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Comunicado CNP: Los delitos de opinión no están tipificados en las leyes venezolanas

La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, observa con preocupación, los recientes acontecimientos en el que un número de personas aún indeterminado, ha sido detenido por organismos de seguridad del Estado con el alegato de “haber realizado amenazas y burlas” tras el lamentable asesinato del diputado  del PSUV Robert Serra y su asistente María Herrera.

Dicho planteamiento fue formulado por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que anunció la aprehensión de dos ciudadanos, Víctor Ugas y Daniely Benitez, por su presunta participación en las redes sociales mediante la difusión de contenidos relacionados al caso Serra.

El CNP en primera instancia hace pública la consternación que nos produce la muerte del diputado Serra y de su asistente,  sensibles fallecimientos que enlutan a  nuevas familias venezolanas. En cuanto a los hechos que propiciaron este crimen, solo los órganos de seguridad del Estado se encargarán de aclararlo.

Igualmente queremos dejar constancia una vez más de nuestro firme rechazo a la difusión de fotografías del cuerpo sin vida del diputado, lo que constituye un atropello a la memoria de este ciudadano y a sus seres queridos.

Sin embargo, ocupa nuestra atención el hecho de que ciudadanos venezolanos sean privados de libertad por “haber realizado amenazas y burlas”. En cuanto a las amenazas por las redes sociales, es evidente que los organismos de seguridad están en el deber de investigarlas, todas las amenazas, no algunas. Hacemos la observación, porque en innumerables ocasiones miembros de nuestro gremio y ciudadanos en general han sido objeto de mensajes en los que se advierten posibles agresiones a su integridad física y moral sin que ello haya representado alarma alguna para el gobierno.

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Aunado a ello, nos preguntamos con qué criterios han sido evaluadas las presuntas “burlas” a las que hace mención el presidente de la A.N, cuando la intolerancia y el irrespeto se han convertido en una trágica práctica  entre los factores políticos en Venezuela.

Nos llama la atención, que los esfuerzos del Estado están concentrados en lo que dice la opinión pública, en controlar lo que opinan tuiteros, videntes, caricaturistas, reporteros o usuarios comunes y corrientes de las redes, y no en resolver los problemas más acuciantes del pueblo venezolano como la inseguridad personal, la escasez de alimentos y medicinas, o la crisis sanitaria.

Viene a nuestra memoria el tuit del ex ministro de Comunicación Andrés Izarra cuando indicaba que el moribundo productor agropecuario declarado en huelga de hambre, Franklin Brito “olía a formol”, poco antes de su deceso en el año 2010 , lo cual generó inmenso pesar en un sector de la población, sin que ello representara para el gobierno ningún tipo de ofensa o “burla”.

En más de una ocasión nuestro gremio denunció la utilización de los medios del Estado como una vía para proferir insultos a dirigentes de la oposición, hechos públicos y notorios, que tampoco generaron prurito a los dirigentes del oficialismo.

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Como gremio no avalamos el irrespeto desde ningún sector, pero el “castigo a la burla”, el cual no está tipificado en las leyes venezolanas, pudiese estarse instaurando  como un nuevo mecanismo de censura a la libertad de expresión.

El CNP una vez más hace un llamado a los factores radicales de las parcialidades políticas para que se produzca una profunda reflexión sobre una serie de comportamientos que han lesionado la convivencia en el país. En nuestro país, los delitos de difamación e injuria, contemplados en el Código Orgánico Penal Procesal, necesitan de una serie de condiciones que deben probarse. Consideramos que el presidente de la AN no está en la capacidad ni en la potestad de calificar un delito, y mucho menos, dar instrucciones para que proceda la justicia.

La gran mayoría de los venezolanos son hombres y mujeres que abogan por la tolerancia y el respeto, y a esos venezolanos les reiteramos que seguiremos velando como gremio por la paz y el respeto a los ciudadanos, acatando nuestra constitución y las leyes.

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