La Comisión Nacional de Protección para los Periodistas (CONAPRO), manifiesta un categórico rechazo a las recientes declaraciones emitidas por funcionarios del gobierno que pueden oscurecer las agresiones brutales contra los periodistas de la Cadena Capriles y al mismo tiempo intenta criminalizarlos por realizar una entrega de volantes de carácter pacífico.


El jueves 13.08.09, un grupo de periodistas de la Cadena Capriles, realizaba una entrega de volantes en los que manifestaban su desacuerdo con el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Educación, que en ese momento se discutía en la Asamblea Nacional. La actividad se realizaba sin interrumpir el tránsito y era producto de un acuerdo de los periodistas que trabajan en ese grupo periodístico. Esta actividad fue brutalmente reprimida y trajo como consecuencia 12 periodistas con lesiones graves a su integridad física.

Conapro rechaza criminalización contra periodistas de la Cadena Capriles

La Comisión Nacional de Protección para los Periodistas (CONAPRO), manifiesta un categórico rechazo a las recientes declaraciones emitidas por funcionarios del gobierno que pueden oscurecer las agresiones brutales contra los periodistas de la Cadena Capriles y al mismo tiempo intenta criminalizarlos por realizar una entrega de volantes de carácter pacífico.

El jueves 13.08.09, un grupo de periodistas de la Cadena Capriles, realizaba una entrega de volantes en los que manifestaban su desacuerdo con el contenido del proyecto de Ley Orgánica de Educación, que en ese momento se discutía en la Asamblea Nacional. La actividad se realizaba sin interrumpir el tránsito y era producto de un acuerdo de los periodistas que trabajan en ese grupo periodístico. Esta actividad fue brutalmente reprimida y trajo como consecuencia 12 periodistas con lesiones graves a su integridad física.

Los hechos, en un primer momento, fueron cuestionados por diversos sectores de la sociedad venezolana quienes expresaron su indignación y reclamaron la investigación y sanción contra los responsables. Esta semana varios funcionarios del gobierno realizaron declaraciones públicas  con la intención de desvirtuar lo ocurrido, señalando que los periodistas “provocaron” la agresión, que no ejercían labores periodísticas, que estaban haciendo actividad proselitista en contra de la Ley Orgánica de Educación, entre otras.

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En primer lugar, saludamos todos los pronunciamientos de rechazo ante los hechos ocurridos, emanados de partidos oficialistas e instituciones del Estado como la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, ya que envían un claro mensaje a toda la sociedad señalando que  las agresiones contra personas por el hecho de pensar distinto, son condenables desde todo punto de vista.

En este sentido, lamentamos las declaraciones contrarias de operadores políticos y altos funcionarios que esta semana pretenden descalificar  a las víctimas, convirtiéndolas en victimarios, lo cual no contribuye a lograr una investigación efectiva e imparcial. Igualmente rechazamos las descalificaciones realizadas contra la integridad profesional de los periodistas de Ultimas Noticias, por el mero ejercicio de su derecho a la expresión y a la defensa ante los ataques que se observan en la plataforma de medios gubernamentales.

En torno a las declaraciones emitidas queremos realizar las siguientes consideraciones:

1.- Los periodistas, como toda persona, tienen derecho a expresar sus ideas y opiniones por cualquier medio que consideren adecuado, por tanto  tienen derecho a manifestar libremente, a disentir sin que ello implique consecuencias ulteriores.
En este sentido, el tribunal interamericano ha establecido que el periodista profesional no es, ni puede ser, otra cosa que una persona que ha decidido ejercer la libertad de expresión de modo continuo, estable y remunerado. Considerar que ambas cuestiones son actividades distintas, podría llevar a la conclusión que las garantías del derecho a la libertad de expresión no se aplican a los periodistas.

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2.- Las declaraciones emitidas por funcionarios, especialmente por el Presidente de la República, donde se intenta catalogar a los periodistas agredidos como “provocadores” por expresar su posición crítica ante la Ley de Educación, los coloca en una situación de alto riesgo y vulnerabilidad ya que tales declaraciones pueden ser interpretadas por los miembros de la sociedad como instrucciones, autorizaciones o apoyos para la comisión de actos que lesiones los derechos de las personas que decidan opinar distinto.

3.- Resaltamos la premisa que las agresiones a los periodistas, son injustificables desde todo punto de vista. Nadie debe ser agredido físicamente por expresar una opinión y bajo ningún concepto, expresar un pensamiento distinto constituye algún tipo de “provocación”

4.- Finalmente exigimos al Ministerio Público centrar la atención en realizar una investigación expedita e imparcial, sancionar a los responsables de los hechos para sentar un precedente que ponga fin a la impunidad en torno a las agresiones de los profesionales de la comunicación.

CONAPRO, está integrada por representantes del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Circulo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) y Espacio Público y tienen como objetivo la protección de los trabajadores de la información desde la perspectiva del derecho internacional de los Derechos Humanos.

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