Créditos de la fotografía Jose Mafia/NurPhoto via Getty Images)

Asesinaron a 16 periodistas en lo que va de 2018 en América Latina y el Caribe

Organizaciones latinoamericanas de libertad de expresión reunidas en Quito, Ecuador, expresan su preocupación y hacen llamado urgente a los Estados de América Latina y el Caribe a implementar medidas de protección efectivas, y eliminar la impunidad de los casos de violencia que afectan a periodistas de la región.

Hoy 25 de abril 2018, a un mes del secuestro del equipo periodístico del Diario El Comercio de Quito, ocurrido en la frontera colombo-ecuatoriana (y que ha culminado según las últimas informaciones con su asesinato), las 24 organizaciones miembros de la red IFEX-ALC para la defensa de la libertad de expresión y del ejercicio de un periodismo libre, independiente y seguro, levantamos una sentida voz de alerta ante lo que se percibe como una tendencia creciente en la región, con 16 asesinatos de periodistas en lo que va del año.

Exigimos de todos los Estados de América Latina y el Caribe la urgente implementación de medidas efectivas que permitan resguardar la integridad física de los periodistas dentro de sus territorios, así como la investigación ágil y la sanción oportuna de los casos de violencia y asesinato de los cuales ellos sean víctimas.

Resulta inaceptable la poca efectividad de los Estados y la falta de coordinación para proteger de forma efectiva la vida de los periodistas en coberturas complejas, como sucedió recientemente con el triple secuestro y probable asesinato del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra a manos del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de las FARC y señalado por sus vínculos con el narcotráfico.

Asimismo es inaceptable la inacción de los Estados frente a la impunidad que hoy cubren casos como el del asesinato del fotoperiodista Vladimir Legagneur en Haití, en el cual a más de un mes de su asesinato el Estado ha fallado en proveer siquiera identificación positiva de su cuerpo. El caso engrosa la triste lista de casos previos de impunidad del asesinato de periodistas que se arrastra desde el año 2000 en dicho país.

La violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituye una de las formas de censura más extrema. Queremos recordar que los estándares del Sistema Interamericano expresan claramente que es responsabilidad de los Estados garantizar el libre ejercicio del periodismo y resguardar el derecho a la libertad de expresión. A este respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado: “el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento. Esos actos constituyen serios obstáculos para el pleno ejercicio de la libertad de expresión”.

Otras modalidades de violencia

La violencia contra periodistas toma hoy diversas formas en la región. Muchos de los periodistas que son violentados o mueren en el ejercicio de su función lo hacen producto de denuncias o investigaciones sobre hechos vinculados al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado, flagelos que amenazan la institucionalidad de los Estados y de los cuales éstos resultan cómplices directos o por inactividad. En tales contextos es la actividad de la prensa la única forma en la cual los ciudadanos logran comunicar la situación que los afecta. Casos emblemáticos de esta forma de violencia pueden encontrarse en México y Guatemala, y tristemente Ecuador se suma a esta lista con el reciente caso del probable asesinato del equipo periodístico del Diario el Comercio.

En otros casos se trata de una violencia contra periodistas articulada y ejercida directamente desde agentes del Estado en el contexto de movimientos sociales o conflictos de fuerzas políticas. Ejemplo de lo anterior es la situación que se ha vivido en Brasil y Venezuela durante los últimos años, así como en los últimos días se suma la situación vivida en Nicaragua, en que un intento de reforma de la Seguridad Social impuesta por el gobierno de Daniel Ortega desencadenó una serie de protestas populares que fueron reprimidas por la policía, con un saldo de más de 30 muertos y varios heridos. El sábado 21, el periodista Ángel Gahona fue asesinado a balazos mientras transmitía en vivo las protestas públicas en Nicaragua. La portavoz de la Oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell, ha hecho un llamado urgente al gobierno de Nicaragua a respetar los derechos a la libertad de expresión, de reunión pacifica y de asociación. En este contexto, en Argentina el principal agresor de la prensa en general fueron distintas fuerzas de seguridad del estado nacional y de las fuerzas provinciales, que han sido responsables del 43 por ciento de los ataques registrados el año pasado. En este sentido, hay que destacar la situación en las manifestaciones callejeras, que representaron 91 casos (de 132 casos), con las fuerzas de seguridad como las principales agresoras y el resto por manifestantes radicalizados1.

Desde Brasil, México, Paraguay y Perú se reporta cómo la violencia contra periodistas es ejercida particularmente por los poderes políticos locales para censurar la circulación de información que los desfavorece. Se espera un agravamiento de esta tendencia durante este año electoral para tales países.

A los casos de violencia física se suman los ataques a periodistas a través de acoso judicial que son reportados desde Perú, Uruguay y Venezuela. Tales acciones judiciales con fines amedrentatorios son iniciadas por distintas autoridades públicas o poderes económicos que acusan a periodistas de ser causantes del malestar social a través de su acción investigativa que revela casos de abuso de poder y corrupción que los envuelven.

También se reportan ataques coordinados a periodistas de la región en el espacio digital con motivaciones políticas en países del Caribe, Guatemala, Nicaragua y Venezuela, incluso espionaje ilegal a través de software espía malicioso como ha sucedido en México, cuyo caso fue presentado ante la CIDH.

Por último, la violencia económica contra la prensa se manifiesta además en Bolivia y México a través de la marginalización de los medios independientes y críticos de las fuerzas políticas en el poder, a través de legislación que permite imponer obligaciones desorbitantes para la difusión de propaganda de programas gubernamentales, que resta espacio a la cobertura de información pública, o regulaciones que permiten el control de la prensa a través del poder económico del avisaje estatal. También sucede en la Argentina donde los medios provinciales se pueden ver condicionados por la distribución de publicidad oficial, que en muchos casos representa su mayor fuente de financiamiento.

Nos preocupa que estas tendencias lejos de detenerse parecen ir en incremento en nuestra región. Así como la variedad de la violencia sufrida por la prensa se complejiza y sofistica, la respuesta de los Estados de la región se vuelve más urgente.

A través del sistema de Examen Periódico Universal, varios Estados de la región como Guatemala2, Brasil3, México4 y Paraguay5 han adquirido el compromiso de adoptar mecanismos de protección a periodistas. Sin embargo, éstos no han sido oportunamente establecidos, o cuando se han implementado han demostrado no ser efectivos. Se requiere que éstos y los demás Estados de América Latina y el Caribe tomen responsabilidad por la implementación de medidas efectivas de resguardo del ejercicio de la libertad de expresión a través de asegurar una prensa libre de amenazas en el ejercicio de su función de entregar información de interés público6.

Exhortamos a los gobiernos de América Latina y el Caribe a tomar acciones concretas para proteger en forma efectiva el ejercicio de la libertad de expresión como derecho humano y abandonar el clima de impunidad en que los Estados son responsables directos o cómplices de la violencia y asesinato de periodistas en nuestra región.

 

Nota original de IFEX Red Global7

Referencias   [ + ]

1. http://monitoreofopea.com/17/
2. Informe seguimiento primer ciclo EPU. 2012. Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/157/63/pdf/G1215763.pdf?OpenElement 
3. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/194/15/PDF/G1719415.pdf?OpenElement
4.  Ver: EPU primer y segundo ciclo. Hay menciones del Estado sobre la adopción de la ley que creó el mecanismo de protección https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G09/163/24/PDF/G0916324.pdf?OpenElement y https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/189/45/PDF/G1318945.pdf?OpenElement 
5.  Ver Epu 2016. Hay una pequeña mención a que se estaría trabajando en la elaboración de una ley para crear un mecanismo de protección. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/075/52/PDF/G1607552.pdf?OpenElement 
6.  En el caso de Guatemala en la visita In Loco de la CIDH en 2017 el propio Presidente anunció que se iba a crear el mecanismo. La CIDH recomendó en su informe de país que el mecanismo se haga siguiendo los estándares internacionales http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Guatemala2017-es.pdf En el caso de México la CIDH también ha realizado varias recomendaciones relacionadas con el funcionamiento del mecanismo http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2017/docs/IA2017cap.5MX-es.pdf 
7. Disponible en: https://ifex.org/americas/2018/04/25/grave-tendencia/es/

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