Balance sobre la situación del derecho a la reunión y manifestación en Venezuela en 2017

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Por Ivahnova González C.[1] – El balance sobre la situación del derecho a manifestar pacíficamente en Venezuela da cuenta de protestas y asambleas realizadas por la ciudadanía marcadas por la profunda crisis política y económica que azota a la nación desde hace varios años. En 2017, el país entra en un proceso hiperinflacionario, el encarecimiento de bienes y servicios y la ausencia de recursos para garantizar condiciones de vida dignas agravó una migración forzada sin precedentes en el continente americano. A su vez, la suspensión injustificada de elecciones regionales y la paralización de un proceso de referendo revocatorio en 2016, sumaron el cierre de las vías institucionales para una solución democrática. La respuesta ciudadana fue la calle.

De enero a diciembre de 2017, se contabilizaron un total de al menos 2.634 manifestaciones públicas[2] en el ámbito nacional. Los datos demostraron que diariamente la ciudadanía salió a ejercer y reclamar con mayor fuerza su derecho a la reunión y manifestación en Venezuela; a pesar de que se observó una disminución de las movilizaciones de calle del 25,51% con respecto a los datos registrados el año anterior[3].

2017 en tres momentos

Durante el año 2017, se registraron una serie de hechos que detonaron un ciclo de manifestaciones en todo el territorio nacional con características inéditas, distintas a las documentadas dentro de la cultura de los movimientos de calle desarrolladas en el país hasta ahora. El presente análisis se realizó en tres períodos debido a las características coyunturales particulares observadas en cada uno.

El primer período analiza los datos extraídos de las variables de los movimientos de calle realizados entre los meses de enero y marzo. Las irregularidades en materia alimenticia, las constantes fallas en los sistemas de distribución de servicios públicos (agua potable, gas doméstico, electricidad, transporte público), las exigencias por el pago de pasivos, homologación de contratos, mejoras en las condiciones laborales en general, así como la ineficiencia del aparato estatal para responder las demandas del colectivo, configuraron y caracterizaron las exigencias de la sociedad venezolana manifestante. En este trimestre, los focos de violencia fueron de baja intensidad, con protestas intermitentes.

El segundo período está conformado por los movimientos de calle realizados entre los meses de abril-julio. Este ciclo de manifestaciones se caracterizó por  la presencia continua de los manifestantes en las calles, alta conflictividad política y la aplicación de fuerza excesiva por parte de los cuerpos de seguridad estatales hacia los manifestantes. El ejemplo más extremo se pudo ver en las acciones violentas ejecutadas en las zonas residenciales, hacia los ciudadanos, quienes denunciaron violaciones de derechos humanos como, allanamientos ilegales, detenciones extrajudiciales, actos de humillación, hostigamiento y asesinatos. La ejecución de las acciones represivas coincidió con la puesta en marcha del “Plan Zamora”, que de acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro “era un plan estratégico para responder a posibles eventos adversos o intervención extranjera que ponga en riesgo la seguridad del país”[4]. El ciclo de manifestaciones registrado en este cuatrimestre revela nuevas dinámicas asociadas a la frecuencia e intensidad de las protestas, así como una variación negativa de las respuestas estatales, definidas por el uso excesivo de la fuerza.

El último período, comprendido entre agosto y diciembre, se caracterizó por una disminución significativa en la conflictividad social apreciada en las calles; en consecuencia, las protestas retomaron su carácter irregular con focos de violencia de baja intensidad. Aquí se infiere que disminuye el número de manifestaciones debido a los conflictos registrados en el período anterior que podría incidir sobre las exigencias de la sociedad, manteniéndose las movilizaciones y demandas por los servicios públicos.

 

El primer trimestre

Las cifras mostraron que durante el primer trimestre del año los venezolanos se movilizaron 521 veces. El estado que presentó mayor actividad fue Lara, localizado en la región centroccidental del país, durante el mes de marzo con 44 protestas, seguido del estado Miranda, cuya mayor actividad se observó en enero con 38 movimientos de calle. La capital venezolana ocupó el tercer lugar con 33 movilizaciones realizadas durante el mes de marzo. Los estados Bolívar y Aragua experimentaron su mayor pico en enero y marzo, disminuyendo su actividad en el mes de febrero.

 

ESTADOENEROFEBREROMARZOTOTALES
Lara14274485
Miranda38261983
Distrito Capital20223375
Bolívar2493265
Aragua32102163
Zulia15221350
Carabobo1131226
Vargas481123
Monagas26917
Anzoátegui61815
Dependencias Federales44
Portuguesa224
Táchira33
Mérida123
Falcón112
Nueva Esparta11
Simultáneos11
Amazonas11
TOTALES174138209521

 Cuadro 1: Número de manifestaciones públicas por mes

 

Motivos para manifestar

Dentro del territorio nacional, la radiografía de la protesta social se alimentó de las exigencias de una sociedad que manifestó por la ineficiencia e incapacidad del aparato estatal para dar respuestas. Durante el primer trimestre del año, las motivaciones de la ciudadanía estuvieron orientadas a la exigencia por los derechos laborales, derecho a la alimentación, derechos políticos/civiles, servicios básicos como el agua potable y el derecho a la educación.

 

DERECHOSTOTALES%
Derechos laborales15028,79
Derecho a la alimentación6111,7
Derechos políticos/civiles479,02
Derechos básicos/agua448,44
Derecho a la educación417,86
Seguridad ciudadana295,56
Contra la crisis del país214,03
Servicios básicos en general193,64
Derecho a la seguridad social173,26
Derecho de los usuarios173,26
Derecho a la justicia163,07
Derecho a la salud142,68
Derecho a la vivienda101,91
Servicios básicos/aguas negras91,72
Servicios básicos/gas81,53
Servicios básicos/electricidad61,15
Servicios básicos/vialidad50,95
Derechos de las personas privadas de libertad30,57
Derecho a la propiedad20,38
Derecho a la libertad de expresión10,19
Desconocido10,19
TOTAL521100

Cuadro 2: Número de manifestaciones públicas por demandas entre enero y marzo

 

Con un total de 28,79% las exigencias por el pago de deudas, salarios caídos, homologación y otras reivindicaciones laborales mantienen a los trabajadores como el sector más movilizado por segundo año consecutivo. La exigencia por la normalización en la venta y distribución de los alimentos se ubica en el segundo puesto con un total de 61 protestas.

Durante el monitoreo realizado en el primer trimestre del 2017, otra causa para manifestar asumida entre los venezolanos fueron los derechos políticos/civiles con 47 movilizaciones, asociados al rechazo a las políticas del Gobierno y a la exigencia de la renuncia de las autoridades. La demanda por el servicio de agua potable, por la normalización en la distribución del servicio y el restablecimiento del servicio registró 44 protestas a nivel nacional. En quinto lugar, el derecho a la educación asociado a las fallas estructurales en las unidades educativas y a la exigencia en el pago de los recursos, alcanzó el 7,86% de las demandas.

 

Tipo de protesta

No hubo grandes cambios en los métodos de protesta implementados en el año 2017 con respecto al período anterior y el récord histórico de manifestaciones: cierres de vías, concentración, marcha, paro de actividades, protesta simbólica, pancartazo. Estos resultados coinciden con la interpretación realizada por la investigadora y doctora en Ciencias Sociales Margarita López Maya[5], quien explica que para algunos autores los tipos de protesta implementados por algunas sociedades son “limitados en número y proceden de la experiencia de luchas pasadas de esa sociedad o han sido incorporados por imitación”; asimismo, López Maya expresa que las formas de protesta de una sociedad suelen permanecer estables en el tiempo.

Los tipos de protesta predominantes fueron el cierre de vía, seguido por concentración y marcha. A continuación se presenta un cuadro en donde se observan los tipos de movilizaciones más frecuentes en Venezuela durante el primer trimestre de 2017.

TIPO DE PROTESTATOTALES%
Concentración21641,45
Cierre de vía18635,7
Marcha366,9
Paro de actividades315,95
Toma de sede/terreno142,68
Cierre de accesos122,3
Huelga de hambre71,34
Secuestro/quema de objetos40,76
Caravana30,57
Pancartazo30,57
Encadenamiento30,57
Amotinamiento20,38
Asamblea20,38
Protesta simbólica20,38
TOTALES521100

Cuadro 3: Tipo de protestas entre enero y marzo de 2017

 

Contexto político

El año 2017 empezó cargado de mucha turbulencia y movilidad social impulsada por el descontento de la población que llenó las calles con continuas movilizaciones. Las sanciones a los altos funcionarios del Gobierno, la crisis política y económica que abraza a la crisis estructural, la delincuencia, las continuas y sostenidas violaciones a los derechos humanos, la aprobación de las sentencias 155° y 156°[6] del Tribunal Supremo de Justicia, caracterizaron la dinámica de la sociedad venezolana durante 2017.

El 9 de enero de 2017, el Parlamento venezolano –de mayoría opositora– abrió debate con un único punto en su agenda que era la discusión sobre el ejercicio constitucional del Presidente en cargo, Nicolás Maduro, y la necesidad de hacer un llamado a elecciones como solución a la crisis. Ese mismo día la Asamblea Nacional declaró que el presidente Nicolás Maduro había incurrido en abandono del cargo en medio de la grave crisis política y económica que atraviesa la nación.

El 9 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprueba las sentencias 155º y 156º con las cuales asume las competencias de la Asamblea Nacional, anulando todas sus decisiones, dictamina que los diputados carecen de inmunidad parlamentaria y le confiere al presidente Nicolás Maduro todos los poderes para legislar en el país. Ese mismo mes, el 31 de marzo, Luisa Ortega Díaz, quien ejercía funciones como fiscal general de la República, declaró que había una ruptura del “orden constitucional”, luego que el TSJ asumiera las funciones de la desplazada AN.

Estos hechos trajeron como consecuencia el inicio de un ciclo de protestas, que empezaron el 1° de abril y culminaron el 27 de julio. En el contexto de estas manifestaciones, el presidente Maduro ordenó la activación de un nuevo plan cívico-militar de seguridad denominado “Plan Zamora”, que consistía en el despliegue de fuerzas de orden, junto con la participación y movilización de grupos de civiles y fuerzas policiales.

Durante aquel período, las fuerzas militares y los cuerpos policiales continuaron con el uso indebido de la fuerza en contra de los manifestantes. En ese entonces, la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, informó que 121 personas habían perdido la vida dentro del contexto de las protestas, entre ellas los estudiantes Jairo Ortiz –en una manifestación que se desarrollaba en la urbanización Carrizal, estado Miranda–, Juan Pernalete –en la urbanización Altamira con el impacto de una bomba lacrimógena en el pecho–, Armando Cañizales, Miguel Castillo Bracho, Neomar Lander y David Vallenilla, entre otros, mientras que 1958 personas resultaron heridas.

El 28 de julio, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, anunció la prohibición de las manifestaciones públicas a través del Decreto 2992, emitido por el presidente Nicolás Maduro, el cual “prohíbe absolutamente los derechos a la manifestación y reuniones públicas”[7].

El 30 de julio se celebraron los presuntos comicios de la asamblea nacional constituyente, marcados por las denuncias de fraude e irregularidades debido a que Nicolás Maduro, como presidente “1) usurpó el poder del pueblo, 2) El Ejecutivo y el CNE violaron el principio de democracia participativa, 3) la convocatoria ratifica la falta de independencia entre los poderes, 4) La anc le da poderes plenipotenciarios a los constituyentistas”[8]. Los resultados del acto electoral arrojaron 8 millones de votos que le valieron la presidencia de este organismo a Delcy Rodríguez y como primer vicepresidente a Aristóbulo Istúriz.

Miembros de la ilegal anc en el Hemiciclo de sesiones. Foto: Aporrea

El 25 de agosto de 2017, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, impone las primeras sanciones financieras al Gobierno de Venezuela. La orden ejecutiva prohibía transar nueva deuda emitida por el Gobierno venezolano y la estatal Pdvsa. También se prohibieron las transacciones de ciertos bonos propiedad del sector público venezolano. Todo ello porque el Gobierno “ha incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, acciones antidemocráticas y es responsable de una profunda crisis humanitaria”[9]. Estas serían las primeras sanciones generales, al Gobierno como institución pública y no a funcionarios particulares, por lo que tendrían implicaciones en la economía nacional y por tanto incidencia en la crisis del país, al afectar directamente los recursos de la administración pública.

El 15 de octubre se celebraron elecciones regionales, que fueron postergadas sin justificación por el Consejo Nacional Electoral un año antes, aunado a la cancelación del proceso de referendo revocatorio presidencial iniciado por la Asamblea Nacional. Tras obtener las firmas necesarias, según lo establecido en la legislación nacional, la decisión simultánea de cinco tribunales en los estados Aragua, Carabobo, Monagas, Apure y Bolívar, de anular la recolección de firmas en sus jurisdicciones, canceló el proceso en su totalidad el 20 de octubre.

 

Ciclo de protestas 1° de abril al 27 de julio 2017

Las movilizaciones de calle ocurridas entre los meses de abril y julio representaron un punto de inflexión en la nación. En este cuatrimestre se observaron protestas masivas sostenidas durante 134 días consecutivos y se registraron 1526 movimientos de calle. Esto representa un aumento del 134,25%  en el número de movilizaciones, con respecto al primer trimestre del año.

Cuadro 4: Ciclo de protestas abril-julio 2017

MESESTOTALES
Abril381
Mayo468
Junio357
Julio320
TOTALES1526

 

Modalidades de la protesta

Durante los meses de abril, mayo, junio y julio, los venezolanos prefirieron la calle como escenario para manifestar su descontento y exigir el cumplimiento de sus derechos. Los cierres de vía, las concentraciones y las marchas siguen siendo la modalidad de protesta por excelencia de acuerdo con el registro histórico del año 2016. En ese período de abril a julio del 2017 se documentaron 643 cierres de vía (42,13%), 370 concentraciones de calle (24,24%) y 354 marchas (23,19%). Estas tres formas de protesta suman el 89% de las protestas registradas durante el año 2017.

PROTESTAS TIPOTOTAL%
Cierre de vía64342,13
Concentración37024,24
Marcha35423,19
Protesta simbólica452,94
Paro de actividades412,68
Pancartazo221,44
Cierre de accesos120,78
Caravana100,65
Toma de sede/terreno90,58
Asamblea80,52
Secuestro/quema de objetos40,26
Huelga de hambre20,13
Amotinamiento20,13
No se indica en la nota20,13
Encadenamiento10,06
Cacerolazo10,06
TOTAL1526100

Cuadro 5: Modalidades de la protesta

 

Sectores manifestantes y sus motivaciones

El panorama de la lucha social estuvo protagonizado por diversos sectores, públicos y privados y, a su vez, las razones para movilizarse se alimentaron de las diversas aristas que configuran la profunda crisis estructural que atraviesa la nación desde hace varios años.

En el período constituido entre abril y julio, parte de las razones que motivaron a los venezolanos a movilizarse principalmente estuvieron constituidas por la exigencia de: derechos políticos/civiles, derechos laborales, derecho a la salud y por los derechos básicos.

Los actores heterogéneos se manifestaron 301 veces a favor del cumplimiento de los derechos políticos/civiles, seguidos de los vecinos que se movilizaron un total de 65 veces para exigir mejoras en los servicios de distribución de gas doméstico. Por segunda vez se repiten los derechos políticos/civiles, en esta oportunidad las exigencias vinieron del sector estudiantil, quienes se movilizaron 55 veces a favor. Los trabajadores de la salud se movilizaron 37 veces para reclamar mejoras en los servicios de salud, atención oportuna, dotación de medicinas y equipos en los centros hospitalarios. La militancia política venezolana también se movilizó 30 veces, en 134 días a favor del cumplimiento de los derechos políticos/civiles.

Finalmente, el registro indica que los trabajadores del Estado tomaron las calles en 28 oportunidades para demandar el cumplimiento de los salarios caídos, bonos, discusión de contrato colectivo y otras reivindicaciones laborales.

 

SECTORES MANIFESTANTESTOTAL MANIFESTACIONESMOTIVACIONES%
Actores heterogéneos301Derechos políticos/civiles19,72
Vecinos65Servicios básicos/gas4,25
Estudiantes55Derechos políticos/civiles3,6
Trabajadores de la salud37Derecho a la salud2,42
Militantes políticos30Derechos políticos/civiles1,96
Trabajadores del Estado28Derechos laborales1,83

Cuadro 6: Principales sectores manifestantes y sus motivaciones

 

Plan Zamora: represión formalizada 

El 18 de abril de 2017, Nicolás Maduro anunció públicamente la puesta en marcha del Plan Zamora, plan estratégico cívico-militar basado en “la operación conjunta de las fuerzas armadas, las milicias y las fuerzas populares”, “ante posibles ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía del país”[10]. Una segunda fase del Plan Zamora se inició el 17 de mayo. No hubo documento público oficial sobre el funcionamiento y alcance de este dispositivo de seguridad del Estado.

En líneas generales, el Plan Zamora contempló dos vicios estructurales desde los estándares de derechos humanos. El primero, la incursión ilegítima de civiles armados y fuerzas militares en operaciones de seguridad pública, ya que por mandato constitucional e internacional solo las fuerzas policiales civiles debidamente entrenadas y capacitadas están autorizadas para gestionar reuniones públicas, según establecen los artículos 332 y 329 de la Constitución y casos de la Corte Interamericana contra Venezuela, como Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). El segundo, el uso de armas del Estado a manos de grupos armados, civiles y militares, para defender una parcialidad política-partidista, en perjuicio de los derechos de la población manifestante relativos a la integridad, vida, libertad personal, de reunión y expresión, debido proceso y participación política.

Como informa la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de Naciones Unidas (en adelante “ACNUDH”), este plan se tradujo en el aumento de la violencia contra las manifestaciones, bajo una suerte de “estado de excepción” no declarado. Arraigado en su enfoque de seguridad nacional, la ACNUDH “identificó una correlación entre el número de manifestaciones, el número de muertes y el número de detenciones practicadas durante las manifestaciones, lo que demostró que en los estados donde las protestas eran más numerosas hubo un mayor número de detenciones y de muertes de manifestantes”[11]. Así, el Plan Zamora constituyó un plan de respuesta coordinado del Ejecutivo Nacional para reprimir la disidencia y aplacar las manifestaciones en el país, luego del cual, en particular a mediados de junio de 2017, las protestas registraron un progresivo descenso.

 

Ataque a lo privado: violencia en zonas residenciales

De abril a julio, se observó la celebración de manifestaciones multitudinarias en contra del Gobierno; para esos días, el Plan Zamora buscaba resguardar al país “ante ataques internos y externos que amenacen la paz y la soberanía.”[12]. En lo sucesivo, se reportó un aumento en el despliegue de fuerzas de militares y civiles para ejecutar acciones represivas en contra de los manifestantes no solo en los lugares públicos que servían como puntos de concentración o de encuentro, sino en zonas residenciales y urbanizaciones. En este sentido, Rocío San Miguel, especialista en seguridad y defensa, interpreta que el Plan Zamora no era más que una extensión del Plan Ávila para “impedir la protesta[13]”.

Entre los meses de abril a julio, el programa de Observatorio Social de Espacio Público, contabilizó un total de 1500 (98,29%) protestas de carácter pacífico frente a 26 (1,70%) manifestaciones de carácter violento. Sin embargo, el número de manifestaciones pacíficas reprimidas fue superior al de las protestas de carácter violento reprimidas, con un registro de 343 (22,47%). A pesar de que se observó una disminución en el número de manifestaciones violentas, el número de protestas pacíficas reprimidas entre los meses de abril y julio en todo el país aumentó un 280%, 153 protestas reprimidas más con respecto al registro del año 2016 en un período de cuatro meses.

Durante el segundo cuatrimestre de 2017, los datos demostraron que el 95,62% (328) de las protestas pacíficas fueron reprimidas por cuerpos de seguridad del Estado, siendo la GNB con un 51% del total, el organismo militar responsable del mayor número de represiones de manifestaciones pacíficas. En este sentido, la data no solo demostró que los organismos de seguridad estatal trabajan en alianza con otros organismos de poder y control interno, sino que pueden ejecutar acciones represivas ilegales con otros grupos desconocidos que, de acuerdo con la descripción documentada, corresponden a grupos civiles armados.

Un reporte presentado por la organización Human Rights Watch señaló que los allanamientos contaron con la participación de los llamados “colectivos”, que funcionan como parte de las “fuerzas de seguridad y pandillas armadas partidarias del Gobierno”[14].

Igualmente, los resultados señalaron que 10,49% de la manifestaciones fueron reprimidas por la GNB en conjunto con la PNB, seguidos por otros eventos en donde se observó la actuación de la PNB de manera solitaria con 9,32%. La movilización de civiles armados no identificados para ejercer acciones de fuerza ocupa el cuarto lugar con el 2,62% de las incidencias. Los últimos escaños son ocupados por los cuerpos de seguridad regionales como Polimérida, que registró el 1,74 % (6 eventos), seguido de Polinaguanagua, que registró 1,45% (4 incidencias).

El trabajo de monitoreo y documentación evidenció que durante el ciclo de protestas  abril-julio 2017, 47 personas resultaron fallecidas, 893 detenidas y 1244 lesionadas como consecuencia de las acciones orientadas a mermar las manifestaciones públicas en todo el país.

En las arremetidas contra sectores de oposición, las armas más utilizadas por las fuerzas militares para ejecutar acciones represivas se encuentran las bombas lacrimógenas con 124, seguidas por el uso en conjunto de bombas lacrimógenas y perdigones (87). En tercer lugar, se encuentra el uso de pequeños proyectiles de la munición escopeta, denominados perdigones, 19 veces. Las bombas lacrimógenas y las armas de fuego registran 17 casos y se ubican en la lista de los tipos de armas de uso frecuente para realizar las acciones represivas. Por último, la combinación entre las armas de fuego y los perdigones se presenta con 14 de los casos, en el tipo de armas para la ejecución de los actos de represión.

De estos hechos represivos, las zonas residenciales y urbanizaciones no quedaron excluidas. Hay denuncias de hostigamiento, uso de fuerza excesiva como torturas y golpizas violentas, redadas y hasta detenciones ilegítimas hacia quienes residen en sectores y comunidades aledañas a los puntos de concentración. Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Right Watch, denunciaron que agentes de inteligencia realizaron allanamientos y detenciones arbitrarias en múltiples zonas residenciales de todo el país. Por su parte, el informe presentado por Amnistía Internacional afirmó que los allanamientos se “caracterizaron por el uso ilegal de la fuerza, las amenazas y las detenciones masivas arbitrarias, y con frecuencia estuvieron vinculadas con operaciones policiales y militares contra las protestas que tenían lugar cerca de las comunidades”[15].

Las conclusiones presentadas por los informes de ambas organizaciones, coinciden con los datos recogidos por el Observatorio Social de Espacio Público, que demostraron que el 5,30% (66 personas) de los registros corresponden a personas que resultaron lesionadas principalmente en zonas residenciales. Asimismo, la data develó que 12,31% (110 personas) de las detenciones realizadas durante el ciclo de protestas de abril-julio, se ejecutaron principalmente en urbanizaciones y complejos residenciales.

Los atropellos y vejaciones en los diversos sectores residenciales fueron ejecutados por los miembros de distintas fuerzas de orden y por civiles armados no identificados en Miranda (18 eventos) y 12 estados: Distrito Capital (16 casos), Lara (9 casos), Zulia (4 casos), Bolívar (3 casos), simultáneamente en Miranda y Distrito Capital (2 casos), Táchira (2 casos), Mérida (2 eventos), Vargas (1 evento), Portuguesa (1 caso), Carabobo (1 evento) y Aragua (1 caso).

Todas estas acciones revelan un esquema sistematizado de criminalización de la protesta y violación al derecho a la manifestación y reunión pacífica; asimismo, el derecho a la libertad personal establecido en el artículo 44 de la CRBV quedó desprotegido al aprehender a las víctimas de manera ilegal, sin orden judicial, mantenerlas incomunicadas y procesarlas bajo cargos ambiguos.

 

ONU: política destinada a reprimir

El artículo 53 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela garantiza la protesta pacífica y sin previo aviso. Este derecho está reconocido por instrumentos internacionales suscritos por el Estado, como en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 20 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En el sistema interamericano también se protege el derecho de reunión pacífica de conformidad con los artículos 15 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, respectivamente.

El derecho de reunión pacífica fue sistemáticamente transgredido por el Estado venezolano durante el período de análisis. La concatenación de múltiples prácticas restrictivas a la mayoría de las manifestaciones registradas, con énfasis en las de contenido estrictamente político, mediante un patrón de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, uso excesivo de la fuerza, judicialización y malos tratos acompañados de vulneraciones al debido proceso, informan una lógica de seguridad nacional destinada a aplacar la protesta y con ello hacer mella en la voluntad política de la población por exponer sus reclamos colectivamente.

El Informe Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017, resaltó, además, la motivación política y el carácter organizado de la represión estatal. “Estos hechos apuntan a la existencia de una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones”. “El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos denota que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados”, habida cuenta de “un aumento de la estigmatización de las personas percibidas como opositoras al Gobierno del Presidente Maduro”[16].

A diferencia de las expresiones de descontento anteriores, las protestas se extendieron a casi todo el país, incluyendo zonas urbanas y rurales. En ellas participaron personas de distintas generaciones y sectores sociales, siendo los jóvenes quienes asumieron el liderazgo. Ante este panorama inédito, el Estado utilizó la criminalización masiva e indiscriminada para silenciar el malestar de diversos grupos, bajo el presupuesto ideológico de que la reunión pacífica es una amenaza al Gobierno. En términos jurídicos, esta conducta sistemática ofrece un indicio razonable y preciso en el análisis sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por motivos de persecución política, es decir, contra la población opositora o percibida como tal por el Gobierno.

 

Protesta frente al CNE, octubre 2017. Foto: cortesía

El desgaste de las movilizaciones. Período agosto-diciembre 2017

La información obtenida sobre la actividad de calle durante los meses de agosto a diciembre del año 2017 mostraron una merma en los movimientos de calle en toda la nación. Estos registros señalaron una disminución de la movilización del 134,25% con respecto al período de mayor conflictividad social experimentado entre los meses de abril-julio.

Demandas y sus protagonistas

Los vecinos de zonas residenciales fueron el sector que reportó mayor movilidad, 44,63% (262 eventos), para protestar por las constantes fallas en los servicios públicos en general. Los vecinos se movilizaron un total de 6,81% (40 veces) para exigir la pronta entrega de recursos por parte del Estado. Los trabajadores industriales en total protestaron 6,30% (37 veces) por los derechos laborales. Los jubilados y pensionados ocuparon el cuarto lugar como el sector más movilizado, esta vez, en contra de irregularidades, negligencia gubernamental y corrupción. Los trabajadores del Estado se movilizaron 27 veces (4,59%) por la exigencia en el cumplimiento de sus derechos laborales. Personas pertenecientes a diferentes sectores se movilizaron 27 veces (4,59%) en contra de la crisis del país, las irregularidades, la negligencia y la corrupción. Los simpatizantes de la oposición tomaron las calles 25 veces (4,25%) para protestar en contra del Gobierno y sus medidas.

Los trabajadores de las alcaldías se movilizaron en 23 ocasiones (3,91%) a favor de los derechos laborales. La demanda por la pronta entrega de recursos movilizó a los estudiantes y a los trabajadores del sector transporte, 17 veces (2,89%) y 13 veces (2,21%), respectivamente. Los trabajadores de la salud se movilizaron para exigir pagos y aumentos salariales, homologación y firma de contratos colectivos 1,70% de las veces (10) durante el lapso de agosto-diciembre.

SECTORES MOVILIZADOS[17]DEMANDASTOTALES%
Vecinos[18]Servicios públicos26244,63
Usuarios[19]Entrega de recursos406,81
Trabajadores[20] industrialesDerechos laborales376,3
Jubilados y pensionados[21]Irregularidades, negligencia y corrupción284,77
Trabajadores del Estado[22]Derechos laborales274,59
Actores heterogéneos[23]Contra la crisis del país e irregularidades, negligencia y corrupción274,59
Simpatizantes de la oposició[24]nContra el gobierno254,25
Trabajadores de las alcal[25]díasDerechos laborales233,91
Estudiantes[26]Entrega de recursos172,89
Trabajadores del transporte[27]Entrega de recursos132,21
Trabajadores de la salud[28]Derechos laborales101,7

Cuadro 7: Top 10 sectores más movilizados y sus demandas

 

Represión estatal

560 protestas pacíficas celebradas en el período comprendido entre agosto-diciembre, no fueron reprimidas, lo que implica una reducción de 92,13% de las acciones represivas por parte de las autoridades correspondientes con respecto a este lapso entre abril-julio, momento en el cual se registró mayor tensión política y se desplegó el Plan Zamora. Una notable disminución en el número de lesionados también se observó. Los datos estadísticos contabilizaron siete lesionados durante los meses de agosto y diciembre, esto implica que el 0,56% de las personas resultaron heridas durante este contexto.

 

REPRIMIDATOTALESLESIONADOSTOTALES
No560No113
Si27Si7
TOTALES587TOTALES120

Cuadro 8: Total manifestaciones reprimidas y total de lesionados agosto-diciembre 2017

 

Asesinatos en el contexto de manifestaciones

En Venezuela impera un cuadro generalizado de denegación de justicia que se caracteriza por la impunidad como política de facto. En un contexto de criminalización sistemática de la disidencia, y ante la ausencia de instituciones democráticas que garanticen los derechos humanos, la arbitrariedad desde las altas esferas del poder se reproduce y da forma a un patrón cíclico de violencia institucional que involucra tanto a operadores de justicia en general como a la escala de mando de funcionarios civiles y militares que burlan su deber de dirigir cualquier investigación tendiente a esclarecer los hechos de sus subordinados.

Las familias de las personas que fueron asesinadas durante las protestas masivas de 2017 enfrentan todavía obstáculos generalizados a sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación, sin que se haya avanzado en la mayoría de las investigaciones. Los casos de Neomar Lander, David Vallenilla, Armando Cañizales y Miguel Castillo Bracho son apenas algunos de los síntomas graves de la impunidad instaurada. Además, “las familias, principalmente las mujeres, han sido amenazadas y acosadas por los servicios de inteligencia y por la policía, y algunas se han visto obligadas a abandonar el país. Las familias de las personas asesinadas durante las operaciones de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) tampoco han recibido justicia. Ellas se han enfrentado a múltiples obstáculos, entre ellos la renuencia de los/las fiscales a recibir sus denuncias, y la denegación del acceso a la información y a medidas de protección y apoyo psicosocial”[29]

El informe de julio de 2019 sobre Venezuela de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, identifica patrones de impunidad que rodean a estos casos. Entre ellos, la falta de cooperación entre fuerzas de seguridad y fuerzas armadas con las investigaciones, la manipulación de la escena del crimen y las pruebas por parte de las fuerzas de seguridad, los retrasos y dilataciones indebidas de los procesos y recursos judiciales, la elevada rotación de fiscales y jueces, incluida la corrupción y falta de independencia del sistema de justicia en general. Esto sigue a un discurso estigmatizante de altos funcionarios, principalmente del Ejecutivo Nacional, así como de ruptura del Estado de Derecho y sus instituciones jurídicas, que avala la descalificación y persecución como “enemigo” de los adversarios políticos, así como de la ciudadanía que se moviliza por sus derechos humanos.

La impunidad constituye una vulneración estructural de los derechos humanos al negar cualquier garantía estatal sobre su posibilidad real de ejercicio y disfrute. Cuando adquiere dimensiones de sistematicidad o generalidad, puede alcanzar, en el contexto de otras violaciones a derechos humanos por razones políticas, el rango de crímenes de lesa humanidad, lo cual abarcaría no solo la responsabilidad estatal sino la individual penal de altos funcionarios frente a hechos de esta naturaleza.

El Estado se mantiene de espaldas a las obligaciones de garantía más elementales sobre derechos humanos consistentes en los deberes de investigación, procesamiento, sanción y reparación integral con garantías de no repetición a las víctimas, en tanto se encuentra cooptado por una élite partidista enquistada en el poder. Esta conducta autoritaria compromete los artículos 19, 20 y 30 de la Constitución, así como las obligaciones internacionales previstas en los artículos 1.1, 2, 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

 

 

Consideraciones finales

El Estado venezolano asume la obligación de generar las condiciones normativas y prácticas que aseguren un ambiente democrático para el ejercicio pleno y efectivo de los derechos humanos. Su mandato público es ser un vehículo no solo de la manifestación como principio y valor preponderantes en una democracia, sino del diálogo político que permite encarar los reclamos por abusos estatales y canalizar cualquier diferencia por vías institucionales.

El derecho a la reunión pacífica exige cultivar un enfoque garantista particular. El Estado debe erradicar el paradigma del derecho como “amenaza” e instalar en su lugar uno nuevo conformado por los principios de apertura, tolerancia y pluralismo como plataforma intrínseca del derecho. Las garantías se traducen en limitar cualquier interferencia al mínimo estrictamente necesario, al tiempo de proteger activamente el derecho, lo que demanda organizar toda la actividad pública en aras de que la ciudadanía democrática se exprese libremente.

Los desafíos a la reunión pacífica se incrustan en la raíz autoritaria del Estado. Se requieren cambios profundos en las estructuras policiales, militares y servicios de vigilancia, así como en el sistema de justicia, de sus principales operadores (fiscales y jueces) y el entramado normativo que criminaliza y pretende anular el reconocimiento de sujeto de derecho de cualquier persona que reivindica sus derechos y/o adversa políticamente al Gobierno de turno. También urge poner foco en las diversas desigualdades que coartan el ejercicio del derecho. La idea básica de los derechos humanos es limitar al Estado, no que aquellos sean su motivo para reprimir.

La calidad democrática y de derechos humanos de un Estado se mide constantemente en relación con el número de reuniones pacíficas que protege y por los problemas de fondo que supera apegado al Estado de Derecho.

 

 

Metodología

El registro de los datos se realizó sobre una matriz de casos que incluye variables como la fecha de ocurrencia de las protestas o eventos (día, mes y año), el nombre del medio electrónico que sirve como fuente de consulta y su enlace electrónico, área geográfica que incluye estado y ciudad en donde se desarrolló el evento, tipo de protesta, carácter de la protesta, manifestantes y los sectores a los que pertenecen, demanda y derecho que exigen, una breve descripción del contexto, entre otras variables cuyas categorías han sido definidas previamente.

La base de manifestaciones se alimenta de fuentes hemerográficas disponibles en los medios impresos que circulan en el ámbito nacional y regional, así como registros de notas de prensa de medios digitales. Parte del proceso de sistematización de la información impresa es realizada por la organización Provea.

Una vez que se tuvieron los datos debidamente registrados y sistematizados, se procedió a realizar un proceso de depuración y cruce de variables. Tras los cálculos estadísticos se obtuvieron los datos que le dan forma a este trabajo.

 

 


[1] Magíster en Comunicación para el Desarrollo. Oficial del programa de Observatorio Social de Espacio Público. Trabajo redactado con el apoyo de Ricardo Rosales, Magíster en Derechos Humanos por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

[2] Datos del Programa de Observatorio Social de Espacio Público.

[3] Espacio Público (2016). Situación del derecho a la manifestación y reunión pacífica en Venezuela Enero-Diciembre 2016. En Espacio Público. Informe 2016. Situación del derecho a la Libertad de Expresión e Información (pp. 93-99). Caracas: Espacio Público.

[4] García Marco, Daniel (10 May 2017). «Qué es el Plan Zamora y por qué más de 250 detenidos en Venezuela responden ante un tribunal militar». BBC Mundo. Consultado el 7/2/2020 en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-39852853

[5] López Maya, M. (2000). La protesta popular en la Venezuela contemporánea: enfoque conceptual-metodológico y fuentes. En Rodríguez, J.A (compilador). En Visiones del oficio. Historiadores venezolanos en el siglo XXI.

[6] Brewer-Carías, A. (5 de abril de 2007). La nueva farsa del juez constitucional controlado: la inconstitucional y falsa “corrección” de la usurpación de funciones legislativas por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo. Recuperado 4 de febrero de 2020 desde https://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2017/04/151.-doc.-Brewer-Nueva-farsa-del-Juez-Constitucional.-Falsa-correcci%C3%B3n.-Sentencias-Sala-Constit.-157-y-158-.-4-4-2017.pdf

[7] Espacio Público ( 27 de julio de 2017). Espacio Público interpone recurso de nulidad contra prohibición de manifestantes. Recuperado el 4 de febrero de 2020 en  http://espaciopublico.ong/espacio-publico-interpone-recurso-nulidad-prohibicion-manifestaciones/.

[8] Espacio Público (20 de julio de 2017). La ANC no resuelve la crisis -guías prácticas y materiales de difusión. Recuperado el 4 de febrero de 2020 en http://espaciopublico.ong/la-anc-no-resuelve-la-crisis-guias-practicas-materiales-difusion/.

[9] Provea (2019). Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela. Recuperado en https://www.derechos.org.ve/investigacion/investigacion-especial-impacto-y-naturaleza-real-de-las-sanciones-economicas-impuestas-a-venezuela

[10]http://w2.ucab.edu.ve/tl_files/CDH/imagenes/Epu%20Vzla%202016/Para%20entender%20el%20Plan%20Zamora.pdf

[11] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (31 de mayo de 2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio. Recuperado el 6/2/2020 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

[12] Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. (s/f). 10 pistas para entender el Plan Zamora. Recuperado el 6/2/2020. https://elucabista.com/wp-content/uploads/2017/05/Para-entender-el-Plan-Zamora-CDH-UCAB-1.pdf

[13] El Cooperante. (18 de abril de 2017). Rocío San Miguel: Fase verde del Plan Zamora no es más que el Plan Ávila ejecutado por la FAN. Recuperado el 6/2/2020 en https://elcooperante.com/rocio-san-miguel-fase-verde-del-plan-zamora-no-es-mas-que-el-plan-avila-ejecutado-por-la-fan/

[14] Human Right Watch. (29 de Noviembre de 2017). Arremetida contra opositores . Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela. Recuperado el 5/2/2020. Disponible en https://www.hrw.org/es/report/2017/11/29/arremetida-contra-opositores/brutalidad-tortura-y-persecucion-politica-en

[15] Amnistía Internacional.(SF), Venezuela 2017/2018. Recuperado el 5/2/2020. Disponible en https://www.amnesty.org/es/countries/americas/venezuela/report-venezuela/

[16] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. (31 de mayo de 2017). Violaciones y abusos de los derechos humanos en el contexto de las protestas en la República Bolivariana de Venezuela del 1 de abril al 31 de julio de 2017. Recuperado el 5/ 2/2019. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

[17] Los tipos de sectores más movilizados se agrupan de acuerdo a unas categorías que hace referencia a un grupo de personas y que comparten ciertas características (laborales, políticas, civiles) que les permiten diferenciarse de otros. Las categorías utilizadas son: vecinos, usuarios, trabajadores industriales, jubilados/pensionados, trabajadores del Estado, actores heterogéneos, simpatizantes de la oposición, trabajadores de las alcaldías, estudiantes, trabajadores del transporte y trabajadores de la salud.

[18] Vecinos: corresponde al grupo de personas que viven en un mismo sector residencial, bien sea, calle, edificio, caserío, pueblo.

[19] Usuarios: corresponde al grupo de personas que hacen uso habitual de algún servicio bien sea público o privado.

[20] Trabajadores industriales:corresponde a un grupo de trabajadores organizados por sectores de producción, por ejemplo: metalúrgico, hierro, petróleo.

[21] Jubilados/pensionados: se refiere a los trabajadores o ex trabajadores que cesaron labores en alguna organización u empresa por alcanzar la edad estipulada en la ley y cumplen las condiciones para el cese laboral.

[22] Trabajadores del Estado: son aquellos trabajadores cuyo empleador es el Estado.

[23] Actores heterogéneos: corresponde a un grupo de ciudadanos caracterizado por su diversidad social, laboral, ideológica, económica, intelectual y educativa.

[24] Simpatizantes de la oposición: grupo de personas que siente afinidad con las ideas propuestas por los partidos que hacen oposición al Gobierno.

[25] Trabajadores de las alcaldías: son aquellos trabajadores públicos que ejercen algún tipo de función o cargo dentro de la estructura administrativa de una alcaldía determinada.

[26] Estudiante: hace referencia al grupo de individuos conformado por estudiantes, principalmente del ciclo universitario.

[27] Transportistas: Grupo de personas que se dedican profesionalmente al transporte principalmente  de personas. Dentro de este grupo laboral, se incluyen a los taxistas y mototaxistas.

[28] Trabajadores de la salud: corresponde al grupo de personas que cumple una prestación de servicio en los diferentes puestos asistenciales de la red que conforma al sistema estatal de salud.

[29] Naciones Unidas Derechos Humanos. Oficina del Alto Comisionado. (4 de julio de 2019). Informe de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela insta a adoptar de inmediato medidas para detener y remediar grave violaciones de derechos. Recuperado el 7/2/2020 en  https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24788&LangID=S

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