Ana Belén Tovar cumple una semana incomunicada

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Ana Belén Tovar está incomunicada desde el martes 19 de noviembre de 2019, cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) allanaron la sede de Venmedios, llevándosela detenida sin una orden judicial.

Víctima de una detención arbitraria por la presunta publicación de información sobre altos funcionarios, la familia y los abogados de Ana Belén siguen sin saber los cargos por los cuales se mantiene detenida en la sede de la DGCIM, ubicada en Boleíta. 

Un proceso lleno de irregularidades

A pesar de los esfuerzos de su familia y sus abogados de Espacio Público, no es mucha la información que se tiene del caso; la opacidad con la que los funcionarios dirigen el proceso desde el mismo momento del allanamiento dan cuenta de las irregularidades. Además, Ana Belén Tovar permanece incomunicada desde el momento de su detención; en violación de la Constitución Nacional y del debido proceso establecido en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

La jueza 42° de Primera Instancia en Funciones de Control Estadal del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Angela Carrillo Carrillo, es quien emitió la orden de allanamiento que viola el debido proceso: no cumple con los requisitos mínimos que exige el artículo 197 del COPP porque no especifica los nombres de las autoridades o funcionarios que están autorizados para practicar el procedimiento; tampoco precisa los motivos, no indica exactamente cuáles objetos y qué personas buscan en el procedimiento; ni señala los presuntos delitos por los cuales se lleva adelante el allanamiento. Además, la orden no tiene los sellos húmedos reglamentarios del Juzgado Penal. 

La secretaría del Tribunal Sexto (6º) de Control del Circuito Judicial Penal del del Área Metropolitana de Caracas, tribunal competente en la investigación en contra de Ana Belén; indicó que la única forma de juramentarse era con el imputado presente, por lo cual, deben trasladarla desde la sede del DGCIM hasta el Tribunal. Estos criterios del tribunal desconocen completamente las obligaciones que establece el artículo 127.3 del COPP, genera indefensión en contra de Ana Belén y en consecuencia violenta su derecho al debido proceso.

“Es una rebotadera”1.

El jueves 21 de noviembre, el equipo legal de Espacio Público se dirigió a la sede de la DGCIM junto a familiares de Ana Belén a constatar el estado en el que se encuentra y a solicitar algún tipo de información sobre el caso; sin embargo, les negaron la visita así como toda información sobre la investigación y los responsables de la misma.

Tres días después, Valeria Márquez, hija de Ana Belén, visitó nuevamente la sede de la DGCIM a fin de saber del caso e intentar nuevamente ver a su mamá. El funcionario que la recibió, sin estar plenamente identificado, le comentó que Ana Belén no tiene los 30 días de estar privada de libertad y como consecuencia «no se le garantiza el derecho a visita», por lo que la visita tampoco se pudo concretar, violando el debido proceso. 

El artículo 44.2 de la Constitución Venezolana establece que toda persona detenida tiene el derecho de comunicarse inmediatamente con sus familiares y abogados al ser detenida; por lo que esta acción del DGCIM es una violación a los principios de libertad personal y además del debido proceso establecido en el COPP; pues se le impide la posibilidad de acceder a los medios adecuados para su defensa.

El funcionario del Dgcim le informó a la hija de Ana Belén que la Gerente de Operaciones de Venmedios ya había sido presentada ante un tribunal y que la defensa pública asumió su caso, violando el derecho a ser representada por abogados de su confianza e ignorando que durante todo el proceso su equipo de abogados ha estado constantemente asistiendo a la sede del Dgcim, exigiendo su liberación, o solicitando información sobre la audiencia de presentación.

Pronunciamientos

El Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela (Meseve) de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su “profunda preocupación por la detención arbitraria de varios periodistas y funcionarios de los medios: Venezolanos por la Información (VPI Tv), Caraota Digital y Entorno Inteligente”2.

 A través de su cuenta en Twitter la CIDH detalla el proceso en el que funcionarios de la Dgcim detuvieron a Andrea Espinoza, Jonathan Bello, Dangert Zorrilla, Jhonatan Azuaje, Miguel Da Silva, Roger Castillo y Ana Belén Tovar. 

En su pronunciamiento la CIDH exige al Estado venezolano a que se respete la integridad personal y garantice el debido proceso de Ana Belén quien aún está detenida.

 

Referencias   [ + ]

1. Valeria Márquez, Entrevista con Espacio Público, 24 de noviembre de 2019
2. Tweet realizado por la CIDH el 25 de noviembre de 2019 a las 6: 33 pm, disponible en: https://twitter.com/CIDH/status/1199093708135682048?s=20

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