Estimado Sr. José Miguel Insulza
La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información[1] y la Alianza Regional de organizaciones de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (IFEX-ALC)[2] hicieron pública su preocupación por una serie de decisiones que se venían adoptando al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el llamado “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión para el Funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del SIDH”, que podían conducir a debilitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.

Carta Abierta de IFEX -ALC y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información al Secretario General de la OEA

Estimado Sr. José Miguel Insulza
La Alianza Regional para la Libertad de Expresión e Información[1] y la Alianza Regional de organizaciones de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión en América Latina y el Caribe (IFEX-ALC)[2] hicieron pública su preocupación por una serie de decisiones que se venían adoptando al seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) en el llamado “Grupo de Trabajo Especial de Reflexión para el Funcionamiento de la CIDH para el fortalecimiento del SIDH”, que podían conducir a debilitar a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
En la sesión del 25 de enero de 2012, el Consejo Permanente de la OEA aprobó enviar a la Comisión de Derechos Humanos (órgano principal de la OEA que define las reglas que regulan a la Relatoría Especial), en calidad de recomendaciones, las decisiones adoptadas por dicho Grupo de Trabajo y que habían sido objeto de pública preocupación.
Sin embargo, en la misma sesión la abrumadora mayoría de los Estados indicó que el documento sometido a la Comisión Interamericana contenían simples recomendaciones, no obligatorias, que debían ser evaluadas por la propia Comisión Interamericana en su autonomía, y adoptadas solo en la medida en que condujeran al fortalecimiento real del sistema de protección de derechos humanos y de la propia Relatoría Especial.
Asimismo, las intervenciones de la mayoría de los Estados miembro ponderaron la labor de protección del Sistema de Derechos Humanos y fueron claras al indicar que bajo ninguna circunstancia estarían de acuerdo con reformas que debilitaran esa histórica labor. En particular, dejaron en evidencia que el respeto por la libertad de expresión debe ser una prioridad continental y por lo tanto el trabajo de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión debe ser respaldado y fortalecido. En este sentido resultan destacables, por su claridad y firmeza, las intervenciones de los Honorables Representantes de Estados como Costa Rica, Uruguay y Panamá, que rechazaron de manera vehemente cualquier reforma financiera, funcional o de cualquier otro tipo que pudiera debilitar a la Relatoría Especial.
Corresponde ahora a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la tarea de evaluar las propuestas a la luz de las intervenciones estatales antes mencionadas. Como lo indicaron entre otros, los representantes de Canadá, Chile y Argentina, se trata de recomendaciones que solo son admisibles si fortalecen al Sistema de protección de Derechos Humanos y a su Relatoría Especial. Nunca si lo debilitan. En este sentido, las posiciones de algunos Estados que han sido objeto de cuestionamientos por sus decisiones en materia de libertad de expresión y que querían un consenso en torno al debilitamiento de la Relatoría Especial por la Libertad de Expresión resultaron evidentemente minoritarias.
Expresamos nuestro respaldo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), animamos a los destacados Comisionados a que realicen una cuidadosa evaluación de cada recomendación planteada por el Grupo de Trabajo y adopten únicamente aquellas que no afecten negativamente al Sistema, ni a las potenciales víctimas o usuarios del SIDH.
Las organizaciones de la sociedad civil de la región hemos sido actores fundamentales en la protección de derechos de todas las personas y en la construcción y consolidación de nuestras democracias. Con ese mismo espíritu democrático, deseamos aportar nuestra experiencia y experticia al debate sobre las recomendaciones mencionadas.
Por lo anterior, invitamos a la CIDH a un diálogo abierto y fluido que permita tomar en cuenta las distintas perspectivas que deben ser evaluadas antes de adoptar cualquier decisión que pueda afectar la protección de los derechos de las y los habitantes de las Américas.
Creemos que estamos ante una enorme oportunidad. El SIDH recibió el día miércoles pasado 25 de Enero de 2012, un importante respaldo político de los Estados miembro más democráticos de la región. Desde la sociedad civil expresamos también nuestro respaldo para avanzar en la protección efectiva de los derechos humanos de los ciudadanos de las Américas.

Demandan a VTV por falta de pluralidad informativa en su programación

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