Artículo XIII 2020: Libertad de expresión en confinamiento, urge proteger y ampliar el debate público

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En el Día Mundial de Internet, el más reciente informe de la serie Artículo XIII, producido por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, reveló que las limitaciones estructurales preexistentes en, al menos, 14 países de Latinoamérica se mantuvieron y se exacerbaron producto de la pandemia y las políticas de Estado.

Entre los principales hallazgos encontrados, relacionados con la libertad de expresión en la web, está que en 2020 hubo un “refinamiento progresivo de prácticas para restringir el ejercicio de derechos humanos a nivel digital”, entre ellas la invocación de derechos, por parte de órganos oficiales, para promover prácticas censoras. 

Marysabel Rodríguez, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de Espacio Público, organización venezolana parte de la Alianza Regional, resaltó en el webinar “Artículo XIII: Internet, libertad de expresión y espacio cívico en América Latina” que en 2020 se apeló a derechos como la propiedad intelectual, la privacidad y la reputación para restringir contenidos, al tiempo que hubo una sotisficación de bloqueos y ataques en redes sociales y plataformas digitales. 

En ocho de los 14 países estudiados por la Alianza hubo casos de bloqueos de seguidores por parte de funcionarios gubernamentales, en nueve naciones se registraron dinámicas de seguimiento, vigilancia o ciberpatrullaje hacia sectores críticos y en dos países (Cuba y Venezuela) se produjeron bloqueos, impedimentos de conexión o apagones de internet que limitaron la libertad de expresión.

El abogado Roberto Saba, egresado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires (UBA, Argentina), señaló en el seminario organizado por la Alianza Regional que el surgimiento de internet trajo “muchos desafíos” relacionados con la libertad de expresión que se agravaron conforme avanzó la pandemia.

Explicó que, debido a las distintas versiones de estados de emergencia declarados por los gobiernos de cada país, los Estados y las plataformas llevaron a cabo bloqueos a expresiones e ideas bajo argumentos como el de información falsa o, simplemente, por críticas a los gobiernos y sus funcionarios acerca del manejo de la COVID-19.

De hecho, Marysabel Rodríguez de Espacio Público destacó que el informe da cuenta de patrones de hostigamiento, descalificación pública, ciberacoso e, incluso, detenciones y judicialización hacia personal sanitario, líderes sociales y sindicales que hacían denuncias públicas sobre la situación de la pandemia en los países.

El abogado Saba resaltó que “nunca antes en el mundo se habían restringido, al mismo tiempo, tantas libertades con motivo de una emergencia”, y que la pandemia llegó en un momento en el que las sociedades aún no tenían resuelto el modo en que los Estados deben actuar para asegurar la libertad de expresión en internet. 

Ello pasa, según Saba, por dos puntos. El primero de ellos es el de la asignación de recursos “que ha fallado en muchos países por acción u omisión”, lo que a la larga ha generado dificultades para acceder a internet en diferentes regiones y grupos vulnerables, profundizando las desigualdades y la brecha digital.

El otro elemento es el referente a la regulación. Según reveló el informe de Artículo XIII de la Alianza Regional, al menos siete países latinoamericanos aprobaron leyes que restringen el derecho a la libertad de expresión, produciendo “fuerte injerencia de Estados en las plataformas, que obligan a bajar contenidos o establecen regulaciones que hacen más difícil el acceso a informaciones”, destaca Saba. 

La socióloga Marysabel Rodríguez destaca que las leyes y regulaciones aprobadas por Guatemala, Honduras, México, Uruguay, Brasil, Nicaragua y Venezuela tratan principalmente sobre desinformación, con delitos como el vilipendio y el desacato y haciendo uso, incluso, de los datos personales.

“Vemos situaciones de restricciones que se establecen a través de WhatsApp, se detienen personas por publicaciones de estados. Sí existe un esquema novedoso y que se perfila, con mayor detenimiento, a la vigilancia que apunta a la telefonía celular, a tener mayor control y que significa un desafío importante para los Estados”, explicó la socióloga.

El informe también determinó que el desempeño de las empresas intermediarias fue de regular a malo, con medidas laxas frente al ciberacoso, operadoras de internet siendo partícipes de bloqueos de páginas web y eliminación de contenidos por falsas denuncias de derechos de propiedad intelectual.

De igual manera, se evidenció que las restricciones fueron mayores en sistemas políticos debilitados o países en medio de crisis sociales o económicas. Ambos expositores destacaron la importancia de que se cumplan con la garantía de la libertad de expresión para que la región tenga debates amplios, robustos y desinhibidos. 

“La libertad de expresión es una precondición para el autogobierno ciudadano y el funcionamiento de la democracia. Todas las personas necesitamos tomar decisiones respecto de nuestras vidas privadas y públicas y esto es imposible si no hay profunda y extendida deliberación pública en nuestra comunidad política”, dijo el abogado Saba. 

Así, Saba llamó a que los Estados tomen medidas que estimulen y protejan el libre flujo de informaciones y opiniones, “que posibiliten que lleguen más voces al debate” ya que, si bien las nuevas tecnologías cambiaron el escenario de la libertad de expresión, el valor que subyace a su protección se mantiene, solo que en un contexto diferente.

Descarga el informe 2020 de la serie Artículo XIII aquí.

Puedes ver el webinar de la Alianza Regional aquí.

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