descargaLeyPreciosJustos

Ley de Precios Justos afecta la libertad de expresión

Análisis desde la perspectiva de Derechos Humanos

Ley de Precios Justos afecta la libertad de expresión

El presidente Nicolás Maduro, en el decreto de Ley de Reforma Ley Orgánica de Precios Justos, restringe ilegítimamente el derecho humano a la libertad de expresión e información, así como el derecho a la reunión pacífica y el derecho a la libertad económica.

Espacio Público, tras analizar la norma aprobada vía habilitante, reconoce que el instrumento legal, contario a lo dictado por el artículo 112 de la Constitución Nacional, restringe los tres derechos nombrados anteriormente, pasando por encima de  los mecanismos normales para esto, pues debe ser el Poder Constituyente y no quien dirige el Poder Ejecutivo quien la dicte. La Ley no fue aprobada por la Asamblea Nacional, sino dictada por el presidente Nicolás Maduro el 19 de noviembre de 2014 en uso de los poderes especiales otorgados por el parlamento.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado con relación a las limitaciones que deben haber cuando se pretende restringir el disfrute y alcance de un derecho, y señala que debe existir una “norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para su formación”.

En materia de libertad de expresión y reunión pública se establecen dos delitos, tipificados de forma imprecisa. Uno es el delito de boicot, recogido en el artículo 60, castiga con prisión de 10 a 12 años a quienes realicen acciones u omisiones que impidan la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y servicios. Este delito podría restringir injustificadamente huelgas y protestas en empresas relacionadas con bienes y servicios.

TSJ amenaza con cárcel a alcaldes para que prohíban la protesta pacífica

El segundo delito es el de alteración fraudulenta de precios, que castiga con prisión de 2 a 6 años a quienes difundan noticias falsas, empleen violencia, amenazas, engaños o cualquier otra maquinación para alterar los precios de los bienes o servicios. No queda claro en esta descripción los criterios que se utilizarán para determinar el daño ocasionado por la noticia y la relación directa con la misma.

Si usted quiere consultar el análisis realizado por Espacio Público haga click aquí

Revise también

Octubre: Cuando informar se vuelve peligroso

Octubre atravesó un proceso de elecciones para elegir Gobernadores y en el ínterin no faltaron …

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *