Defensoría del Pueblo debe responder por derechos vulnerados el 1S

Las organizaciones Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-Unimet) y Espacio Público presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo sobre las múltiples situaciones irregulares que registraron durante el monitoreo que desplegaron el 01 de septiembre de 2016, cuyo objetivo fue el de observar la situación general de derechos civiles y políticos en el contexto de la movilización convocada, para la misma fecha, por diversos partidos políticos y sectores de la sociedad civil organizada.

Mediante una carta, las organizaciones rechazaron y dejaron constancia ante el ente de “situaciones como allanamientos, obstaculizaciones al libre tránsito, detenciones arbitrarias, hostigamiento y un total de 20 casos de violaciones a la libertad de expresión, entre las cuales se encuentran expulsiones forzosas del país a medios internacionales, ataques a medios de comunicación, retenciones ilegales de equipos periodísticos y abusos por parte de cuerpos de seguridad del Estado, entre otros, evidencian patrones asumidos por los cuerpos de seguridad del Estado”.

En la misiva también destacaron que las fuerzas de seguridad “incumplen en el ejercicio de sus funciones, con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico interno y en los tratados, pactos y convenios relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado Venezolano y por ende, dichas acciones inciden negativamente en el efectivo y libre ejercicio de los derechos constitucionales”.

Marco legal

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 19 que el Estado garantizará a toda persona, sin discriminación alguna, el goce y el ejercicio de los derechos humanos y su respeto y garantía obligatorio para los órganos del Poder Público.

De igual forma la Constitución señala en su artículo 23 la jerarquía constitucional  y la preeminencia sobre el orden interno de los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos cuando estos contengan normas sobre goce y ejercicio de derechos fundamentales más favorables a las establecidas en las leyes.

Además, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), suscrito y ratificado por Venezuela, establece en su artículo 2 el compromiso de los Estados partes a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de todos los individuos sujetos a su jurisdicción sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

De igual forma el PIDCP establece los derechos constitucionales que fueron objeto de violaciones durante las movilizaciones del 1ro de septiembre, los cuales son el derecho a la vida en el artículo 6.1; El derecho a la libertad personal/prohibición de detenciones arbitrarias en el artículo 9.1; El derecho a la inviolabilidad del domicilio en el artículo 17.1; y el derecho al Libre Tránsito en el artículo 12.1.

Se hace evidente entonces que los derechos y garantías violados durante las manifestaciones pacíficas que se llevaron a cabo el 1ro de septiembre se encuentran consagrados en pactos suscritos y ratificados por nuestro país. Según nuestra propia Constitución estos derechos tienen rango constitucional y obligan al Estado Venezolano no solamente a garantizar su efectivo goce y utilización, sino también el deber del Estado de investigar y sancionar en caso de que estos sean violados.

Exigencias

Ciudadano defensor, en virtud a las consideraciones precedentemente expuestas, y con fundamento en el artículo 280 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y basados en las obligaciones que usted posee desde el cargo que representa,  le solicitamos:

  • Que desde su cargo de Defensor del Pueblo, active todas las acciones necesarias para que se le garantice a todos los venezolanos el efectivo y eficaz ejercicio de los derechos civiles y políticos, especialmente los aquí mencionados.  
  • Interponer los recursos a que haya lugar como representante de esta instancia administrativa en cuyas competencia y atribuciones se encuentra la de velar por el respeto y garantía de los derechos humanos, respecto a la situación de violación de los derechos que hemos denunciado.
  • Instar a la Fiscalía General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos sobre quienes recae la responsabilidad por vulneración de los derechos humanos que hemos denunciado en el contexto de la manifestación pacífica de fecha 01 de septiembre.
  • Desde sus  competencias y atribuciones solicitamos velar porque estos casos no se vuelvan a repetir y que inste a las autoridades responsables de investigar y sancionar.

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