones ha sido que los manifestantes de oposición no pueden entrar en el Municipio Libertador, en Caracas: son reprimidos y dispersados en la Autopista Francisco Fajardo, en la Av. Libertador, Cota Mil y otros accesos a vías que permitirían a las personas llegar a las sedes de los poderes públicos, ubicados en su mayoría en el Municipio Libertador.

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Sin embargo, los manifestantes oficialistas son convocados en las cercanías de los principales poderes públicos sin limitación alguna: se instalan tarimas, se cierran calles y se estimula la participación a través de parlantes en los edificios institucionales.

La situación se repite con el uso del Metro de Caracas, que cierra múltiples estaciones cuando la MUD o sectores estudiantiles de oposición convocan a protestar en la ciudad de Caracas. Al respecto, Espacio Público introdujo una demanda por derechos colectivos y difusos por la violación del derecho a la manifestación pacífica, libre tránsito y el de no discriminación.

Esta demanda fue inadmitida por la Sala Constitucional del TSJ bajo el argumento que la acción introducida no era la adecuada.

Como resultado, tras dos meses de protesta, insistimos en la importancia de la documentación rigurosa y sistemática por parte de ciudadanos y trabajadores de los medios como única posibilidad de garantizar justicia, así como la difusión de hechos verificados, necesaria para exponer la situación, combatir la censura y subir el costo a los responsables.

Reiteramos que las violaciones a derechos fundamentales no prescriben, desde Espacio Público seguiremos trabajando para estos hechos sean registrados y podamos exigir justicia frente a instancias nacionales e internacionales.

Referencias   [ + ]

1. Panorama, 31 de marzo de 2017, Fiscal General: Sentencias del TSJ evidencian violaciones del orden constitucional. Recuperado el 05/06/2017 en https://goo.gl/q5jx7c 
2. El Mundo, 08 de mayo de 2017, El chavismo juzga a civiles en tribunales militares para sofocar las protestas. Recuperado el 02/06/2017 en https://goo.gl/6bQDyt 
3. Ver más en https://goo.gl/4m4Zmf 
4, 5. Runrun.es, 26 de mayo de 2017, Reuters: Conatel no permite que Globovisión transmita más de un minuto de imágenes de protestas. Recuperado el 02/06/2017 en https://goo.gl/ceQyYN 

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