julio 23, 2010

Restringir el acceso a la información pública es ponerle freno al desarrollo democrático

 

La inquietud de los ciudadanos por obtener información, que debería ser de carácter público y estar al alcance de todos, ya no resulta razón suficiente para acudir a las instancias gubernamentales a solicitar respuestas. La sentencia 745 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 15 de julio[1], impone requisitos para solicitar información que van en contra de los estándares internacionales y en definitiva restringe el acceso a la información.  La decisión de la Sala Constitucional donde se declara la privacidad de los sueldos de los funcionarios públicos, constituye un retroceso en materia de acceso a la información, desvinculándose de los postulados constitucionales que garantizan la participación ciudadana en la gestión y la transparencia en la administración pública.

Restringir el acceso a la información pública es ponerle freno al desarrollo democrático

 

La inquietud de los ciudadanos por obtener información, que debería ser de carácter público y estar al alcance de todos, ya no resulta razón suficiente para acudir a las instancias gubernamentales a solicitar respuestas. La sentencia 745 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el pasado 15 de julio[1], impone requisitos para solicitar información que van en contra de los estándares internacionales y en definitiva restringe el acceso a la información.  La decisión de la Sala Constitucional donde se declara la privacidad de los sueldos de los funcionarios públicos, constituye un retroceso en materia de acceso a la información, desvinculándose de los postulados constitucionales que garantizan la participación ciudadana en la gestión y la transparencia en la administración pública.