CIDH expresa preocupación ante iniciativa sobre Ley de Cooperación en Venezuela

Washington, 3 de diciembre de 2010 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su preocupación ante la propuesta del Gobierno de Venezuela de adoptar disposiciones legales a fin de controlar el financiamiento que reciben las organizaciones no gubernamentales por concepto de cooperación internacional.

Según la información recibida, el Presidente Hugo Chávez pidió a la Asamblea Nacional la adopción de una ley que impida el financiamiento internacional de partidos políticos y organizaciones no gubernamentales.

 

La Comisión expresa su preocupación ante la posibilidad de que se aprueben normas que podrían generar obstáculos a la conformación, independencia y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. En especial, preocupa a la CIDH la posibilidad de que se reactive el Proyecto de Ley sobre Cooperación Internacional aprobado en primera discusión en Cámara Plena en el año 2006. La vaguedad del lenguaje de algunas disposiciones del proyecto y el amplio margen de discrecionalidad que otorga a las autoridades encargadas de reglamentar la ley generan el riesgo de que esta norma sea interpretada de manera restrictiva para limitar el ejercicio de los derechos de asociación, libertad de expresión, participación política e igualdad. Esto afectaría seriamente el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, cuyo rol independiente ha sido fundamental para el fortalecimiento de la democracia venezolana.

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Asimismo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH manifiesta su preocupación por las implicancias que un proyecto de esta naturaleza pueda tener en el ejercicio de este derecho en Venezuela. En efecto, la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH establece que las “presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”, y que “las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.  La Comisión y la Relatoría recuerdan que la libertad de expresión es un derecho inherente a todo ser humano y que su ejercicio no se limita a los medios de comunicación o periodistas.

En su Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, la Comisión recomendó a los Estados abstenerse de restringir los medios de financiación de las organizaciones de derechos humanos. “Los Estados deben permitir y facilitar el acceso de las organizaciones de derechos humanos a fondos extranjeros en el marco de la cooperación internacional, en condiciones de transparencia”, señala el informe. Estas recomendaciones están basadas en el análisis del papel protagónico que las defensoras y los defensores de derechos humanos tienen en el proceso para el logro pleno del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia. La Comisión invita al Estado de Venezuela a implementar estas recomendaciones, y espera que en caso de sancionarse una ley, ésta se adecue a los estándares establecidos en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos.

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La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.

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