Estado propicia violaciones a la libertad de expresión

El reportero gráfico Rafael Briceño, de Contrapunto, fue robado este 07 de junio en medio de la cobertura de una movilización de la oposición venezolana por el referéndum revocatorio. Los victimarios no están identificados, se llevaron parte de su equipo fotográfico.

Briceño se encontraba en Colinas de Bello Monte para registrar la movilización que pretendía llegar hasta el Consejo Nacional Electoral (CNE). Cuando terminó la refriega entre los manifestantes y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en El Rosal, se percató de que le habían quitado una parte del equipo fotográfico. La denuncia del hurto será formalizada ante la policía científica (Cicpc), según informó el propio medio.

“Siento que, como fotógrafo, no puedo trabajar con absoluta libertad debido a la inseguridad general. Hay, además, un foco puesto sobre los fotógrafos, con la intención de que no se registre lo que sucede” en el país, opina Briceño.

Desde que la oposición política venezolana comenzó el  proceso requerido para la activación del referéndum revocatorio, Espacio Público ha documentado 5 casos de violaciones a la libertad de expresión, que se han dado en el contexto de movilizaciones de calle. El primer caso se registró en Caracas, cuando el partido Primero Justicia realizó una movilización, el 7 de abril.

El segundo caso fue registrado una semana más tarde, el 13 de abril; ahí resultó agredido y robado un reportero gráfico, quien no fue defendido por la PNB porque “aquí (en Venezuela) no hay Estado de derecho”, dijeron. En el tercer caso, registrado el 21 de abril, los victimarios fueron los funcionarios de la GNB, quienes sacaron de la sede del CNE a un nutrido grupo de periodistas. También el 11 de mayo, en un llamado de movilizaciones en todo el país, fueron agredidos periodistas en los estados Barinas y Bolívar. En el único acto donde no resultaron agredidos trabajadores de los medios de comunicación fue el que se llevó a cabo el sábado 14 de mayo.

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Estado cómplice

Durante los últimos dos meses, el denominador común en estas movilizaciones ha sido la agresión, robo y amenazas hacia trabajadores de la prensa, en particular durante la cobertura de acciones represivas por parte de los cuerpos de seguridad.  Esto constituye otra expresión de un patrón prohibitivo y hasta delictivo por parte del Estado y sus diversas instancias al impedir la cobertura de situaciones que resultan sensibles para la opinión pública. El silencio cómplice de los organismos de seguridad, y hasta su participación en hechos punibles, revela el grado de aceptación a nivel institucional que tiene este tipo de conductas, de facto legitimadas por autoridades que alimentan la impunidad.

La omisión de delitos se traduce en la ejecución de restricciones indirectas del goce y disfrute de los derechos. Esta situación no solo merma las libertades fundamentales de los ciudadanos, sino que evidencia lógicas perversas que naturalizan la criminalización del trabajo periodístico, que al generar desinformación, niega a los venezolanos la posibilidad de ejercer un auténtico debate que reclame soluciones a los problemas cotidianos.

Desde Espacio Público rechazamos categóricamente estas conductas y exigimos a las autoridades asumir su función de investigar y sancionar a los responsables en el marco de la obligatoria garantía de los derechos humanos tanto de los periodistas y reporteros violentados, como de la sociedad venezolana vulnerada en su derecho a recibir información. La omisión deliberada de  autoridades y funcionarios no los exime de su responsabilidad directa o indirecta en delitos que no prescriben.

Fuente:

Contrapunto, 07 de junio de 2016, Reportero gráfico de Contrapunto fue víctima de un hurto mientras cubría marcha de la MUD. Recuperado el 08/06/2016 en http://goo.gl/k2U5X5

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