Caso Guacara

Gerardo Sánchez Chacón, alcalde de Guacara

Partes

Gerardo Sánchez Chacón, alcalde de Guacara

Región de la República

Municipio Guacara, Estado Carabobo

Tribunal

Sala Constitucional del Tribunal de Justicia

Decisión del tribunal

Admitido el recurso de interpretación, se declara de mero derecho la causa y resuelta la interpretación del artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones.

Tema

Manifestación Pública

Acción

Recurso de Interpretación Constitucional

Número de la sentencia

N° 86-2014. Exp. 14-0277

Fecha de la decisión

24 de abril de 2014

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a solicitud del Alcalde del Municipio Guacara del estado Carabobo, declaró de mero derecho la causa en la cual éste interpuso recurso de interpretación, acerca del alcance de los artículos 68 de la Constitución Nacional y aquellos relacionados al derecho de manifestación que se encuentran contemplados en la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones. En esta decisión se sostiene que se requiere de un permiso para manifestar, y que en caso de que no se cuente con éste, los cuerpos de seguridad pueden dispersar las mismas.

Durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2014, se produjeron en el país una serie de protestas, incluyendo los municipios del Estado Carabobo. Ante esta situación, Gerardo Sánchez Chacón, en su condición de Alcalde del Municipio Guacara interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por medio de su abogado Herrman Escarrá, recurso de interpretación constitucional en relación al alcance del artículo 68 de la Constitución Nacional y de los artículos 41, 43, 44, 46 y 50 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, debido a las manifestaciones ocurridas desde el 12 de febrero de 2014 en dicho Municipio.

La Sala Constitucional decidió que el artículo 68 de la Constitución Nacional, no considera como un derecho absoluto la manifestación, la cual es susceptible de restricciones. Añadió la Sala, que los cuerpos policiales deben de mantener la obligación de impedir que los ciudadanos incurran en excesos del derecho a la manifestación, ocasionando de este modo lesiones en otros derechos, como el de libre tránsito o al trabajo.

Respecto a los artículos de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la Sala señalo que el para ejercer el derecho a manifestar debía de solicitarse previamente un permiso correspondiente por ante la primera autoridad civil, autoridad que sucesivamente autorizaba si la manifestación se realizaba o no y determinaba las condiciones de la misma.

Además, la Sala Constitucional estableció que la “reunión pública que no cuente con el aval previo de la autorización por parte de la respectiva autoridad competente, podrá dar lugar a que los cuerpos policiales […] actúen dispersando dichas concentraciones”.

El artículo 68 de la Constitución protege el derecho a manifestar pacíficamente, sin armas y según los requisitos de ley. La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, tan sólo impone el deber de informar por escrito la celebración de la manifestación pública, es decir, de avisar, o de comunicar el hecho de su celebración, a la primera autoridad civil de la jurisdicción. De acuerdo con las instancias internacionales de derechos humanos, las manifestaciones públicas no deben requerir de un permiso previo para su realización. Además debe respetarse el derecho a realizar manifestaciones espontáneas las cuales sean realizadas aún sin la notificación a las autoridades.

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  • Artículo 53: Reunión pacífica.
  • Artículos 57 y 58: Libertad de expresión.
  • Artículo 68: Manifestación.

Declaración Universal de Derechos Humanos

  • Artículo 20

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

  • Artículo 21: Reunión pacífica.