Una mujer llena un bidón de agua en una estación en San Juán de los Morros, Estado Guárico, Venezuela, el 10 de julio de 2018. El 18 de julio de 2019 un periodista fue detenido en San Juán de los Morros bajo la ‘ley del odio’ venezolana por criticar a un político regional. (AFP/Federico Parra)

CPJ denuncia detención del periodista Wilmer Quintana

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) denunció este lunes 12, el uso en Venezuela de la inconstitucional «Ley» contra el odio para encarcelar al periodista Wilmer Quintana García.

En una nota publicada en su web, el Comité expresó su preocupación por el uso de esta «ley» como instrumento de persecución a quien exprese alguna opinión que contrarie los intereses del gobierno, asimismo, reiteran que las «denuncias de corrupción contra funcionarios públicos no son expresiones de odio» por lo que los venezolanos deben tener libertad para cuestionar al Gobierno sin tener enfrentarse a la justicia penal.

La nota expresa lo siguiente:

Miami, 12 de agosto de 2019—El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó hoy su alarma por el empleo de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia para encarcelar al periodista Wilmer Quintana García. Quintana fue arrestado por haber publicado varios mensajes en su página personal de Facebook, en los cuales denunciaba presuntos actos de corrupción en la prestación de servicios públicos en el estado de Guárico, según informaciones de prensa y una organización local defensora de la libertad de expresión.

El 18 de julio, agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela detuvieron a Quintana en la ciudad de San Juan de los Morros, la capital de Guárico, según un mensaje de Twitter publicado por la organización venezolana Espacio Público y versiones periodísticas. Quintana había sido director del ya desaparecido semanario La Verdad y había sido presentador del programa de opinión “En Portada” —donde comentaba las noticias locales y nacionales junto con invitados— en varios canales de TV locales, entre ellos Siembra TV y Roscio TV, según medios locales, pero en la actualidad no trabaja para ningún medio informativo.

De acuerdo con la orden de arresto, una copia de la cual fue publicada en el sitio web de Espacio Público, el 11 de julio un tribunal penal local ordenó el arresto de Quintana por la presunta autoría del delito de “promoción o incitación al odio” en virtud de la ley contra el odio, presuntamente cometido en perjuicio del gobernador de Guárico, José Manuel Vásquez, y el presidente de la empresa Alimentos Guárico (Alguarisa), Emilio Ávila.

Según medios informativos locales y Espacio Público, Vásquez presentó una denuncia contra Quintana debido a mensajes publicados en la cuenta personal de Quintana en Facebook, en los que éste criticaba presuntos actos de corrupción de Vásquez y Ávila en el suministro de gas doméstico a comunidades y en la distribución de alimentos mediante el programa CLAP, un programa social gubernamental administrado por Alguarisa en Guárico. La orden de arresto no menciona los mensajes de redes sociales.

«La detención de Wilmer Quintana en virtud de la ley contra el odio de Venezuela confirma la preocupación que expresamos cuando fue aprobada: la ley en realidad es una herramienta para censurar la información y castigar a los críticos», declaró Natalie Southwick, coordinadora del programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, en Nueva York. «Las denuncias de corrupción contra funcionarios públicos no son expresiones de odio. Los venezolanos deben tener libertad para cuestionar al Gobierno sin tener que enfrentar una condena de varios años de cárcel».

Quintana utilizaba sus cuentas personales de Facebook y Twitter para comentar e informar sobre acontecimientos locales y políticos actuales, y agregaba la etiqueta #LAVERDAD —el nombre de su ya desaparecido periódico— a algunos de susmensajes. En un mensaje de Facebook publicado el 5 de julio, utilizando la etiqueta #LAVERDAD, Quintana informó que 27 zonas de la ciudad de Zaraza no habían recibido gas, a pesar de que los pagos a Alguarisa habían sido depositados 20 días antes, y lo llamó “otro fracaso más del gobernador” y preguntó si Ávila se había quedado con el dinero. Según un periodista de Guárico que habló por vía telefónica con el CPJ el 5 de agosto y solicitó el anonimato por razones de seguridad, la información sobre los pagos efectuados a Alguarisa fue filtrada a Quintana, quien mantenía estrecho contacto con personas que trabajaban para la administración, y él había procedido a publicarla. Quintana también había trabajado para el Gobierno local durante la administración anterior, según medios locales.

En mensajes de Facebook con fecha 4 y 7 de julio que llevaban la etiqueta #LAVERDAD, Quintana escribió sobre las “mentiras y la corrupción del desgobierno en Guárico”, e informó que las cajas CLAP se vendían a precios mayores que los publicados, y mencionaba a Vásquez y a Ávila en los mensajes, y decía que Vásquez “debe irse de la gobernación e iniciarse el rescate de esta entidad sumida en total desatre”.

El CPJ efectuó varias llamadas al teléfono que aparece en el sitio web oficial de la sede del CICPC en San Juan de los Morros y al despacho de Vásquez, el gobernador de Guárico, pero nadie contestó las llamadas. El CPJ no recibió respuesta a una solicitud enviada por correo electrónico a Ávila, el presidente de Alguarisa, para que declarara al respecto.

La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Toleranciafue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente en noviembre de 2017, pese a las serias preocupaciones en el sentido de que se pudiera emplear para intimidar a la prensa. Como el CPJ lo documentó en la época, la ley no define términos básicos como el odio, y lo deja abierto a una amplia interpretación y al abuso potencial, y estipula sanciones y penas de cárcel de hasta 20 años para toda persona que incite al odio o la violencia en la radio, la televisión, los medios impresos o las redes sociales.

Tras su arresto, Quintana permaneció detenido en la sede del CICPC en San Juan de los Morros a la espera de juicio.

El 6 de agosto, el sitio noticioso local de Guárico ElTubazoDigital.com y un mensaje de Twitter del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informaron que Quintana había sufrido un posible infarto y había sido trasladado a la sala de emergencia del Hospital Israel Ranuárez Balza. Quintana continúa en el hospital, según el SNTP.

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