APLEX exige al Defensor que actúe a favor de la libertad de expresión

La Alianza por la Libertad de Expresión (Aplex) acudió este jueves 27 de septiembre a la sede de la Defensoría del Pueblo, ubicada en la avenida Urdaneta de Caracas, a exigir al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz Angulo, que actúe a favor de la libertad de expresión en Venezuela.

Esta es la segunda carta que Aplex entrega al defensor del pueblo, donde se le insta a cumplir con sus funciones para garantizar el derecho a la información y a la libertad de expresión en Venezuela.

Publicamos aquí el texto íntegro de la carta:

Caracas,  27 de septiembre de 2018

Ciudadano
Alfredo Ruiz Angulo
Defensor del Pueblo
Su Despacho

Defensor:

Hace cuatro meses, la Alianza por la Libertad de Expresión acudió a la sede de la Defensoría del Pueblo para exigir que usted, como su máximo representante, se avocara con urgencia a la solución de las graves limitaciones que enfrenta el derecho a la libre expresión en el país.

Desde entonces, las organizaciones parte de la Alianza hemos estado atentas a las acciones de su despacho y hoy queremos enfatizarle que la situación se ha agravado y exigirle una pronta actuación de acuerdo al rol que desempeña como Defensor del Pueblo.

Ni una sola palabra, ni un solo llamado de exhortación han emanado de su despacho para tratar de mejorar el marco represivo y desigual en que se desenvuelve hoy la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas. Nos preguntamos si con sus omisiones y silencio pretende avalar que se termine de instaurar en Venezuela una hegemonía comunicacional que aplaste la diversidad, la pluralidad y el libre y equilibrado flujo informativo característico de toda sociedad verdaderamente libre.

Tal conducta es contraria a las responsabilidades que le asigna el Artículo 80 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: “La promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas”.

En el ejercicio de nuestro derecho, profesionales y ciudadanos cada vez encontramos más riesgos. Los hechos, que se mantienen sin investigación y sanción, así lo demuestran.

La cobertura periodística sobre las expresiones de malestar popular ante las privaciones extremas que padece el venezolano por falta de alimentos, medicinas, seguridad y servicios públicos es criminalizada, incluso la fotográfica. Jesús Medina Ezaine, un reportero gráfico conocido por el registro de situaciones conflictivas, se encuentra detenido desde el 29 de agosto por diversos cargos.

El trabajo de los corresponsales extranjeros es obstaculizado. El 14 de septiembre se privó de libertad a un equipo de prensa de la televisora británica ITV News, tan solo por haber ingresado al territorio nacional. La periodista argentino-británica Laura Saravia y sus colegas ingleses Dan Rivers y Barnaby Green fueron detenidos por la GNB en Paraguachón y trasladados a la sede del Sebin en Maracaibo, estado Zulia, sin razón alguna; un atropello injustificado típico de los regímenes más opresivos.

La persecución a periodistas por medio de los tribunales ha tenido nuevas incidencias. El juicio contra los colegas Roberto Deniz, Joseph Poliszuk, Ewald Sharfenberg y Alfredo Meza, del portal Armando.info, además de la prohibición de salida del país, la cual los obligó a exiliarse, también implica la imposibilidad de mencionar a quienes manejan las importaciones de mercancía para las cajas CLAP, en particular al jefe de ese comercio, Álex Naím Saab Morán. Resulta  evidente la combinación de los poderes Ejecutivo y Judicial para lograr que se dictara una medida de injusta censura a la investigación que logró demostrar toda la ruta de corrupción de la importación estatal de alimentos.

Otra forma de persecución que se ha implementado es la retención de los pasaportes acompañada de la prohibición de salida del país aplicada a profesionales de la información. Durante este año Nelson Bocaranda e Isnardo Bravo han sido víctimas de estas medidas impuestas de manera discrecional por las autoridades de extranjería a causa de su trabajo como periodistas.

En lo que respecta a los medios impresos, la debacle es de tal naturaleza que el registro histórico de la desaparición de diarios durante los últimos 18 años ya supera los 80. El bloqueo del acceso a los insumos importados, que monopoliza la estatal Corporación Maneiro, sumado al modelo económico impuesto al país se han conjugado para elevar la crisis de estos medios a niveles exponenciales.

En Lara se mantienen sin circular El Impulso, el Diario de Lara y El Caroreño; en Portuguesa, salieron de circulación Última Hora, el diario El Regional, y Universal TV. En Yaracuy cerró el diario La Mosca. En Los Altos Mirandinos desapareció el diario Avance. El diario El Expreso de Ciudad Bolívar también anunció su cierre técnico por falta de insumos y las medidas económicas del gobierno. Se suman, Nueva Prensa de Guayana; el tabloide Notitarde y Noticia 52 de Valencia y también el diario Las Noticias de Cojedes. Similar anuncio hizo el periódico Visión Apureña.

Nuestra Alianza no se cansará de denunciar cómo a lo largo de los períodos de los presidentes Chávez y Maduro, y sobre todo desde que los medios fueron señalados como “el principal escollo de la revolución”, se han incrementando los ataques, restricciones y censura, así como también el cierre de canales de televisión y emisoras de radio.

Las prácticas censoras aplicadas al ecosistema de medios y sus trabajadores se han volcado también a la ciudadanía. Pedro Jaimes Criollo está encarcelado en El Helicoide por publicar en Twitter la ruta del avión presidencial; estuvo un mes desaparecido, sufrió tratos crueles y en más de 130 días no ha podido nombrar a la defensa de su confianza. Los bomberos Carlos Julio Varón Gracia y Ricardo Antonio Prieto Parra están detenidos en a la sede de la policía de Bailadores del estado Mérida por presuntamente grabar un vídeo en el que, mientras un burro recorre la estación, simulan la visita de Nicolás Maduro.

Defensor, estas anómalas situaciones que impiden el cabal respeto de la libertad de expresión y derecho a la información configuran uno de los más grandes déficits de la democracia en nuestro país y hacen imprescindible la actuación de su despacho, para que tales capacidades fundamentales sean garantizadas en los términos que establece el artículo 58 de la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.

En tal sentido, subrayamos que el Ordinal 3º del Artículo 281 de la Constitución faculta a  la Defensoría a “instar al Fiscal General de la República para que intente las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los  funcionarios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos”. Igual solicitud puede elevar ante el Consejo Moral Republicano, de acuerdo al Ordinal 5º del mismo artículo, y puede, según el Ordinal 6º, “visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los órganos del Estado, a fin de garantizar los derechos humanos”.   

A la luz de estos artículos constitucionales, usted y el despacho a su cargo tienen todas las facultades legales para introducir los correctivos que se necesitan en la situación descrita.

En tal sentido, muy respetuosamente tenemos a bien solicitarle:

  1. Promueva una reunión conjunta con los representantes de los siguientes organismos: comandantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) para imponerlos de su obligación de respetar los derechos y garantías constitucionales de los periodistas, tanto nacionales como extranjeros, a fin de evitar que continúen las obstrucciones a su labor informativa.
  2. Que de las resultas de la reunión anterior inste a la Fiscalía General de la República a que intente las acciones y los recursos para reponer los derechos vulnerados, establecer las responsabilidades y aplicar las sanciones a que haya lugar.
  3. Que su despacho se pronuncie sobre la necesidad de que los entes públicos garanticen a los periodistas el debido acceso a las fuentes informativas.
  4. Que se produzca con la urgencia del caso una reunión entre usted y los representantes de la Alianza por la Libertad de Expresión a fin de conversar sobre los problemas aquí planteados para estudiar formas de cooperación y buscar soluciones.

Sin otro particular, y agradeciendo de antemano su receptividad y atención a la presente:

Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello

Colegio Nacional de Periodistas

Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público

Espacio Público

Expresión Libre

Federación Venezolana de Estudiantes de Comunicación Social (FEVECOS)

Instituto de Investigaciones de la Comunicación, ININCO UCV

Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)

Ser Investigación y Comunicación

 

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