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Desacato de medidas de la CIDH implica un debilitamiento de las garantías en Venezuela

ImageLa Coalición venezolana de organizaciones de defensa y promoción de Derechos Humanos, Foro por la Vida, y la Asociación Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, Sinergia, deploran las declaraciones emitidas por la fiscal general de la República Luisa Ortega Díaz sobre la salud mental del productor agropecuario Franklin Brito.

Asimismo, se rechazó la descalificación de la funcionaria frente al sistema de protección de derechos humanos y el desacato, por parte del gobierno, de las medidas de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Carlos Correa, director de Espacio Público, señaló que ante esta decisión del organismo internacional un verdadero Estado democrático debe respetarla y acatarla, pues al no hacerlo se reducen los derechos de todos los venezolanos.

“Con las declaraciones de la Fiscal General se ratifica un debilitamiento de las garantías establecidas en nuestra propia Constitución, en relación al sistema internacional de derechos humanos. Además de reducir la protección de todas las personas, en especial de Franklin Brito, su familia y también de la magistrada María Lourdes Afiuni” alegó Correa.

La esposa e hija de Franklin Brito, Elena de Brito y Ángela Brito, estuvieron presentes y señalaron que tienen pruebas psiquiátricas y médicas externas que contradicen el argumento de la Fiscal. Asimismo, hicieron un llamado de conciencia a todos los funcionarios involucrados con la retención de Brito en el Hospital Militar Carlos Arvelo. De igual modo, exigen un pronunciamiento del presidente Hugo Chávez ante el caso.

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Ángela Brito señaló que en el programa Aló Presidente del 9 de noviembre de 2007 el máximo representante del Poder Ejecutivo se comprometió con el productor agropecuario a devolverle sus tierras en el estado Bolívar.

El director de Provea, Marino Alvarado, argumentó que las acciones que está empleando el gobierno venezolano contra Brito es una nueva forma de criminalizar la protesta, que puede aplicarse en un futuro a otras personas que realizan de forma pacífica de lucha, como lo es una huelga de hambre.


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