Abuso del derecho de autor para censurar en América Latina

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Aunque no es muy común en Venezuela, últimamente han surgido casos donde el censor se vale de un nuevo mecanismo para suprimir contenido de valor vinculado a asuntos de importancia pública en Internet. Se trata de la “notificación y eliminación” (notice and takedown, en inglés), un mecanismo en el que se retira de Internet el trabajo original perteneciente al periodista u organización que es denunciada.

Esta acción se fundamenta en la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital, vigente en Estados Unidos, que permite a los titulares de los derechos de autor enviar un simple aviso al proveedor de servicios en Internet cuando hay contenido publicado sin su permiso, para que sea retirado de forma inmediata del sitio web.

El abuso de esta ley no solo resulta entonces una violación a la libertad de expresión de periodistas y activistas, sino también de los ciudadanos que tienen el derecho a acceder a estos contenidos que, en el caso de Venezuela, en su mayoría develan tramas de corrupción en la gestión pública.

La organización Artículo 19 y la Clínica de ciberderecho de la Universidad de Harvard coordinaron un análisis de este mecanismo que es utilizado extrajudicialmente para silenciar al periodismo libre y censurar el activismo en Latinoamérica. En el proyecto participaron la organización colombiana Karisma y Espacio Público. 

El trabajo recopila las realidades de distintos países de América Latina en los que este mecanismo, que inicialmente fue desarrollado para proteger los derechos de autor, ha tenido impacto negativo en la libertad de expresión.

Facilidades en su aplicación

La Ley obliga a los proveedores de servicios de Internet (como GoDaddy, Google, Twitter, Facebook, etc) a eliminar cualquier contenido de sus sitios, esto incluye reportajes e investigaciones. Para esto basta con que cualquier persona alegue que se le violaron sus derechos de autor y el contenido será eliminado sin necesidad de comprobar la titularidad de los derechos de la persona que se quejó, sin que se aporte prueba alguna de la infracción, y sin que una autoridad judicial lo ordene tras un juicio que respete las garantías del debido proceso.

En otras palabras, el proceso establecido por esta Ley fue diseñado para permitir a los titulares de los derechos de autor notificar fácilmente a los sitios web de posibles infracciones. Sin embargo, en los casos monitoreados en el informe, se observó que quienes trataban de suprimir la información enviaban notificaciones falsas a los servidores web estadounidenses y estos servidores retiran el contenido de forma automática sin verificar las acusaciones.

La Ley incluye una disposición de “amparo” que protege a los proveedores de servicios en línea de ser considerados responsables de las infracciones de derechos de autor cometidas por sus usuarios. Sin embargo, los proveedores de servicios sólo pueden aprovechar dicho amparo si cumplen los pasos de notificación y eliminación establecidos en el artículo 512 de la Ley. Si un proveedor de servicios no los cumple, puede perder el acceso a la salvaguarda y ser responsable de costosos daños por derechos de autor en los tribunales de EUA.

Esta legislación nos afecta directamente porque en su mayoría los proveedores de servicios son de origen estadounidense, entre ellos Facebook, Google, Twitter, Godaddy y WordPress, entre los más comunes.

Una realidad que afecta la región

Esta situación afecta el equilibrio entre la protección de la libre expresión y de los derechos de los creadores de contenidos. Los países deben adaptar sus marcos legales a los estándares internacionales para garantizar el derecho a la libertad de expresión de las personas, y en este caso, la legislación estadounidense está siendo utilizada de forma ilegítima para censurar contenidos en Latinoamérica.

El estudio muestra distintos casos de censura en México, Brasil, Venezuela y Colombia, en los que se evidencia cómo este mecanismo es utilizado para acallar voces críticas, informativas y disidentes.

“Esto significa que, si a alguien no le gusta algo que ve en línea y puede presentar una notificación de eliminación, está en una posición sólida para que se retire el contenido, incluso si algunos aspectos de esa notificación son fraudulentos, especialmente si el usuario que publicó el contenido no conoce su derecho a presentar una contranotificación”.

En contextos como el nuestro, este mecanismo resulta especialmente útil para eliminar contenido que contraríe la versión oficial.

En el caso venezolano

Entre 2017 y 2019, la creciente inestabilidad política trajo consigo un aumento histórico del número y la diversidad de medios de represión de la libre difusión de la información y las ideas, basándose en estrategias anteriores para añadir las detenciones arbitrarias y el enfrentamiento físico en general. Ante la reducción del ecosistema de los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión y prensa), la “alternativa” digital se convirtió en la principal opción para mantener la labor periodística. En los últimos seis años, se fundaron en Venezuela al menos 33 medios de comunicación en línea y los ciudadanos comenzaron a utilizar las redes sociales como herramienta para encontrar información.

De forma paralela, hubo una expansión de las limitaciones desde el gobierno. Entre 2009 y 2018, más de 50 personas fueron detenidas por publicar en las redes sociales, principalmente a través de Twitter; la mayoría de los contenidos correspondían a opiniones sobre cuestiones políticas o la crisis social y económica, la exposición de supuestos casos de corrupción e incluso predicciones astrológicas que involucraron a altos funcionarios públicos. Las consecuencias incluyen el comienzo de procesos judiciales viciados, con investigaciones que no concluyen y que prolongan indefinidamente las restricciones a la libertad de circulación y de expresión de los acusados.

Los bloqueos y ataques informáticos, principalmente por HTTPS, DNS y DDOS, aumentaron más de 100% entre 2018 y 2019, lo que apuntó a la capacidad de los medios de comunicación para difundir oportunamente las noticias. La complejidad técnica de los bloqueos en línea dio lugar a la aplicación de diferentes tipos de bloqueo simultáneos, así como de bloqueos masivos desde diferentes plataformas (Twitter, Instagram, Periscope, YouTube) al mismo tiempo, especialmente durante las manifestaciones públicas. A la persecución de periodistas, críticos del gobierno y organizaciones sociales y de derechos humanos por estos medios se suma la técnica que asegura la eliminación de contenidos por supuestas violaciones de derechos de autor, a fin de impedir la difusión de información crítica.

Censuran a la ONG Acceso a la Justicia

Acceso a la justicia es una organización civil sin fines de lucro que desde 2010 se dedica a vigilar el sistema de justicia y el estado de derecho de Venezuela, en diciembre de 2019 recibió una primera denuncia por violaciones de la propiedad intelectual. La supuesta publicación original, un análisis de un fallo del Tribunal Supremo de Justicia, se subió a un blog y se fechó el día antes de que fuera emitido por el órgano judicial. Este blog se utilizó para alegar la violación de los derechos de autor. Curiosamente, la publicación a la que se hace referencia contenía un texto utilizado regularmente por la organización: “Comentario sobre el acceso a la justicia”.

De hecho, esto puede implicar que la supuesta “fuente original” se copió del sitio web de la organización y no de algún sitio externo. GoDaddy, el servidor web de Acceso a la Justicia, recibió una segunda queja el 30 de marzo de 2020. Aunque ésta no se refería específicamente a ningún contenido de la página, GoDaddy respondió suspendiendo el acceso a todo el sitio web de la organización. En esta ocasión el contenido descrito como infractor era una copia de un fallo emitido por el Tribunal Supremo que se había vuelto a publicar en el sitio web de VlexVenezuela, una oficina local de una plataforma mundial denominada “la mayor colección de conocimientos jurídicos del mundo”.

Para ser claros, esto significa que el contenido supuestamente infractor ni siquiera estaba en el sitio web de la organización objeto del aviso de eliminación. Además, la denuncia se presentó en portugués; bajo el nombre de una congresista canadiense y con una dirección de contacto y un número de teléfono que corresponden a un centro comercial situado en la ciudad de Valencia, en el centro de Venezuela.

Después de 15 días, el acceso al sitio web fue reactivado por el servidor, pero sin el enlace a la entrada que fue reportada. Tras la denuncia de las organizaciones aliadas de Acceso a la Justicia a GoDaddy, el servidor señaló en un comunicado privado que pondrían en marcha controles para detener posibles abusos de los agentes cubiertos por la DMCA que pudieran perjudicar las prácticas legítimas. Acceso a la justicia no recibió una respuesta directa de la empresa del servidor web en relación con las denuncias de las irregularidades.

La práctica de las eliminaciones fraudulentas de derechos de autor, las cuales se aprovechan de la legislación estadounidense para dirigirse a la sociedad civil venezolana, podría representar un método emergente para impedir la libre circulación de la información, en particular, las denuncias de violaciones de los derechos humanos.

El caso del medio La Gran Aldea

El portal digital La Gran Aldea denunció que fue víctima de un «ataque legal» que suspendió el acceso a la web, el pasado 7 de octubre. El medio digital aseguró que se trataba de un ataque legal promovido por Haiman El Troudi, quien luego de la publicación de un artículo escrito por la periodista Elizabeth Fuentes tomó acciones para censurarlo.

“La cara bonita de Haiman El Troudi” explica los pasos del político que, luego de hacerse de varios cargos públicos y aparecer involucrado en numerosos entramados de corrupción, “ahora se esfuerza por construirse una reputación paralela en las redes sociales”. 

El portal http://lagranaldea.com estuvo varios días fuera de línea, luego de que recibiera una notificación del proveedor de una denuncia por plagio, realizada a través del formulario Digital Millennium Copyright Act. que los obliga a despublicar el artículo para evitar la suspensión del servicio. 

Este tipo de estrategias son elaboradas por las empresas que se encargan de limpiar la imagen de figuras en Internet, en la que duplican el contenido en otros portales, manipulando la fecha de publicación a una anterior a la del autor original.

En este caso, el contenido fue duplicado en otro portal y manipularon el manejador de contenidos que ofrece  WordPress para que mostrara una fecha de publicación anterior en la que La Gran Aldea hizo la publicación de su artículo. El portal donde se realizó esta acción es un blog gratuito de WordPress, no una web establecida.

La Gran Aldea denunció que las publicaciones completas del blog https://silvavan.wordpress.com son textos copiados de otros portales; todas publicaciones relacionadas con Haiman El Troudi, lo cual permite inferir que se trata de un blog preparado para realizar blanqueo reputacional del individuo.

Estas acciones no solo han afectado a La Gran Aldea, desde julio 2020 los portales: http://poderopedia.com  https://poderopediave.org/el-metro-y-haiman-el-troudi/  y a http://lagranaldea.com  https://lagranaldea.com/2020/05/28/la-nueva-cara-bonita-de-haiman-el-troudi/ han sido atacados de esta forma con la finalidad de eliminar de los resultados de búsqueda esta información sobre Haiman El Troudi.

Las eliminaciones son una forma lamentablemente eficaz de impedir el acceso a la información sobre acontecimientos de interés público: la censura mediante la prevención de la difusión de contenidos, especial pero no exclusivamente, de carácter político, en medio de una de las crisis más graves del continente.

¿Cómo responder ante la eliminación de tu contenido?

Si recibiste un mensaje de notificación de eliminación de tu contenido es porque el “propietario” de los derechos de autor envió un aviso al proveedor de servicios en línea informando que tu contenido es infractor. Existen una serie de pasos que deben cumplir estos proveedores según la Ley, sin embargo, los proveedores de servicios en línea no tienen que cumplir con las notificaciones de eliminación que no se apegan a los requisitos legales.

Si el proveedor logra determinar que la notificación de eliminación “no cumple sustancialmente” con ellos, entonces se considera que no se tiene una notificación real de la actividad infractora y no está obligado a retirar el contenido. En cambio, si una notificación es suficiente en virtud de los términos de la ley y un proveedor no cumple, puede perder el acceso a la salvaguarda de la Sección 512 y ser responsable de la infracción de los derechos de autor cuando se publica material no autorizado en su sitio.

En general, como muchos proveedores de servicios en línea reciben demasiados avisos de eliminación y tienen un fuerte incentivo para mantener su acceso a la salvaguarda, esto significa que, si un aviso parece razonable a simple vista, retirarán el contenido. Posteriormente, deben notificar a la persona que lo publicó que lo han hecho.

La Ley establece que los proveedores de servicios deben notificar a sus usuarios si su contenido se retiró y deben asegurarse de que tengan la oportunidad de impugnar la decisión si su contenido se retiró por error. Esa parte del proceso se llama “contranotificación”, que en realidad es una solicitud al proveedor de servicios para que reponga el contenido retirado.

El informe conjunto detalla qué debe llevar la contranotificación y las alternativas que tienes en caso de ser afectado por esta Ley. Sin embargo, es importante entender que siempre hay formas de enfrentar el abuso de los instrumentos legales cuando estos limitan el ejercicio pleno de los derechos humanos, en este caso la libertad de expresión.

¿Quieres leer el informe completo? Haz click aquí.

2 comentarios en «Abuso del derecho de autor para censurar en América Latina»

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